Gobierno anticipa en la Asamblea que habrá una “defensa jurídica”

La obstrucción sistemática del Plan Nacional de Desarrollo  sí podría justificar la disolución de la Asamblea, dice el ministerio de Gobierno.

El gobierno adelantó que habrá una “defensa jurídica” en caso de que en la función Legislativa se busque una revocatoria del mandato de Guillermo Lasso, presidente de la República. 

Fabián Pozo, secretario jurídico del Ejecutivo, hizo esta declaración en la Asamblea hoy, 5 de octubre de 2022, a donde acudió para recibir, por parte del presidente Virgilio Saquicela,  el texto del anteproyecto de Ley de Inversiones para que el jefe de Estado lo remita con el carácter de urgente en materia económica.

La propuesta que fue trabajada por delegados de estas funciones del Estado en mesas técnicas tiene dos bloques: transformación digital y zonas francas.

Pozo recordó que por tres ocasiones, en la Asamblea se ha intentado generar un pedido de revocatoria, y han sido rechazadas. “Oportunamente, si se presenta la circunstancia haremos la defensa  jurídica conforme lo hicimos la vez anterior y las veces que sean necesarias, pero  lo más importante es lo que ha ocurrido hoy; que se pueden construir acuerdos en los temas que le interesan a la ciudadanía”, señaló.  En todo caso, se mostró confiado de que estas discrepancias puedan amainar

En la sesión de la noche de este martes,  con  103 votos (UNES, PSC, rebeldes del movimiento Pachakutik, disidentes de la ID,  y varios independientes), se determinó un presunto incumplimiento del Plan de Gobierno de Lasso.

Mireya Pazmiño (Pachakutik),  señaló que tras esta decisión,  cualquier asambleísta podría sugerir  un pedido de juicio político al jefe de Estado.

La reacción a esta postura legislativa también llegó del ministerio de Gobierno. En un comunicado oficial, hizo notar que así como el artículo 130 de la Constitución establece que el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo  no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de este Plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea. (SC)

Acusan a Lasso de presunto incumplimiento de Plan de Gobierno

Ocurre en  medio de los  diálogos que mantiene el Ejecutivo y el Legislativo desde agosto de 2022.

Con 103 votos (UNES, PSC, rebeldes del movimiento Pachakutik, disidentes de la ID,  y varios independientes), la Asamblea Nacional determinó  hoy, 4 de octubre de 2022, un presunto incumplimiento del Plan de Gobierno de Guillermo Lasso, presidente de la República.

La moción fue planteada por Mireya Pazmiño, identificada con el ala rebelde de Pachakutik, y señaló que tras esta decisión del pleno, cualquier asambleísta podría sugerir  un pedido de juicio político al jefe de Estado.

Esta decisión de una mayoría opositora al régimen, ocurre en medio de los  diálogos que mantiene el Ejecutivo y el Legislativo desde el 23 de agosto de 2022,  para hallar consensos en torno a la aprobación de leyes como la de inversiones.

Guido Chiriboga, de la bancada oficialista (CREO),  aclaró que la decisión de la mayoría no tiene efecto jurídico alguno, pero defendió la gestión del régimen y puso de ejemplo que este gobierno adjudicó, hasta el momento 800 millones de dólares a través de la banca pública para microemprendimientos.  (SC)

 

Villavicencio anuncia que renunciará a la presidencia de la Comisión de Fiscalización

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La gestión del legislador en esta mesa legislativa debía concluir en mayo del próximo año.

Fernando Villavicencio (Independiente) anuncio hoy, miércoles 28 de septiembre de 2022, su decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Su anuncio se produjo poco después de que Ronny Aleaga (UNES) informó que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), con los votos del PSC, de UNES  y de Virgilio Saquicela (presidente de la Asamblea), dieron paso a su queja en contra de Villavicencio por haberle relacionado con presuntas actividades inherentes al narcotráfico y la narcopolítica. Por este motivo, Villavicencio podría ser suspendido hasta con 90 días, sin sueldo, incluso, quedar fuera de la Asamblea.

“Yo no me voy a quedar para hacer el trabajo sucio, ni me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica,  yo no presto para tapar los vínculos con el narcotráfico”, dijo Villavicencio.

