Después de la década correísta, la supuesta maniobra de la judicialización de la política, es una teoría común entre sus simpatizantes.
La intención de intentar anexar la teoría del invento del ‘lawfare’ en el sistema judicial ecuatoriano ya tuvo un primer ensayo con el exvicepresidente, Jorge Glas.
En la sentencia con la que el juez Jhon Rodríguez Mindiola de la Unidad Judicial del cantón Yaguachi (provincia del Guayas), se aceptó, a través de un tercero, otorgar a Jorge Glas, exvicepresidente de la República, medidas cautelares, planteando que el ‘lawfare’ ha sido un instrumento de persecución en su contra.
En la solicitud de medidas cautelares presentada por el ciudadano Rodolfo Miranda, y aceptada por el juez, se deduce que existiría una campaña de “total desprestigio” en contra de Glas, principalmente en redes sociales, “con el objetivo de impedir que se postule como candidato a alguna dignidad dentro del nuevo periodo de elecciones”.
Con la sentencia por la trama de corrupción Sobornos, Glas perdió los derechos de participación en septiembre de 2020. Pero, según Rodolfo Miranda, Glas “no ha recibido notificación alguna” por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), sumado a que en la página del Ministerio del Trabajo consta un impedimento legal por una supuesta destitución de su cargo efectuada por la Contraloría General del Estado en octubre de 2017.
El juez también dio paso a los argumentos de que Glas “nunca” fue destituido del cargo de Vicepresidente, sino que, el 6 de enero del 2018, la Asamblea Nacional aprobó su ausencia definitiva del cargo y eligieron a su sucesor.
“Estos actos se adecuan a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos denomina como ‘lawfare’; doctrina concebida como el uso del derecho, o más concretamente de los tribunales de justicia, para la consecución de objetivos políticos”, expuso Rodolfo Miranda ante el juez.
Con los antecedentes expuestos en la demanda, el juez Jhon Rodríguez concluyó que, sobre la base de la ley de Garantías Jurisdiccionales, las medidas cautelares tienen por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución.
“La jueza o el juez tendrá la obligación de buscar los medios más sencillos que estén a su alcance para proteger el derecho amenazado o que está siendo vulnerado”, es otro de los argumentos esgrimidos por Rodríguez, después de haber acogido la demanda.
CNE debe pronunciarse
El fallo que dictó el juez a favor de Glas tendría que ser avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con la disposición judicial, estas instituciones deben levantar impedimento de ejercer cargos en el sector público.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, anticipó que se pronunciará una vez que tengan en sus manos una recomendación del área técnica y jurídica que revisa la sentencia.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), opinó que el CNE tiene que tomar en consideración las sentencias de los casos Odebrecht y Sobornos, que están en firme en la Corte Nacional, o podría solicitar una certificación para, sobre esa base, emitir una resolución en derecho.
“La medida del juez puede ser revisada y reconsiderada sobre la base de la información de la Corte Nacional” puntualizó Saquicela en una entrevista en un canal de televisión.
Pero insistió que el juez de Yaguachi “ha cometido un delito de prevaricato”, y cree que debería ser procesado penalmente “inmediatamente” por la Fiscalía General del Estado (FGE); y a partir de aquello, el Consejo de la Judicatura (CJ) iniciar las acciones disciplinarias en el ámbito de sus competencias.
Insistió que el magistrado, que no tenía competencia para actuar en el caso, no debió inobservar las sentencias que están en firme y ejecutadas en los casos Odebrecht y Sobornos. (SC)
Demanda por infracción en el TCE
El abogado Néstor Marroquín, interpuso una acción legal en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por infracción electoral contra el juez, y pide a los jueces que oficien al CNE que ratifique la suspensión de los derechos políticos en contra del Jorge Glas.
Otra de las disposiciones del juez de Yaguachi fue que las medidas cautelares a favor de Glas se mantendrán vigentes hasta que el CNE entregue las credenciales el 30 de noviembre de 2023, a las autoridades que sean electas en los comicios del 20 de agosto de 2023. Si hay segunda vuelta será el 14 de diciembre.
La CNJ aún no define una fecha para formular cargos en contra de Jorge Glas en el caso por el presunto delito de peculado en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa por más de $68 millones.