En menos de un año, la credibilidad de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional se mantiene a la baja, mientras que la del presidente Lasso la duplica.
La aceptación de la Asamblea Nacional, entre la opinión pública, se mantiene a la baja. La medición de parámetros de confianza y credibilidad realizada en marzo por la empresa encuestadora Click Report ubica la aceptación en la gestión de esta función del Estado en el 9,07%.
La credibilidad del Parlamento se ha mantenido en rangos mínimos (de un dígito) desde hace siete meses. En agosto de 2022, su calificación fue del 8,63%; y en enero de 2023, bajó al 7,46%.
Este bajo nivel de aceptación se produce cuando está a menos de dos meses de entrar al segundo periodo legislativo, previsto para el 14 de mayo de 2023 (hasta 2025) y en medio de un proceso en el que un sector de la oposición (Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano, disidentes de la Izquierda Democrática, Pachakutik y un sector de independientes) impulsa un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.
Las cifras reveladas por Click Report reflejan que la Asamblea se mantiene en un “rango crítico”, continúa siendo la institución con menor calificación positiva por parte de los ecuatorianos, y se consolida por su “pésima imagen”, declaró Francis Romero, director de la firma Click Report.
La encuestadora obtuvo estos resultados tras realizar 1.900 encuestas cara a cara a mayores de 18 años en Quito (380), Guayaquil (380), Cuenca (380), Manta (380) y Portoviejo (380).
Romero cree que es “insólito” que un Parlamento que genera tanta desconfianza, quiera llevar a un juicio político al Presidente e intentar, de alguna manera, “quebrar la democracia” en defensa de intereses partidarios.
La renovación de autoridades legislativas que se aproxima, podría -eventualmente- llevar a la población a observar o esperar un cambio de rumbo en la Asamblea.
Sin embargo, esto también dependerá de los legisladores porque la opinión pública se mueve según las acciones o “las no acciones” que se emprendan en el Parlamento.
Francis Romero señaló que los asambleístas deberían “empezar a entender” que tienen que trabajar para solucionar los principales problemas del país, caso contrario la Asamblea seguirá siendo “la peor” institución o la de menor confianza entre los ecuatorianos quienes esperan, por ejemplo, que aprueben el proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el combate a la delincuencia. La inseguridad es lo que más preocupa a la población.
El Legislativo defiende su rol
Rodrigo Fajardo (ID) -quien integró la comisión ocasional que recomendó enjuiciar al mandatario- dijo que, en este momento que atraviesa el país no se trata de sumar o restar credibilidades, sino de dar soluciones constitucionales, desde la institucionalidad.
Aseguró que esta Función, ha asumido su deber legal de darle respuestas políticas al Ecuador frente al cometimiento de delitos contra la administración pública, ejecutadas, según dijo, por el jefe de Estado y funcionarios públicos de confianza.
“Esto es sumamente grave porque los delitos perpetrados (concusión y peculado) tienen que ver con el desvío de fondos públicos. Según afirmó, entre enero y febrero de 2023 el Estado ya registra $901 millones en atrasos con el IESS y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Click Report también consideró que la Asamblea debería proyectarse al nuevo periodo legislativo con el propósito de aprobar leyes que ayuden a combatir la inseguridad.
Para Rodrigo Fajardo, la reforma del artículo 158 de la Constitución presentada por Lasso para que las FF.AA. apoyen a la Policía contraviene estándares interamericanos, ya que al tener los militares un entrenamiento distinto a la Policía pondría en riesgo los derechos humanos.
Agregó que la militarización de la seguridad pública a escala regional ha dado lugar a violaciones a derechos humanos. Se debe entender, señaló, que la legislación, que es una facultad de la Asamblea, se debe ejercer con responsabilidad, no de manera populista para confundir a la ciudadanía con falsas soluciones a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.
Sugirió que el abordaje de la seguridad ciudadana debe ser integral y no centrarse únicamente en las consecuencias más visibles como la inseguridad, además que es preciso atender aspectos estructurales como acceso a la educación, empleo y salud.
Para el asambleísta, es demagogia legislativa suponer que la emisión de leyes solucionará problemas estructurales del país, y planteó al Ejecutivo generar un plan integral para abordar el fenómeno de la inseguridad, el desempleo, falta de medicinas, etc. (SC).
La credibilidad del Presidente de la República
La encuesta también reveló cifras sobre la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso. La aceptación se mantiene sobre el margen de 22,7 puntos porcentuales. En agosto de 2022, la calificación del jefe de Estado fue del 25,8%. En enero de este año, llegó a un nivel de aceptación del 23,8%.
Mientras que, las Fuerzas Armadas (51,6%) y la Policía Nacional (41,2%) son las instituciones mejor calificadas en este mes. Sin embargo, si se compara las calificaciones que han tenido históricamente en el Ecuador, hay un retroceso. Estas instituciones están pasando por un mal momento en su imagen, evaluó Romero.
“Estas cifras son un jalón de orejas, porque la realidad es que los ecuatorianos desconfían de las instituciones públicas”, opinó.
La conclusión del último estudio de Click Report es que los ecuatorianos quieren vivir en paz, salir de la crisis y buscar seguridad para poder producir. Esas son las demandas de la mayoría de los ciudadanos, y el actor o el sector político que conecte con estas necesidades se verá beneficiado de una mejor calificación.
La credibilidad de la Asamblea se ha mantenido en rangos mínimos (de un dígito) desde hace siete meses. En agosto de 2022, su calificación fue del 8,6% y en enero de 2023, bajó al 7,5%, según Click Report.