La bancada oficialista alerta que intentan desestabilizar la democracia. El CAL se reunirá este 17 de marzo de 2023 para conocer la solicitud de juicio.
Por los presuntos delitos de concusión y peculado en la empresa estatal Petroecuador, en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), los bloques de oposición en la Asamblea Nacional oficializaron, a las 17:40 de este jueves 16 de marzo de 2023, la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.
El documento de 55 páginas tiene 59 firmas de respaldo que corresponden a los asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), disidentes de la Izquierda Democrática. (ID), movimiento Pachakutik (PK) y algunos independientes.
Las causales invocadas por la oposición para sustentar el juicio al jefe de Estado se desprenden del numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.
La decisión de oficializar la solicitud de interpelación al Mandatario devino después de que el 4 de marzo de 2023, el Pleno de la Asamblea, con 104 votos a favor, acogió la recomendación de la comisión ocasional para que se inicie un proceso de enjuiciamiento, y tras una investigación de más de 40 días alrededor de la presunta trama de corrupción ‘El gran padrino’.
Los interpelantes, en caso de que el juicio llegue a la instancia del Pleno del Parlamento serán Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID).
Luego de la presentación de la solicitud de juicio -en la ventanilla de Gestión Documental de la Asamblea- Viviana Veloz dijo que este es un «día histórico» para Ecuador, porque busca -dijo- establecer las responsabilidades políticas de Guillermo Lasso.
Según la legisladora, el Presidente adecuó su conducta para proteger los vínculos de una presunta estructura criminal en las empresas públicas.
«El presidente Lasso siempre prefirió proteger a su cuñado (Danilo Carrera), a su familia y a sus amigos, y ocultar una investigación que atacaba al narcotráfico albanés», sentenció Veloz.
‘Se basan en presunciones’
Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional, reaccionó a la decisión de los detractores del régimen. Afirmó que esto es otro paso dentro del proceso de desestabilización democrática.
Aseguro que no existen pruebas, ni causales, ni elementos probatorios que puedan configurar los delitos de concusión y peculado que se le imputan al mandatario. «Solo se establece que hay un hilo conductor, pero en base a presunciones”, afirmó.
El trámite
Una vez oficializada la solicitud de juicio político, los responsables de la oficina de Gestión Documental de la Asamblea elevarán el expediente a la Secretaría General del Parlamento, que a su vez la deberá remitir al despacho del presidente de la Función Legislativa, Virgilio Saquicela.
Luego, el titular del Legislativo deberá poner la solicitud para la consideración y calificación de los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
En esta instancia se necesitan cuatro votos para su aprobación. El CAL está integrado por asambleístas de UNES, PSC, ID, Pachakutik, del oficialismo representado en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y un sector de los independientes.
En caso de que obtenga los votos y la solicitud sea calificada, será remitida a la Corte Constitucional (CC), donde los jueces deberán emitir un dictamen de admisibilidad.
En caso de que este dictamen sea negativo, el expediente volverá a la Asamblea para que Virgilio Saquicela disponga el archivo.
Pero si los jueces de la CC emiten un fallo a favor, tras revisar requisitos de forma (por ejemplo, que se cumplan con el respaldo de al menos 46 firmas) lo devolverá a la Asamblea, y Saquicela lo remitirá a la Comisión de Fiscalización para la respectiva sustanciación del juicio político al Presidente.
Esta mesa tiene un plazo de 30 días para presentar un informe que deberá recomendar o no el enjuiciamiento a Lasso. De sugerirse un juicio, se otorgará diez días al Presidente para que ejerza su derecho a la defensa, diez días para la actuación de pruebas, y diez días para la elaboración del informe.
Con ese informe, Saquicela tiene hasta cinco días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento. En esa sesión, los interpelantes tendrán dos horas para la acusación, y Lasso tres horas para defenderse; luego cada parte podrá replicar por una hora.
Luego iniciará el debate en el Pleno, donde podrán intervenir los 137 asambleístas por diez minutos. Para la aprobación de la moción de censura se requiere el voto de una mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea, es decir, 92 votos. (SC)
El Gobierno dijo que la demanda carece de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del mandatario.