Una vez que la Comisión de Fiscalización avoque conocimiento del expediente enviado por el CAL, notificará de esta decisión al presidente Guillermo Lasso.
La agenda de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional pasó a segundo plano, pues a partir de este 3 de abril de 2023 la prioridad será el tratamiento del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.
En el Parlamento, el proceso de interpelación al jefe de Estado inició oficialmente 31 de marzo, cuando el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) avocó conocimiento del expediente que fue entregado por la Corte Constitucional (CC) y que incluyó el dictamen de admisibilidad para el juicio al mandatario por el presunto delito de peculado. Esto se remitió a la Mesa de Fiscalización.
La resolución del CAL, que se aprobó con seis votos a favor y uno en contra, dispuso que la Comisión de Fiscalización suspenda de inmediato cualquier otro trámite en curso.
Desde inicios de marzo, uno de los procesos que evacuaba la Comisión eran las solicitudes de juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo; al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y a la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores.
Los pronunciamientos a favor de esta decisión en el CAL fueron de Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento; Marcela Holguín y Ronny Aleaga (Unión por la Esperanza), Esteban Torres (Partido Social Cristiano), Darwin Pereira (Pachakutik) y Jhoana Moreira (Izquierda Democrática). La última asambleísta se adhirió a la tesis de la mayoría a pesar de que en la última sesión, en la que se aprobó el informe del juicio para enviarlo a la Corte Constitucional, se abstuvo.
El voto en contra en la sesión del viernes 31 de marzo fue de Nathalie Arias (CREO), quien aclaró que la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no dispone la suspensión de los procesos en curso, pero el artículo 90 dispone que debe empezar a tramitarse inmediatamente.
El juicio a Lasso podría, eventualmente, interrumpir la agenda legislativa. Sin embargo, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo que esto no podría ocurrir porque el resto de las 14 comisiones especializadas tienen plazos para la presentación de informes de proyectos de ley para primer y segundo debates.
Los legisladores que estén interesados en presenciar el inicio del juicio deben pedir al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, ser recibidos. (SC)
Comisión notificará al presidente Guillermo Lasso
El artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena a la Comisión de Fiscalización avocar de inmediato conocimiento el inicio del trámite. Luego de este paso notificará al Presidente de la República sobre el inicio del juicio. Incluirá la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional para que, en el plazo de 10 días, ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo.
La Comisión también notificará a los asambleístas ponentes (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo) para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan.
Juicio a exfuncionario y funcionarios de Lasso
Desde el 8 de marzo, la Comisión de Fiscalización tramitaba otro pedido de juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo. El 23 de febrero de 2023, el exministro ya fue censurado por 105 asambleístas, lo que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por dos años. Pero esta vez, el proceso también había involucrado al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y a la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores.
Las causales contra Carrillo, interpuestas por Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez (Pachakutik), tienen que ver con un supuesto incumplimiento de funciones respecto a las masacres carcelarias, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
La Comisión también tiene pendiente la sustanciación del juicio a Bernardo Manzano, exministro de Agricultura.
En un plazo de diez días, el presidente de la República, deberá ejercer su primer derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización.
469 páginas tiene el expediente con el que una mayoría de oposición (UNES, PSC, disidentes de la ID y Pachakutik) en la Asamblea sustentan el juicio a Guillermo Lasso.