Nuevo Teniente Político de Chura y La Unión

Aunque la partida presupuestaria corresponde solo a la parroquia Chura, el nuevo Teniente Político designado para esta sector, deberá cumplir funciones también en la parroquia La Unión, ambas pertenecientes al cantón Quinindé.
Así lo dio a conocer Douglas Piza Montenegro, quién hace días atrás asumió las oficinas de la tenencia política de estas dos parroquias, la nueva autoridad representante del Ejecutivo provincial en estos sectores, dijo que se trabaja en la creación de una partida para la parroquia La Unión.

Actividades

«La señora gobernadora Tania Obando, está haciendo la gestión correspondiente a efectos de qué independientemente cada parroquia tenga su propio Teniente Político, hasta que eso suceda trabajaré con mucha responsabilidad apegado a la ley y al derecho, en beneficio de estos sectores quinindeños», afirmó Piza Montenegro.

Atención

La nueva autoridad, agregó que atenderá en La Unión los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves en la parroquia Chura. «Sábado y domingo también se cumplen actividades como operativos, revisiones de permisos y otras funciones como establece la Constitución y la ley que nos da la atribución como Teniente político», refirió el Teniente Político.
Douglas Pizza Montenegro, estuvo vinculado a la comunicación social por varios años antes de asumir sus funciones como Teniente político en las dos parroquias quinindeñas.

PARA SABER
Chura y La Unión tienen nuevo teniente político
EL DATO
El funcionario trabaja en la creación de una partida para la parroquia La Unión.

El asilo para Rafael Correa es otro golpe a la institucionalidad estatal

AUTORIDAD. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Sobre el exmandatario pesa una sentencia ejecutoriada desde 2020 de ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso ‘Sobornos’.

Con el asilo que Bélgica concedió al expresidente, Rafael Correa, quien está prófugo de la Justicia, el Estado ecuatoriano vuelve a sufrir un golpe a su institucionalidad. Unos 15 días antes, el 10 de abril de 2022, el exvicepresidente Jorge Glas fue liberado de prisión gracias a un habeas corpus otorgado por un juez cercano al correísmo.

Luego le tocó el turno a Junior Roldán, alias ‘JR’,  el segundo al mando de la banda delincuencial los Choneros también salió de la cárcel tras recibir un habeas corpus parcial. La medida se otorgó pese a que está identificado como uno de los responsables de las masacres carcelarias en 2021 que dejaron más de 300 reclusos fallecidos.

Ahora, mientras Glas y Roldán están fuera de la cárcel, Correa goza del estatus de asilado político en un país donde ya residía desde mayo de  2017.

La noticia del otorgamiento del  asilo al exjefe de estado, sentenciado a ocho años de prisión por la trama de corrupción ‘Sobornos 2012-2016’, fue divulgada en redes sociales por la prensa internacional. Eso ocurrió casi simultáneamente con un anuncio del titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, quien el 21 de abril de 2022 suscribió una providencia para iniciar el trámite de extradición de Correa ante el Reino de Bélgica.

El magistrado aseguró que su solicitud se sustenta en el convenio de extradición entre Ecuador y Bélgica de 1887. También en el convenio internacional anticorrupción avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Agregó que en el documento no se exponen juicios de valor ni criterios políticos. Por eso, anunció que en las próximas horas su pedido será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se concrete el proceso.

Saquicela recibe críticas

 La actuación de Saquicela recibió críticas por  presuntamente demorar la realización de la solicitud de extradición.

Carlos Estarellas, experto en relaciones internacionales, dijo que el presidente de la CNJ debería  explicar al país porque se demoró en solicitar la extradición, y la Cancillería por qué no se presentaron en audiencia pública para decir que Correa no es perseguido político. “¿Por qué la Corte solicitó la extradición el 21 de abril de este año?”, preguntó Estarellas.

El 22 de abril de 2022, en rueda de prensa Saquicela defendió su actuación y aseguró que solo tuvo conocimiento de la otorgación del asilo político concedido por Bélgica, a través de los  medios de comunicación y redes sociales.  “Soy el primer extrañado, soy el primer sorprendido si es que se ha dado el asilo”, puntualizó.

