El Estado ha hecho caso omiso a las observaciones y recomendaciones que la CIDH ha planteado al país desde 2019.
No es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llama la atención al Ecuador por la crisis que enfrenta el sistema carcelario. En lo que va del año, la entidad ha realizado alrededor de tres alertas sobre lo ocurre en los centros de reclusión del país, recomendando, entre otras cosas, adoptar políticas públicas claras orientadas al sector carcelario.
Sin embargo, los últimos hechos registrados el 12 y 13 de noviembre, en la Penitenciaría del Litoral, demuestran que las observaciones que ha realizado la CIDH de forma reiterada, no han sido acogidas por las autoridades del Estado ecuatoriano.
Esto, se debería a que no existe una consecuencia jurídica si el Ecuador no acata este tipo de recomendaciones u observaciones. “No es obligación del Estado acoger lo que diga la CIDH, porque no hay una norma que exija aquello o que determine que habrían consecuencias jurídicas graves en contra del Estado o de sus representantes por estos hechos de crisis carcelaria”, detalla Ismael Quintana, abogado constitucionalista.
Agrega que la única instancia internacional que podría sancionar al Ecuador por violación de los Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Visita para analizar la situación
Este 17 de noviembre, la CIDH anunció, a través de un comunicado, que realizará una visita de trabajo del 1 al 3 de diciembre con la finalidad de analizar la situación que viven las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los centros de detención.
Si bien esta visita evidencia la gravedad de la crisis penitenciaria, en esta no se declaran violaciones de Derechos Humanos, así lo explica la abogada especializada en Derechos Humanos, María Dolores Miño.
“Lo que hace la CIDH es recoger evidencia de lo que viene sucediendo para posteriormente emitir un informe que contendrá recomendaciones al Estado”, menciona Miño.
Este informe, al no ser vinculante no determina responsabilidades de carácter internacional en contra del Estado por posibles violaciones a los Derechos Humanos de las PPL, lo cual faculta que las autoridades de Gobierno decidan acoger o no lo que establece el documento final que realiza la comisión, una vez que se reúne con expertos, funcionarios y sociedad civil en su visita ‘in loco’.
No obstante, “la inobservancia de esas recomendaciones evidenciaría mala fe desde el Gobierno de cumplir sus obligaciones convencionales para con la Convención Americana, y podría fortalecer cualquier petición individual que se presente en este contexto”, resalta Miño.
Esto quiere decir que, los familiares de las PPL que han fallecido en el contexto de la crisis carcelaria pueden llevar sus casos, luego de que se agoten las instancias legales en el país, a la CIDH para que, posteriormente, se inicie una demanda en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No olvidemos que ya hay unas medidas cautelares presentadas, y tengo entendido que muchos familiares piensan acudir, mediante petición, individual a la CIDH”, alertó María Dolores Miño.
¿Qué se espera desde la sociedad civil?
Frente al anuncio de la visita de la CIDH, Vianca Gonzales, coordinadora de la Fundación Dignidad, señaló que esperan que haya un informe contundente por parte de la CIDH. “Nosotros esperamos que las próximas acciones de medidas cautelares que hemos presentado tengan acogida. Que la CIDH se involucre más allá de los tuits y se coordinen acciones poco a poco”, dijo Gonzales.
Además, comentó que van a iniciar con el proceso de solicitud para participar como sociedad civil en las actividades que realice la comisión de la CIDH durante su estadía en el país. (MFU)
Acciones efectivas recomendadas por la CIDH
Impedir el accionar de organizaciones delictivas
Protocolos para prevenir amotinamientos
Incrementar el personal de seguridad y vigilancia
Garantizar el acceso a información a las familias
La CIDH visitó Ecuador luego de las protestas de octubre de 2019
Luego de las manifestaciones de octubre de 2019, la CIDH también visitó el país del 28 al 30 del mismo mes; sin embargo, “no ha pasado mayor cosa”, dijo Ismael Quintana, abogado constitucionalista.
Luego de esta visita, el organismo internacional emitió un informe final en el que entregó 11 recomendaciones relacionadas principalmente a la garantía de los derechos a la protesta y a un plan de acción inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familiares. “Han pasado más de dos años y no se ha determinado ninguna responsabilidad en contra del Estado o de sus autoridades”, finalizó Quintana.