El Pleno del Legislativo aprobó el documento que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso.
QUITO.- El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso ahora está en manos de la Corte Constitucional, donde se deberá emitir un dictamen, en alrededor de una semana, sobre si es viable o no este procedimiento.
Esto se da luego de que el 4 de marzo de 2023 fuera aprobado por parte de la Asamblea el informe presentado por la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, que investigó desde enero el caso denominado ‘El Gran Padrino’.
“El documento será remitido a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas respectivas y adopten las medidas pertinentes”, señalaron desde la Asamblea Nacional.
Pero, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegaron en la investigación para, al final, recomendar en el informe que se enjuicio políticamente al presidente Guillermo Lasso?
En el informe presentado ante el Pleno de la Asamblea, los legisladores recomendaron que el juicio político se de en el grado de comisión por omisión, de acuerdo con los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República.
Según el Legislativo, en el documento se concluye que el Presidente de la República intentó obstruir el proceso de investigación y fiscalización política, que le compete constitucionalmente a las funciones Legislativa y Judicial, al tratar de ocultar el informe elaborado por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, en el que se advertía de posibles actos de corrupción.
“Determina que el Ejecutivo interfirió en el proceso investigativo de la Fiscalía General del Estado, al permitir que el Ministerio del Interior traslade a 37 agentes policiales-investigadores que colaboran con Fiscalía”, señalaron.
“También establece que el Presidente de la República transgredió el principio de reserva de ley y la Ley Orgánica de Empresas Públicas cuando, mediante Decreto Ejecutivo No. 163, normó la conformación de los directorios de las empresas públicas, lo que demuestra una violación a la Constitución, pues asumió una competencia que es exclusiva de la Asamblea Nacional”, añadieron.
Dentro del debate del informe, intervinieron 41 asambleístas de diferentes bancadas, quienes expusieron que se habría evidenciado una presunta estructura de corrupción en las empresas públicas y posibles vínculos de grupos criminales con allegados al Gobierno, de los que supuestamente el presidente Guillermo Lasso habría tenido conocimiento, por lo que estaba obligado a denunciarlos, subrayando que la omisión e inacción es equivalente a propiciar los hechos delictivos, afirmando que es un acto que el COIP denomina como omisión impropia.
El Gobierno rechaza acusaciones
Por su parte, desde el Gobierno Nacional se aseguró que el informe aprobado carece de sustento lógico, probatorio y jurídico, señalando a la Asamblea Nacional como un órgano desestabilizador.
“El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía de Ecuador para esclarecer cualquier duda”, escribió el presidente Lasso en su cuenta de Twitter, donde adjuntó una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
En ella señala que, una vez que la Asamblea aprobó el informe recomendando su enjuiciamiento político por una supuesta “comisión por omisión” de “delitos de ‘cohecho, peculado y concusión’ y que, entre las recomendaciones consta remitir el mismo a la Fiscalía”, le solicita «que desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita».
Lasso consideró que la acusación de la Asamblea «se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de probar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica».
Sin embargo, «más allá de lo insustancial e infundado de aquel documento, que contiene elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente se pretende inmiscuirme, he dispuesto que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación que a esos efectos decidiese abrir, y principal, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera», dijo.
Precisamente, estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.