“He cumplido mi deber con el país al hacer un requerimiento fundamentado para la extradición, jamás he tenido temor a nada ni a nadie, pero a nosotros no nos corresponde ni es nuestra competencia el tema del asilo, eso es competencia de la diplomacia”, expresó.

Agregó que, si el asilo se concretó, debería ser la diplomacia la que informe si fue notificada y dar a conocer cuál es la posición frente a Bélgica y la comunidad internacional.

Precisamente, la Cancillería emitió un comunicado informando que hasta el viernes 22 de abril no tenía conocimiento oficialmente de la concesión del asilo político a Correa. Tampoco el pedido de extradición solicitado por la CNJ.

Los siguientes pasos

Saquicela afirmó que continuará dando seguimiento a todo el proceso de extradición. “Si  es que se llega a aceptar, o si es que se llega a negar, eso ya escapa de mí. Esto depende del estado soberano de Bélgica», subrayó.

A la Cancillería -dijo-  le corresponde hacer el trabajo diplomático, gestionar ante Bélgica, argumentar que existe una sentencia condenatoria en firme y que no guarda relación con ninguna persecución política, sino que Rafael Correa fue condenado por el delito de cohecho, que fue investigado por la Fiscalía y condenado por los jueces (SC)

En tratado no consta infracción de cohecho

José Luis Ortega, abogado del exministro Walter Solis, otro de los sentenciados en el caso Sobornos, manifestó que el tratado que existe entre Bélgica y Ecuador data de 1887 con una adenda de 1934, la cual refiere que para que proceda la extradición, en el catálogo de delitos de dicho tratado debe constar la figura jurídica o la infracción por cohecho por el cual fue sentenciado Rafael Correa.

“Sin embargo, este delito no consta en el catálogo”, mencionó Ortega. Según este abogado, la infracción no debe estar prescrita tanto en la ley del país solicitante, como en el país requerido.  Ortega supone que el pedido de Iván Saquicela se enmarca en una “suerte de retaliación, y de querer limpiar la imagen de la Justicia del país, en virtud de los acontecimientos que se vienen desarrollando en los últimos días y que involucran a policías y militares en una trama de captación ilegal de dinero,  y  de resolver acciones de protección  o habeas corpus, etc”, expuso.

¿Qué no puede hacer como asilado?

Marcelo Fernández Córdova, exvicecanciller, explica que Rafael Correa no podrá dedicarse a hacer política de Ecuador y tampoco intervenir en acciones que afecten a otro Estado. Además, tiene que respetar las leyes del país asilante. “Creo que esto le va a molestar un poco al señor Correa. Técnicamente, debería dejar de estar usando sus redes sociales para actuar en política interna”. El diplomático prefiere no opinar qué es lo que ocurrirá a futuro, pero puso de ejemplo el caso de Julian Assange, quien estaba asilado en la embajada en Londres y seguía interviniendo en política.

Cree que, si Correa no deja de hacer política, Ecuador podría protestar ante Bélgica solicitando que le exijan una actuación moderada.

Técnicamente, el señor Correa debería dejar de estar usando sus redes sociales para actuar en política interna”,

 Marcelo Fernández de Córdova, exvicecanciller.

«Lo que ocurre se enmarca en una suerte de querer limpiar la imagen de la Justicia por los hechos de los últimos días que involucran a policías y militares en una trama de captación ilegal de dinero”,

Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los procesados en Sobornos

Admitido juicio político contra vocales del Consejo de Participación

Los integrantes del Consejo de Administración Legislativa sesionaron este 17 de febrero.

El CAL también calificó a trámite el enjuiciamiento de la expresidenta y los vocales del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto de los seis integrantes presentes, calificó a trámite tres solicitudes de juicio político por presunto incumplimiento de funciones en contra de los integrantes del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura.

En primer término, el CAL calificó la solicitud de enjuiciamiento en contra de los 7 consejeros del CPCCS, presentada por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo; el pedido se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado; la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; y, por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Así mismo, el organismo admitió a trámite la solicitud de juicio político de los proponentes Ángel Maita Zapata y Mireya Pazmiño Arregui en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, miembros del Consejo de Participación, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado.

Finalmente, el CAL calificó la solicitud de juicio político presentada por Viviana Veloz y Fausto Jarrín Terán, contra María del Carmen Maldonado (expresidenta) y Fausto Murillo Fierro, Ruth Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, vocales del Consejo de la Judicatura.

