Analistas económicos consideran que el tratamiento que dan los asambleístas a la propuesta de presupuesto carece de rigor técnico.
Luego de alrededor de seis horas de debate, el Pleno de la Asamblea decidió enviar observaciones al Ejecutivo sobre la Proforma Presupuestaria 2022. Esto ocurrió con 94 votos a favor y 37 abstenciones.
Las observaciones estuvieron en línea con lo planteado inicialmente desde la Comisión de Régimen Económico y tienen que ver con la asignación del presupuesto al sector educativo y de salud.
La asignación de presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas también es otro elemento en cuestión. Durante el debate, los Asambleístas manifestaron que este sector no tiene los suficientes recursos para la apertura de cupos de los estudiantes que se gradúan cada año.
Durante el debate, la asambleísta independiente Amada Ortiz aseguró que hay un recorte del 83% para las universidades.
Con 94 votos, el #PlenoLegislativo observa la #ProformaPresupuestaria2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025, con sustento en la moción y proyecto de resolución presentado por la legisladora @mireyapaza. pic.twitter.com/MJDgpYH8jN
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 18, 2021
Sin embargo, para Jaime Carrera, economista y director del Observatorio de la Política Fiscal, estas observaciones no tienen fundamentos técnicos y «no hay un conocimiento cabal de cómo funcionan las finanzas públicas ni el rigor técnico de cómo se manejan las mismas. El tratamiento de este documento por parte de los asambleístas es precario».
Señala que la Proforma (que para el siguiente año asciende a $33.899,73 millones) fue presentada con un déficit de alrededor de $3.783 millones y que, aún así, los asambleístas exigen un incremento.
«Entregar más recursos a salud y educación haría que el déficit aumente. La Asamblea tiene que decirle al país cómo va a contribuir a disminuir ese déficit», detalla Carrera.
Por su parte, el asambleísta por UNES Pabel Muñoz dice que la proforma «es una argucia técnica que al final del día penaliza las necesidades de la educación y la salud. Esto evidencia la demagogia de los ofrecimientos de campaña».
Añadió que el Pleno espera que el Ejecutivo cumpla con el plazo de 10 días para devolver la Proforma y que acoja sus observaciones detallando el monto de los recursos que se van a entregar para salud y educación.
No obstante, Carrera recomienda que el Presidente haga «prevalecer la Proforma tal como está, porque las observaciones no tienen fundamentos de sostenibilidad fiscal».
Esteban Torres (PSC), uno de los asambleístas que se abstuvo en su voto, cuestionó el texto completo señalando que no se ajusta a la Planificación Cuatrianual. «La Proforma es una potestad y una facultad del Ejecutivo (…) que no se ajusta ni al plan de campaña», expresó.
Las asignaciones para incentivos jubilares y el financiamiento para el sistema de rehabilitación social, también fueron pedidos que se realizaron desde el Parlamento.
A partir de estos comentarios, el Ejecutivo tiene 10 días para revisarlos y enviar una nueva propuesta a la Asamblea o ratificarse en su propuesta inicial, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en donde además se establece que la Asamblea, en los 10 días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate.
Si esto no sucede, entrará en vigencia la Proforma Presupuestaria 2022 enviada, en segunda instancia, por el Ejecutivo. (MFU)
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