«¡Vengan señores a hacer el trabajo sucio!”, afirmó, tras mencionar a los legisladores de la bancada de UNES  y del Partido Social Cristiano. “Vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quien ponen en la comisión de fiscalización para que haga el trabajo sucio, yo no me presto para eso”, insistió.

Aseguró que estará presidiendo la Comisión de Fiscalización “unos días más hasta dejar limpiando la casa” y dejar instalado el proceso de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y hasta este jueves en que se conocerá “la verdad sobre la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, adelantó.

Relató que la queja de Aleaga en el CAL se produjo porque le habría calificado con el termino “tetón” que es parte del imaginario popular del Ecuador y de América Latina y que floreció en redes sociales. “Al decirle tetón, según el legislador Aleaga, yo he generado una cadena insufrible de odio en su contra y pide 90 días de suspensión y que es la máxima sanción que permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Sin embargo, Villavicencio señaló que es Aleaga quien tiene que explicarle al país: ¿qué hacía en una piscina con prófugos de la justicia como Xavier Jordán Mendoza que acumula más de 40 procesos de investigación?

Según Ronny Alega, Villavicencio habría usado en su  contra un lenguaje agresivo, discriminatorio y que genera odio. (SC)

 

Fernando Villavicencio confirma «atentado»

Gobierno rechaza juicio político en contra del ministro del Interior

Patricio Carrillo, ministro del Interior.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió calificar con 5 votos a favor y 2 abstenciones la solicitud para iniciar el juicio político contra el ministro del Interior Patricio Carrillo por el manejo que se le dio a las manifestaciones de junio.

En un comunicado oficial emitido el 9 de septiembre de 2022 por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SECOM), se rechaza «enfáticamente» a la decisión tomada por el CAL, de llevar a juicio político a Patricio Carrillo, ministro del Interior.

«Es una decisión irresponsable que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás. Apostarle al fracaso del Gobierno es apostar al fracaso del Ecuador. Necesitamos más hombres y mujeres como Patricio Carrillo», dice el texto.

La solicitud de juicio político, fue ingresada por las legisladoras Johanna Moreira y Lucía Placencia, el pasado 26 de agosto, por incumplimiento de funciones. Entre las razones, está la crisis de seguridad en el país.

En el informe sobre el paro que tuvo lugar en junio de 2022, se analizan las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen «infracciones» y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, indicó el Legislativo.

Entre las conclusiones del documento constan que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, por lo que se pide que los Ministerios del Interior y de Defensa inicien los procesos de investigación de servidores policiales y militares que hayan ejecutado acciones que vulneren los derechos humanos y se remita los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo. (MP)

El Carmen llora a Hugo Cruz

PERSONAJE. Hugo Cruz era muy querido en el cantón manabita.

Durante 18 años estuvo al frente de la alcaldía. Actualmente era Asambleísta Nacional.

EL CARMEN. Una caravana vehicular y motorizada recibió los restos de Hugo Benjamín Cruz Andrade, personaje que fue muy reconocido en este cantón perteneciente a la provincia de Manabí.

El ‘caballero del deporte’, como también era conocido por su apoyo incondicional en campeonatos de diferentes disciplinas, perdió la batalla ante una enfermedad renal en una clínica particular de Portoviejo.

El deceso de Hugo Cruz se confirmó aproximadamente a las 06:30 de ayer, lunes 5 de septiembre. Inmediatamente en las redes sociales se plasmaron notas de pesar protagonizadas por autoridades, políticos, dirigentes deportivos y centenares de carmenses que lamentaban la partida de su eterno burgomaestre.

En vida

Durante 18 años Cruz se desempeñó como alcalde del cantón El Carmen, cargo que dejó después de las elecciones seccionales desarrolladas en el 2019.

Sin embargo, no se alejó de la política y actualmente ocupaba un curul en la Asamblea Nacional como representante de la terna manabita. Puesto que ahora será asumido por su alterno, Oscar Arcentales Dueñas.

Fue conocido como un hombre dedicado a la ayuda social, principalmente hacia personas vulnerables o de escasos recursos económicos.

Despedida

El féretro con los restos de Hugo Cruz llegó aproximadamente a las 16:00. La caravana acompañó hasta la Asociación de Ganaderos, donde se levantó una capilla ardiente para que familiares, amigos y carmenses lo despidan.

