Una iniciativa que se tramitó y se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia, controlada por la Revolución Ciudadana, será conocida este 15 de febrero de 2024 en el Pleno de la Asamblea. La aprobación de la reforma requiere de 70 votos.
El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá este 15 de febrero de 2024 un informe de la Comisión de Justicia para ser aprobado en segundo debate, que incluye un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La iniciativa, aprobada en la mesa controlada por el correísmo, busca la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas. En la actualidad, esto solo es posible si los sentenciados presentan ante la justicia ordinaria una prueba nueva.
Con las reformas al COIP también se intenta obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a entregar información reservada al Parlamento e incluso a organismos como el Consejo de la Judicatura, y a la Contraloría. Si se llega a aprobar la reforma, la Fiscalía también tendrá que archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas.
La Fiscalía, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Construye cerraron filas frente a este intento correísta, advirtiendo que esta posibilidad podría generar impunidad.
“Se trata de un intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía remarcó que, además de abonar a la impunidad, el proyecto de reformas al COIP pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos que se realiza en coordinación con la Policía Nacional, al intentar exigir a esta institución la entrega de información que reposa en sus expedientes y que –por norma– cuenta con una cláusula de reserva.
Beneficiar a Correa
Jorge Peñafiel, del Movimiento Construye, fue directo al afirmar que la intención sería beneficiar al expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica y sentenciado a ocho años de prisión en el caso Sobornos.
Incluso, recordó Peñafiel, su excandidato presidencial, Andrés Aráuz, ha dicho taxativamente que están buscando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento para mejorar las condiciones jurídicas del expresidente.
Aunque el 9 de febrero de 2024, la Comisión de Justicia aprobó el informe con las reformas al COIP con los votos del correísmo, el PSC, Acción Democrática Nacional (ADN), el legislador socialcristiano, Vicente Taiano, escribió en sus redes sociales que no están de acuerdo con eliminar la reserva de la investigación. “Debe de mantenerse, no hacerlo sería violar la presunción de inocencia”, publicó. Tampoco puede establecerse la imprescriptibilidad de delitos más allá de los que hoy contempla la Constitución, indicó.
Para Taiano, tampoco procede la causal para plantear recursos de revisión y afirmó que organismos complementarios como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no se pronuncian sobre temas procesales.
Este legislador lo dijo porque en uno de los cambios propuestos por la Comisión de Justicia se plantea una revisión de una sentencia cuando la Corte Interamericana y los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas identifican violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso.
‘Quieren ser campanas del narco’
Nataly Morillo (Construye) opinó que el objetivo de la reforma penal es que las indagaciones previas, que son reservadas para poder investigar a las mafias, sean públicas para los asambleístas. ¿Por qué quieren hacerlo? “Porque quieren ser campanas del narco y de la mafia como lo ha sido (Rafael) Correa en el caso Metástasis y en la mafia Albanesa”, afirmó.
Con ello, la Fiscalía no tendrá forma de actuar y “otra vez debilitarán al Estado contra la mafia”. ¿Cómo votarán los partidos políticos en la sesión de este jueves? “Ya lo veremos”, agregó Morillo. (SC)
Ajustes al incremento de penas
La Asamblea también considerará otro grupo de reformas al COIP que contempla ajustes para el incremento de las penas sobre delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado.
En el proyecto se plantea que la pena máxima por sicariato se eleve de 26 a 30 años; para el delito de terrorismo de 13 a 18 años, y que la delincuencia organizada sea castigada con hasta 13 años, en comparación con los 10 años actuales.
Los legisladores también resolverán sobre la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad (secuestro), extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala. La reforma sugiere que los condenados por estos delitos no podrán acceder a reducciones de penas, ni cumplir sus condenas fuera de las cárceles (régimen semiabierto) en delitos considerados graves como la delincuencia organizada, peculado, concusión, etc, que afecta a la administración pública.
En el texto aprobado por la Comisión de Justicia se incluye la tipificación de dos nuevos delitos: el feminicidio, entendido como las acciones u omisiones de los servidores públicos que nieguen o retarden el auxilio para prevenir un feminicidio, con una pena de 1 a 3 años. Otro delito que se busca incluir en el COIP es la propagación de enfermedades infectocontagiosas.
Adicionalmente se extenderá la prohibición para que los extranjeros condenados que hayan cumplido su pena en Ecuador regresen al país de 10 a 20 años.
En la sesión de la Asamblea de hoy, Construye mocionará que el informe regrese a la Comisión de Justicia para que se eliminen estas reformas del COIP.
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