La Secretaria General de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de tres días, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.  (DLH)

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Consternación por óbito de Wilson Célleri

Wilson Célleri fue miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas y autor de algunas obras científicas.

El conocido médico y político esmeraldeño, Wilson Célleri Cedeño, falleció la tarde de este martes 8 de febrero de 2022, en esta ciudad de  Esmeraldas. Consternación ha generado su óbito entre sus familiares, colegas y grupos sociales.

Para el empresario Oswaldo López, Esmeraldas sufre una gran pérdida, y agrega que Wilson Célleri fue un galeno con altísima vocación de servicio, amoroso con la familia y un gran amigo.

El infarto que sufrió a las 13:00, acabó con la existencia de quien fuera el fundador en Esmeraldas del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano.

Enterado de la inesperada noticia, el padre Seraphin Kawata, párroco de la iglesia La Merced, acudió a la casa del duelo para asistirle con varios ritos cristianos y confortar a la acongojada familia.

El galeno Carlos Cañizares muy cercano a la familia del occiso, fue quien emitió el certificado de fallecimiento.

EL DATO

Wilson Célleri nació en la provincia de Manabí, pero a tierna edad radicó en la isla de Muisne, posteriormente vino a Esmeraldas para residir en las calles 9 de Octubre y Olmedo, donde instaló su consultorio médico.

RECUADRO
Trayectoria

*Wilson Célleri se desempeñó como catedrático en las universidades Central de Quito y Luis Vargas Torres de Esmeraldas.
*Laboró en la ex Clínica del IESS.
*En 1992 fue electo diputado por Esmeraldas.
*Al momento sus restos mortales se encuentran en la sala de velaciones ubicada en las calles 10 de Agosto y Pedro Vicente Maldonado.

El futuro de Freddy Carrión se decide el 14 de septiembre

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, participó en las comparecencias de su juicio político.

El juicio político del Defensor del Pueblo  se realizará a las 08:00, en la Asamblea Nacional. 

El martes 14 de septiembre de 2021, a las 08:00, la Asamblea Nacional realizará el juicio político en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

Carrión se encuentra recluido en la Cárcel 4 de Quito y durante el juicio se espera que comparezca y ejerza su defensa durante tres horas. Después, la Asamblea decidirá si censura y destituye al Defensor de sus funciones.

 

 

Supuesta agresión sexual

El caso llegó hasta la Comisión de Fiscalización luego de que se acusara a Carrión de  incumplimiento de funciones tras conocerse que acudió a una fiesta en pleno estado de excepción.

El hecho se hizo público tras la filtración de un video, en el que se ve a Carrión y al exministro de Salud, Mauro Falconí, peleando en un ascensor. Posteriormente, el Defensor del Pueblo fue acusado de delito sexual.

Ricardo Vanegas y Yeseña Guamaní, asambleístas interpelantes, aseguran que  se cometieron una serie de irregularidades como el uso de recursos públicos para un tema particular. (AVV)

 

Gobierno reconoce dificultad para lograr respaldo político

El Gobierno afrontó este 11 de agosto una jornada de protestas de diversos sectores sociales.

Alexandra Vela, ministra de Gobierno, reconoció que es difícil obtener respaldo político para las propuestas del presidente Guillermo Lasso.

Cerca de cumplir los 100 días de gestión, el presidente Guillermo Lasso aún no ha logrado el apoyo político para presentar propuestas de ley en la Asamblea Nacional.

La mañana de este jueves, 12 de agosto de 2021, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, reconoció: «es difícil poder contar con una mayoría de respaldo a las propuestas legislativa de la agenda de Gobierno. Esa es una realidad». Lo dijo en una entrevista en Ecuavisa.

El presidente Lasso llegó al poder de la mano del Partido Social Cristiano (PSC); sin embargo, está alianza se rompió al inicio del gobierno.

Tras de ello, son minoría en la Asamblea Nacional. Y frente a eso, la ministra de Gobierno señaló que se intenta “diferentes formas de aproximación” para lograr apoyo político.

Por ejemplo, comentó Vela que el próximo lunes (16 de agosto) enviarán a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior.

La reforma se basa en tres aspectos: universidades libres para generar nuevas carreras; estudiantes que puedan elegir de forma independiente su carrera de estudio; y mecanismo de control y regulación.