Joe Navia, amigo de la familia Cruz, lamentó la muerte de este personaje político y confirmó que durante varios días estuvo internado en una casa de salud.

“Fue una persona que respeto mucho e incluso a quienes pensaban diferente a él. Muchas veces se desprendía de sus cosas personales con tal de ayudar”, manifestó (JD)

NOSTALGIA. Sus restos fueron recibidos por una caravana vehicular y motorizada.
NOSTALGIA. Sus restos fueron recibidos por una caravana vehicular y motorizada.
El dato
Hasta el cierre de esta edición no se decidía el lugar ni hora de la sepultura.

 

 

 

Asamblea remite al Ejecutivo proyecto de Ley en beneficio de Pymes

El Ejecutivo tiene 30 días de plazo para sancionar u objetar el proyecto de ley como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Secretaría General de la Asamblea remitió al Ejecutivo, el viernes 2 de septiembre de 2022, el proyecto de “Ley de pagos en plazos justos, primero las Pequeñas y Medianas Empresas (MYPES)”  que fue aprobado por el Pleno del Parlamento el 16 de agosto.

Según la Asamblea, la normativa va beneficio de la estabilidad económica de los pequeños productores.

Fue tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico,  y busca solucionar la problemática de liquidez que afecta la economía y supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de la economía popular y solidaria; y, de la agricultura familiar campesina que en la actualidad deben esperar tiempos excesivos por el pago de sus productos o servicios, informó la Asamblea en un comunicado oficial.

El articulado crea un marco de protección para este sector de la economía, incorporando la obligación legal de pago en plazos justos.

Establece además que las grandes empresas y las entidades del sector público, en sus relaciones contractuales directas con personas naturales o jurídicas de este sector económico tienen un plazo de 45 días a partir del primer año,  y 30 días a partir  del segundo año para pagar los valores pendientes desde la fecha de recepción de las mercancías, terminación de la prestación de los servicios o la emisión de las facturas.

De acuerdo con la norma, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los gastos de cobro, debidamente acreditados, en los que haya incurrido en caso de mora.  (SC)

 

El correísmo y el PSC pierden, la Judicatura queda intacta

Luis Almeida, asambleísta del PSC.

La mayoría legislativa, liderada por el correísmo, no obtuvo los 92 votos para cambiar a los vocales del Consejo de la Judicatura.

Las intenciones del correísmo, del Partido Social Cristiano y de sus aliados, para censurar a tres vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta, no prosperaron.

Con los 136 asambleístas presentes, y luego de dos días de sesión, solo 87 votaron a favor de la destitución, y se registraron 49 abstenciones.

Para la censura y destitución se necesitaban 92 votos, según el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Esta es la segunda derrota de la mayoría legislativa, liderada por el correísmo, luego del intento de destitución del presidente Guillermo Lasso.

Pese a los ataques por supuesta ineficiencia, ilegalidades y hasta supuestos actos de corrupción en contra de los vocales, el bloque de Pachakutik no plegó a las intenciones de la revolución ciudadana y de la propia Conaie. Esa organización indígena pidió que los legisladores voten por la censura. Esos votos eran fundamentales.

El argumento principal para no apoyar la moción de censura fue que ellos no serían cómplices de la impunidad para los actos de corrupción correísta.

De hecho, Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, advirtió, en sus intervenciones durante el juicio político, que este proceso era el primer paso para la toma de la Justicia por parte de dos partidos políticos.

Incluso, aseveró que la impunidad puede llegar para los casos más sonados por la corrupción correísta. Impondrán conjueces para resolver pedidos de revisión para anular o revocar las sentencias.

La vocal Ruth Barreno, quien seguirá en funciones, retó al asambleísta Luis Almeida para que cualquier denuncia de corrupción la impulse en la Fiscalía General del Estado, que tiene su hoja de vida limpia. (DLH)

Romper el Ecuador, paso a paso

El país enfrenta un nuevo desafío democrático.

El desafío que propone el correísmo requiere de nuevas salidas. La evidente ofensiva necesita, ya, de una respuesta.

