Más incertidumbre y menos inversión, crecimiento cercano a cero, y un difícil panorama para cerrar las cuentas fiscales, son amenazas reales para la economía nacional.
«Quien piensa que el caos institucional, una sucesión constitucional o un golpe de estado en las calles, contribuyen a resolver los desafíos de seguridad, empleo y bienestar; o vive en una burbuja ideológica o no entiende el problema. Peor, vende una mentira que alimenta su agenda», explicó José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía.
En la situación actual, con la vía libre para el juicio político del presidente Lasso en la Asamblea, la economía ecuatoriana se enfrenta ha una mezcla explosiva de más incertidumbre y menos inversión, crecimiento económico cercano a cero y un difícil panorama para cerrar las cuentas fiscales.
Más incertidumbre y menos inversión
En todos los escenarios, la incertidumbre es el denominador común. Ya sea la destitución de Lasso en la Asamblea y la sucesión del vicepresidente Borrero en poder; la muerte cruzada ; o incluso la no censura de Lasso por falta de votos en el Parlamento.
Esa incertidumbre que significa que la posibilidad de concretar nuevas inversiones y proyectos puede caer en hasta un 60%; y que cualquier decisión se lee, desde los posibles inversionistas, bancos de inversión o incluso organismos multilaterales, como algo provisional y que puede cambiar en cualquier momento.
En este escenario se podría reducir a la mitad los ya bajos niveles de Inversión Extranjera Directa (IED), que hasta el tercer trimestre de 2022 no superaban los $861 millones.
Crecimiento económico cercano a cero
A finales de 2022, la mayoría de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, apuntaban a que Ecuador crecería entre 2,5% y 3,1% durante 2023.
Ese estimado ya fue recientemente bajado hasta el 1,6% por bancos de inversión como Fitch debido a la combinación de desaceleración mundial (menos exportaciones para Ecuador), inestabilidad política y el golpe de desastres naturales.
Sin embargo, un cambio abrupto de Gobierno o una profundización de la crisis política, podría reducir aún más el crecimiento a un valor de entre 0,5% y 0,8%
Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), solo un 1% menos en los montos de IED pueden recortar alrededor de $100 millones en la producción de un país como Ecuador.
Así, con menos riqueza y menos flujo de divisas, el principal factor de ajuste en la economía nacional será el nivel de empleo formal. Es decir, se puede producir un retroceso de los pocos avances que se han tenido en la formalización del mercado laboral.
Entre febrero de 2022 y febrero de 2023, se crearon 117.906 nuevos empleos adecuados (al menos el salario básico y 8 horas al día).
Sin embargo, como se vio durante el paro de 18 días de junio de 2022, se construye con dificultad; pero se puede destruir rápidamente.
Varios estudios internacionales sugieren que, en promedio, una disminución del 1% en el PIB puede llevar a una disminución del empleo formal de alrededor del 0,5% en países desarrollados y hasta un 2% en países en desarrollo como Ecuador.
Esto significa que se sumarán más personas a los 5,3 millones de informales que ya tiene el país.
Cuentas fiscales en apuros
Finalmente, durante los primeros dos meses de 2023, las cuentas públicas registraron un déficit de alrededor de $800 millones. Esto debido a una combinación de más gastos y deterioro de los ingresos petroleros y tributarios.
Ese déficit se puede maximizar en un ambiente de incertidumbre porque, incluso sobreviviendo al juicio político, un análisis del Latin America Advisor apunta a que Lasso tendrá poco o nulo espacio de maniobra para gobernar en lo que queda de mandato.
Así, las necesidades de más endeudamiento crecen y eso, al final del día, crea un círculo vicioso donde el financiamiento del Gobierno quita parte de la escasa liquidez que necesita el sector privado en medio de la crisis.
El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023 se construyó con una proyección de $2.600 millones de déficit fiscal (más gastos que ingresos), pero entidades como Fitch ya había detectado, aún antes del escenario del juicio político, que el hueco podría subir en $1.000 millones más. (JS)