Para enviar a esta propuesta, la ministra Vela anunció que presentará la propuesta de reforma a la bancada de Izquierda Democrática y PSC. Luego hablarán con Pachakutik y Unes, explicó.

Además, señaló que no se puede llegar a una mesa de negociaciones con ultimátum. «Los acuerdos deben fundamentarse en diálogos alrededor de temas que deben ser prioridad para todos».

Focalización de subsidios

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que están analizando la información que tienen de los sectores transportistas y que se trabaja en al menos tres mecanismos de focalización de los subsidios a los combustibles.

Vela informó que en un plazo de 30 días podrán dar una respuesta sobre la focalización. Este trabajo lo realizan mediante una consultoría. (MC)

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Hay al menos dos vías para otorgar prelibertad a detenidos

Cerca de 40 mil personas se encuentran detenidas a nivel nacional.

La prelibertad para las personas detenidas en las cárceles del país es un reto de las autoridades. El presidente Lasso anunció que se analiza cinco mil casos.

La idea fue lanzada: conceder la prelibertad, bajo ciertas condiciones, a personas privadas de la libertad (PPL). El objetivo es disminuir el hacinamiento en los 37 centros penitenciarios a nivel nacional que, al 28 de julio de 2021, registran cerca de 40 mil PPL en su interior. Hay un 30% de sobrepoblación, es decir, nueve mil personas más.

Para que se haga efectivo este anuncio, se puede optar, al menos, por dos caminos legales. Uno es el régimen semiabierto  y el otro, los indultos presidenciales. Esta última opción se intentó emplear a días de que culminé el periodo del expresidente Lenín Moreno; sin embargo, por las críticas recibidas se derogó el Decreto Ejecutivo.

Para Jorge Núñez, director de Kaleidos –Centro de Etnografía Interdisciplinaria y miembro de la Alianza contra las Prisiones-, estas medidas podrían disminuir la población carcelaria. Pero explica que el problema de aprobar estos regímenes es político porque el otorgar un indulto no da capital político. “Hay un pánico que tienen los políticos en que una decisión sensata sea leída por su electorado y sus votantes como no (tener) mano dura”.

Asegura que un ejemplo de ello es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha identificado 2.000 candidatos para ser indultados por situación de vulnerabilidad y condiciones de salud; pero cuando se intentó, el proceso se trabó y por cuestiones políticas no se concretó.

Se desconoce cuál será la estrategia que se empleará, ahora, para otorgar la prelibertad de, al menos, 5.000 personas detenidas. En declaraciones públicas, el actual director del SNAI, Fausto Cobo, habló de reformas al Reglamento del Sistema Penitenciario. Pero la entidad encargada de resolver esta situación es el Directorio de Organismo Técnico, conformado por ocho instituciones del Estado. Sus titulares no se han reunido por falta de un Decreto Ejecutivo que nombre a la persona que dirigirá el Directorio.

La anterior semana, la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional exhortó al presidente Guillermo Lasso a designar a la autoridad competente para dar una respuesta inmediata a la crisis carcelaria. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta.

El 21 de julio se dio la segunda crisis carcelaria del año, la que dejó más de 22 muertos, 41 heridos y una víctima de violencia sexual. (MC)

Requisitos para el régimen semiabierto

  • Cumplir el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos que estén en casación.
  • Informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo cinco puntos sobre el cumplimiento de la pena.
  • Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas.
  • Certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la máxima autoridad del centro de privación de libertad.
  • Documento que justifique el domicilio fijo en el cual residirá la persona privada de libertad.
  • Informe jurídico del centro que indique que la persona privada de la libertad no tiene otro proceso penal pendiente.
  • Informe psicológico del centro, en el que se concluya las condiciones para la reinserción de la persona privada de libertad.

Tras cumplirse estos requisitos, el informe será analizado por la Comisión Especializada de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos y Repatriaciones.

Luego, este informe será enviado al juez competente para que dicte su resolución.

Indultos

  • Cumplir todos los requisitos anteriores.
  • Luego, la Comisión Especializada emitirá un informe no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos para la concesión de indultos, conmutación o rebaja de penas al presidente de la República.
  • El presidente emitirá un Decreto Ejecutivo motivando el indulto.

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