El correísmo nuevamente queda desnudo. El plan para arrasar, incluso, de llevarse por delante el Gobierno de Guillermo Lasso y los avances para salir de la era del totalitarismo, sigue sin muchos inconvenientes.

Esto sin que el Gobierno tenga una clara estrategia de contención de la arremetida correísta, apoyada sin ambages por el Partido Social Cristiano.

El primer paso fue retirar a Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el 31 de mayo de 2022. Ella, quien llegó a ese cargo con apoyo de Lasso, frenaba los juicios políticos que ahora estamos observando. Advirtió las intenciones que había detrás de los deseos correístas.

Nueva etapa

Pero no resistió. Y vino el cambio de autoridades. Para eso Virgilio Saquicela llegó a la Presidencia de la Asamblea, con el apoyo de cada uno de los opositores y, coincidentemente, antes de la revuelta de junio.

Lo hizo de la mano de una mayoría legislativa que, ahora mismo, parece imbatible. Él resolvió dar paso a los pedidos de juicios políticos, el Contralor, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana.

El 28 de junio, el correísmo, en medio de una seria crisis política por la revuelta de la Conaie, decidió pedir la salida de Guillermo Lasso del poder. Obtuvo 80 votos de los 92 que se requieren. Aunque perdieron en esa ocasión, el correísmo pudo probar la real fuerza legislativa para los cambios que tenían en agenda.

El 14 de julio el plan continúo. Ese día fue la destitución de Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática, como segunda vicepresidenta de la Asamblea. Nuevamente la mayoría liderada por el correísmo, triunfó.

La mordaza

El 21 de julio llegó Marcela Holguín, del correísmo, a la vicepresidencia. Pero también Darwin Pereira, de los rebeldes de Pachakutik y cercano a Leonidas Iza. Ese mismo día, la mayoría legislativa aprobó una propuesta de reforma a la Ley de Comunicación, correísta claro, que es absolutamente censuradora y que ha causado la preocupación de organismos internacionales, como la propia Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue una victoria doble.

Asalto a la Justicia

El 28 de agosto, la Asamblea dio paso al juicio político al Consejo de la Judicatura. Un anhelo del correísmo que no perdona los efectos de la consulta popular del 2018 y el mandato para revertir el legado de la revolución ciudadana.

Pero, el cambio también puede servir para que los abogados de los corruptos tengan vía libre para las revisiones de los casos más sonados de corrupción, todo bajo el invento del lawfare, el forzado concepto que une a Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández, Evo Morales… Todos señalados por su talante autoritario.

La Asamblea, con su credibilidad por el suelo, es un riesgo para la democracia. En ese avance del plan no importa la verdad de los argumentos, sino los votos y los acuerdos por fuera del Parlamento.

Lo que se viene

El plan para romper el Ecuador del futuro no terminará con la Judicatura. Falta el control del Consejo de Participación Ciudadana y luego la ofensiva en contra de las autoridades de control.

Han aprovechado, hábilmente, que el partido de Gobierno, CREO, no tenga un bloque representativo. Y, claro, que se sume el partido de Jaime Nebot, que no perdona la supuesta traición de Lasso, al rechazar el pacto inicial con Rafael Correa.

Sin embargo, el anticorreísmo no ha muerto. Muchos ven con desconfianza a este Gobierno y sus ministros. Es real. Ahí están las cifras de las encuestas.

Pero siempre se puede recuperar y una vía es regresando a los orígenes de la propuesta presidencial. Al plan de cara a la segunda vuelta.

Los votantes querían a un empresario exitoso que pueda replicar sus habilidades en el sector público y crear empleo. Que deje atrás la revolución ciudadana, pero sin impunidad y con férreo combate a la corrupción hacia el futuro. Que sea un Gobierno alejado del economicismo típico de la derecha regional, con mano abierta hacia los más vulnerables y grupos minoritarios. Que no se parezca en nada al tímido expresidente argentino Mauricio Macri, que luego quedó fuera del poder.

Los votantes, en definitiva, querían un cambio real. Todo junto le sirvió para sumar apoyos y ganar la Presidencia.

