Uno o un grupo de asambleístas podrían solicitar un juicio político con el respaldo de 35 firmas. El trámite deberá ser sustanciado en el CAL y luego solicitar autorización a la Corte Constitucional.
Luego de anunciar su respaldo a la gestión que, desde el 18 de enero de 2023 realiza la comisión ocasional que investiga el caso “El gran padrino”, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, “rechazó cualquier amenaza” en contra de los integrantes de la mesa, y de cualquiera de los 137 legisladores. “Lo que se hace es cumplir con la tarea de fiscalización dentro del marco constitucional”, señaló.
Subrayó que, los funcionarios de gobierno y quienes han sido citados a la comisión debe ser entendido como un mecanismo que busca la verdad y la transparencia.
Ante la eventualidad de un juicio político a Guillermo Lasso, presidente de la República, el titular del Parlamento aclaró que este mecanismo podría activarse sobre la base de una denuncia que presente uno o varios legisladores con el respaldo de al menos 35 firmas -que independientemente de la aprobación o no en el pleno del informe de la comisión ocasional- deberá ir a la fase de sustanciación.
El presidente @VSaquicelaE manifiesta que hay dos análisis sobre artículo 130 de la Constitución que se refiere a la muerte cruzada: uno señala que se puede dar paso al juicio político otra vez, además que existe una resolución de la @CorteConstEcu que posibilitaría aquello. pic.twitter.com/0sNXVvAWcX
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 23, 2023
La fase de sustanciación implica que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) deberá verificar el cumplimiento de requisitos (presentación de 35 firmas) y enviar el expediente -como lo estable la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional- a la Corte Constitucional (CC) para pedir autorización.
A su vez, la CC deberá emitir un dictamen de admisibilidad (acerca del pedido de juicio), según lo establece el primer inciso del artículo 129 de la Constitución.
“La Asamblea no resuelve, ni aprueba o no un juicio político; si es que el informe de la comisión ocasional recomienda el juicio, la Asamblea solo puede aprobar esta recomendación, pero depende de que uno o varios legisladores presenten las firmas para un eventual juicio», explicó Saquicela.
El principal del Parlamento también se refirió a las posibles protestas que estarían evaluando algunos grupos sociales. “Esa es decisión del pueblo ecuatoriano; yo creo que el gobierno puede rectificar en el sentido de cumplir las expectativas de la población enmarcadas en su plan de gobierno, por ejemplo, colocar los recursos económicos para equipar con vehículos, armas y chalecos para a la Policía Nacional», afirmó.
Según Saquicela, en el actual periodo legislativo se aprobaron más de 35 leyes, entre ellas la Ley del Uso Legítimo y Progresivo de la Fuerza, y otras reformas a varios cuerpos de seguridad. «Ahora es el Ejecutivo el que tiene que poner los dólares para resolver el tema de seguridad que es urgente e inmediato».
Consideró que el Ejecutivo también debe resolver aspectos como el abastecimientos de insumos médicos para los centros de salud, infraestructura, y propiciar la generación de empleo directo e indirecto en el país. «El diálogo impulsado por el gobierno debe tener una base y dar señales de que quiere resolver temas como la seguridad, salud, etc». (SC)
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