La reinstalación de la sesión para abordar el tema ya tiene fecha. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó a la continuación de la plenaria para las 11:00 del jueves 22 de febrero. La Revolución Ciudadana no descartó que el informe regrese a la Comisión de Justicia.
La Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) y Pachakutik (PK) se adhirieron al Partido Social Cristiano (PSC) y a Construye para dejar solo al bloque de la Revolución Ciudadana en su intento de incluir polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La intención del correísmo era lograr que se revisen sentencias condenatorias ejecutoriadas, obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a entregar información reservada y archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito.
La negativa de los cuatro partidos ocurre casi una semana después de que el Pleno de la Asamblea Nacional no logró pronunciarse por las reformas, ni aprobarlas en segundo debate, y que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), se viera obligado a suspender la sesión.
La reinstalación de la sesión para abordar el tema ya tiene fecha. Kronfle convocó pasadas las 20:00 de este lunes 19 de febrero a la continuación de la plenaria para las 11:00 del jueves 22 de febrero.
No a la impunidad
El bloque de ADN y Pachakutik, que desde el 15 de febrero mantenían cautela frente a la intentona correista, descartaron cualquier posibilidad de abrir la puerta a una revisión de sentencias condenatorias.
“Hay reformas que no apoyamos, porque nuestra agenda nunca ha sido la impunidad”, afirmó Inés Alarcón (ADN).
Mariana Yumbay (PK) subrayó que estos temas afectarán a la Justicia y van en contra de la Constitución. “La Justicia necesita total independencia, no apoyaremos la impunidad, ni la metida de mano en la Justicia, ni apoyaremos la desnaturalización del recurso de revisión; las denuncias que están en la Fiscalía deben tener su final, no pueden ser archivadas”, enfatizó.
Dallyana Passailaigue (PSC) y Paúl Buestán (Construye) coincidieron en que la Asamblea no puede apoyar propuestas inviables e inconstitucionales.
Buestán dijo que cuando se convoque a una sesión del Pleno se mantendrán con la moción de archivo, en caso de que no se hayan dado las correcciones necesarias al texto original.
Gissella Garzón (Revolución Ciudadana) no descartó que el informe regrese a la Comisión de Justicia y proceder a una nueva redacción. “La otra posibilidad (es que el trámite) tome más tiempo”, sostuvo al señalar que espera que esto no se trabe el resto de reformas que se incluyen en el Código Penal. Entre ellos, ajustes para el incremento de las penas sobre delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado.
En el proyecto también se plantea que la pena máxima por sicariato se eleve de 26 a 30 años; para el delito de terrorismo de 13 a 18 años, y que la delincuencia organizada sea castigada con hasta 13 años, en comparación con los 10 años actuales.
Los legisladores también resolverán sobre la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad (secuestro), extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala. (SC)
‘No podrá acceder al recurso de revisión’
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, declaró el 18 de febrero de 2024, en un programa de televisión, que el caso Sobornos, por el cual se condenó al expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión, no podrá acceder al recurso de revisión propuesto en las reformas del COIP en la Asamblea.
Según dijo, no existe prueba alguna que desmienta las acusaciones realizadas por la Fiscalía en 2019. Una de las pruebas del caso es el testimonio de personas cercanas a Correa, quienes revelaron las actividades realizadas por él y Jorge Glas en las oficinas de la Presidencia de la República, señaló Salazar.
Para la Fiscal, las reformas propuestas al COIP serían una forma de ayuda a favor de la impunidad desde sectores políticos en la Asamblea. “Tratan de cocinar una ley a la carta que lo único que busca es beneficiar a un personaje, con nombre y apellido, cuyo único objetivo ha sido anular sus sentencias desde hace más de cinco años”, expresó la fiscal.
Entre ADN, PSC, PK y Construye suman más de 72 curules. La Revolución Ciudadana tiene 51 asambleístas. La reforma al COIP requiere 70 votos para ser aprobada.
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