Las castas que se formaron en la era correísmo y los protagonistas de los pactos de no agresión del pasado, han vuelto. La virulencia, tradicional en la política ecuatoriana, se eleva. Mientras el plan para el regreso del correísmo se va concretando paso a paso, el debate se enciende y retornan los duros ataques a la prensa, a quienes fueron opositores políticos, a la Justicia, a cualquier iniciativa que vaya en la línea para revertir el pasado.

Frenarlos es tarea de los políticos, los que creen en la democracia. Incluso… del Gobierno. (JC)

El correísmo y el PSC quieren destruir el mandato popular de 2018

Julio César Trujillo (+) exhortó a la Judicatura para que evalúe a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019.

Los apetitos políticos de la Asamblea correísta, y su revancha, se van contra el mandato popular del 4 de febrero de 2018.

Las metidas de mano a la Justicia no terminan en el país. Las fuerzas políticas, acostumbradas a las mieles de los privilegios, han luchado para controlar a los jueces. Todo para que los magistrados sean mandaderos de los intereses y de las venganzas.

Así, en la última época democrática, varios partidos, coincidentemente los protagonistas de la próxima metida de mano, han controlado los tribunales. Ya las pruebas, expuestas por los medios de comunicación, son parte de las hemerotecas.

El Partido Social Cristiano manejaba la Justicia (con escasas resistencias), incluso en lo penal, hasta que llegó el régimen de Lucio Guitérrez. Antes de su caída, en 2004, cambiaron jueces supremos con su venia. Luego vino el correísmo y, con el ánimo de eternos refundadores, reacomodaron los tribunales con la complicidad de sus abogados y coidearios.

Lenín Moreno llegó al poder. Peleados los compadres a muerte, propuso un nuevo cambio empujado por buscar nuevos amigos y aliados. Pero, a diferencia de los cambios anteriores, este tuvo el respaldo ciudadano a través de la consulta popular de 2018.

La pregunta tres, de las siete planteadas, buscó remover a los integrantes del invento del Consejo de Participación Ciudadana, dominado por el correísmo, para dar paso a un Consejo Transitorio. Este fue liderado por Julio César Trujillo, odiado visceralmente por el correísmo. Pero con un encargo: evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos. 63,08% dijeron que sí. Que lo hagan.

Y ahí estaba la Judicatura correísta. Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Peralta, Alejandro Subía y Rosa Jiménez, salieron del cargo por su falta de independencia del Gobierno, incluso irregularidades en la selección de jueces, según el Consejo de Trujillo.

Los vocales transitorios que los reemplazaron, con Marcelo Merlo a la cabeza, debían evaluar a los jueces de la Función Judicial. Pero no lo concretaron. En septiembre de 2018, el proceso quedó suspendido hasta que lleguen los vocales definitivos.

Así, en enero de 2019, llega el último Consejo de la Judicatura. En el documento de su designación recibieron un pedido claro del Consejo de Participación Transitorio, para cumplir con el espíritu de la consulta popular.

“Ante el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros de evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura”, dice el documento oficial de posesión. Y así lo hicieron, dos tercios de la Corte Nacional de Justicia dejaron los cargos.

El Consejo, liderado por Trujillo, buscó el cambio: pasar del correísmo antidemocrático, autoritario, a un mejor Ecuador. Uno democrático y buscando la independencia de funciones.

Pero ese exhorto a la Judicatura, que nació de la voluntad popular en 2018, es precisamente el mayor argumento que tienen los correístas, socialcristianos y amigos, para sacar a los vocales de la Judicatura. Dicen que el cambio de jueces supremos fue supuestamente inconstitucional.

Detrás está el rechazo, odio correísta, a Julio César Trujillo y sus disposiciones apegadas al mandato popular. Y el librar al correísmo de los procesos penales.

Entonces, el objetivo de la consulta de 2018, para recuperar el país del hueco ‘revolucionario’, no va más. Este posible final, apoyado por los socialcristianos y aliados (algunos con casos penales en la propia Corte Nacional), viene cargado de un retorno al país del pasado.

Las cuentas que se hacen de los votos le favorecen a la Asamblea correísta, pero no la credibilidad. Quieren sacar a los vocales de la Judicatura cuando nueve de cada 10 ecuatorianos califica la gestión legislativa como mala, según la última encuesta de Click. Están sepultados ante la opinión pública. Pero eso no les importa. Todavía. (JC)