El artículo 114 de la Constitución ordena que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo.
Para siete aspirantes a legisladores que corren por la reelección para completar la gestión 2021-2025 que se interrumpió por la muerte cruzada, que derivó en la disolución de la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023, este podría ser su último periodo en el Parlamento.
El artículo 114 de la Constitución ordena que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo.
En esta condición están los aspirantes a asambleístas Henry Kronfle, Esteban Torres, y Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano (PSC); y Mauricio Zambrano, José Agualsaca, Marcela Holguín y Esther Cuesta, del movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES), según un informe divulgado por el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
En caso de ganar las elecciones del 20 de agosto de 2023, ellos ya no podrán volver a reelegirse en 2025. Ahora intentan para ocupar una de las 137 curules en esta función del Estado.
Aunque este puede ser su último periodo en la Función Legislativa, se trata de los mismos actores que formaron parte de una Asamblea caracterizada por pactos y alianzas, y un desplome en su credibilidad que llegó a niveles de hasta un dígito por denuncias de presuntos actos de corrupción o pugnas con el Ejecutivo.
Henry Kronfle aspiraba la presidencia
En mayo de 2021, las elecciones de las autoridades de la Asamblea cambiaron de rumbo el mismo día en que se llevaron a cabo. Había un acuerdo entre UNES, el PSC y CREO, que llevaría a la presidencia al socialcristiano, Henry Kronfle. Sin embargo, CREO se echó para atrás y Kronfle alcanzó 68 votos, dos menos de los necesarios para lograr la Presidencia.
Con la alianza UNES, PSC y CREO se pretendía negociar los votos con el correísmo a cambio de un acuerdo para sentenciados como Rafael Correa y la libertad para Jorge Glas, incluyendo la llamada comisión de la verdad, pero que muchos sectores políticos la calificaron de “la impunidad”.
La votación para la designación de la primera autoridad de la Asamblea fue postergada para el día siguiente. Guadalupe Llori (Pachakutik) obtuvo 71 votos y se convirtió en la presidenta del Parlamento. Se declaró perseguida bajo la acusación de presunto terrorismo durante el régimen correísmo.
El control de la Asamblea
Roto el pacto con CREO, el movimiento UNES y el PSC, apoyados por una facción rebelde de Pachakutik y un incipiente sector de independientes empezaron su arremetida por el control de la Asamblea.
La ofensiva inició con la destitución de Llori, el 31 de mayo de 2022. En febrero de ese año, Llori ya advertía que el correísmo y el PSC intentaban “tomarse por asalto” la Asamblea”. No se equivocó. Casi enseguida, su cargo fue asumido por el aliado de correísmo Virgilio Saquicela.
La mayoría se fortaleció
Con el mismo argumento de presunto incumplimiento de funciones con el que se sacó a LLori del camino, el 14 de juliode 2022, el correismo y el PSC removieron del cargo a Yeseña Guamaní (ID) de la segunda vicepresidencia. La nueva mayoría se fortaleció con la toma de las vicepresidencias por parte de UNES, PSC y Pachakutik.
Un nuevo golpe intentaron dar con la Ley de Comunicación. En julio de 2022, aprobaron un informe de minoría que propuso una reforma a esta normativa que intentaba eliminar la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión. Al final, la intención de los aliados se quedó sin piso.
Solo dos meses después de la arremetida correísta, Fernando Villavicencio, quien entonces presidía la Comisión de Fiscalización, fue suspendido por 90 días. El objetivo del PSC y UNES era controlar esa mesa especializada.
En otra tentativa buscaron controlar la Justicia. En septiembre de 2022 no lograron reunir los 92 votos que se requerían para censurar y destituir a Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura.
En ese periodo legislativo, esta fue la segunda derrota de la mayoría legislativa, liderada por el correísmo, luego del primer intento de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. En junio de 2022 tampoco les alcanzó los votos para sacar al jefe de Estado del poder por supuesta “grave crisis política y conmoción interna”, en medio del paro impulsado por el movimiento indígena. Necesitaban 92 votos, pero solo reunieron 81.
Una denuncia de un medio digital llevó a la facción correista-socialcristiana a impulsar el juicio político a Guillermo Lasso que tenía la intención de sancionarlo y destituirlo del cargo. El proceso de interpelación al jefe de Estado se oficializó el 17 de marzo de 2023 con la presentación de las pruebas de un presunto peculado, pero terminó el 17 de mayo de este año con la disolución de la Asamblea. (SC)
En el artículo 93 del Código de la Democracia también dispone que los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo.