El proyecto legislativo deberá ser revisado en su totalidad por los pueblos y nacionalidades. Advierten un ‘apartheid racial’.
La Comisión de Garantías Constitucionales recibió este 10 de abril la notificación de la Secretaría de la Asamblea Nacional para avanzar en el desarrollo de la consulta prelegislativa sobre todo el contenido del Código de Comunas.
Este instrumento fue aprobado en marzo, en primer debate, por el Pleno de la Asamblea y ha generado dudas e incertidumbre por los alcances de su contenido y los vacíos jurídicos que han sido señalados por constitucionalistas y especialistas en materia de soberanía.
Si bien, la aprobación del Código de Comunas recibió la votación unánime del Pleno del Parlamento para avanzar en el desarrollo de la norma. Las observaciones deberán esperar para ser presentadas ante la Comisión de Garantías Constitucionales.
En este momento, la Comisión se encuentra en la fase de preparación del cronograma de actividades de la consulta prelegislativa, que debe desarrollarse antes de la elaboración del segundo informe para su discusión en el Pleno de la Asamblea y en el que se someterá la totalidad del texto al consentimiento de los pueblos y nacionalidades, exclusivamente según explicaron a LA HORA, los asambleístas que integran la Comisión.
Temas bajo revisión
Los integrantes de la Comisión informaron que trabajarán para dar a conocer y revisar los temas que deberán ser consultados con los pueblos y nacionalidades, indicando que dada la naturaleza del texto y las disposiciones del Pleno, todo el código deberá llevarse a la consulta prelegislativa.
El presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, recordó que, al ser un articulado que desarrolla los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, la Constitución establece que se realice con exclusividad con los “sujetos de la ley”.
Sobre este punto, la asambleísta Paola Cabezas explicó que cuando se trata de leyes que inciden directamente en los derechos de los pueblos y nacionalidades (montubios, afrodescendientes e indígenas), la consulta prelegislativa es con esas comunidades.
La parlamentaria aclaró que existe la posibilidad de que otros sectores se pronuncien al respecto, en otro momento. También apuntó que los sectores que se sientan afectados podrán hacer sus observaciones cuando el Código regrese al seno de la Comisión para la elaboración del segundo informe de la ley.
Cronograma en suspenso
El avance del Código de Comunas generó diferencias entre los asambleístas que intentaban aprobar el cronograma de actividades preparatorias de la consulta prelegislativa, por lo que fue necesario suspender el punto para ponerse de acuerdo.
Las asambleístas Victoria Desintonio y Paola Cabezas hicieron observaciones a la propuesta elaborada por el equipo técnico de la comisión y la coordinación de participación ciudadana en la que se incluyeron tres “mesas técnicas itinerantes”, posiblemente tres provincias, para consultar con las comunidades los temas “sustanciales” a considerar junto a los pueblos y nacionalidades.
Cabascango indicó que estás reuniones, que no cuentan con presupuesto de la Asamblea, son necesarias para organizar el cronograma de actividades que será presentado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que con esos insumos se apruebe el presupuesto de la consulta prelegislativa.
Desintonio y Cabezas exigieron conocer cuáles habían sido los criterios que motivaron la designación de las provincias de Manabí, Tungurahua y Pastaza como escenarios de las mesas técnicas.
Cabezas explicó que lo ocurrido en la sesión de la Comisión este lunes, se trató de consensos y acuerdos que no estaban previstos en el cronograma de la consulta prelegislativa.
“Se suspendió el punto y la idea es que nos pongamos de acuerdo para definir las provincias en las que serán direccionadas estás reuniones previas, que no es el cronograma formal para iniciar la consulta”, remarcó la asambleísta. (ILS)
¿Un Estado dentro del Estado?
El abogado constitucionalista Pablo Guerrero Martínez alertó que el Código de Comunas es una ley que “transforma la estructura geográfica y administrativa del Estado” y conlleva a la derogación de leyes como la de patrimonio cultural, el código civil y otras normas. Por esto, dice el jurista, debe comunicarse y compartirse con la sociedad toda.
Para el académico, de no llevarse a consulta con todos los sectores de la sociedad, el articulado podría incurrir en un anticipo de un “apartheid racista y excluyente”.
Asimismo, alertó que esto abriría el camino a la generación de un nuevo Estado dentro del Estado Ecuatoriano.
Exigió a los asambleístas de todos los partidos políticos, sobre todo a los nacionales, que hagan “valer los derechos de sus representados y de los Derechos del Estado”. (ILS)