Por haberse evidenciado opacidad en las distintas fases y con la finalidad de transparentar el proceso, el Consejo de la Judicatura acogió la recomendación de emitir el informe a la dirección nacional de Patrocinio, a la Contraloría y Fiscalía General del Estado.
Por unanimidad, el Consejo de la Judicatura (CJ) declaró la nulidad total insanable del concurso público de méritos y oposición, para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que inició en julio de 2023 el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán.
Álvaro Román, presidente temporal de la Judicatura, y los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui acogieron, en una sesión del Pleno del 18 de enero de 2024, un informe de la subdirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano, que determinó que hubo opacidad en distintas fases del concurso. Un ejemplo es que en la convocatoria no se incluyó el criterio de especialidad para la elección y designación de jueces. En la reforma al reglamento del concurso se excluyó dicho criterio.
Además, en pleno desarrollo de la fase de méritos, se incluyó la ampliación del periodo a nueve años de cuatro jueces de la CNJ, y cuyas partidas también fueron convocadas a concurso. Tampoco se identificaron requisitos, ni criterios para evaluar la probidad de la profesión de los candidatos como requisitos constitucionales. Tampoco se evidenció la aplicación de la paridad de género.
El análisis de las direcciones técnicas de la Judicatura para recomendar la nulidad se fundamentó en el artículo 53 Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), relativo a la “irregularidad de los concursos”. Esa norma señala que “si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiera alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”.
Por haberse evidenciado opacidad en las distintas fases del concurso y con la finalidad de transparentar el proceso, el CJ acogió además la recomendación de emitir el informe a la dirección nacional de Patrocinio, a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado para que conozcan y resuelvan lo que en el marco de sus competencias corresponda.
Principio de especialidad
Según el informe, tras los hechos expuestos, se evidencia que el concurso fue convocado sin que se justifique si se cumpliría o no el principio de especialidad, según el artículo 182 de la Constitución. Esta falta de motivación produjo incumplimiento, además de la forma en que se conformarían las seis salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, ni probidad de los candidatos.
Se advierte además la incoherencia de las decisiones adoptadas por parte de los entonces vocales Wilman Terán y Xavier Muñoz.
En la fase de postulación se evidencia que los postulantes actuaron extemporáneamente en el sistema, sin que haya sido controlado por los técnicos para el adecuado funcionamiento del software. De esta forma se incumplió el principio de igualdad entre los postulantes.
La selección de los miembros de los tribunales de reconsideración carece de normas y parámetros mínimos de selección, lo que contraviene el principio de transparencia que en el caso de concurso de magistrados opera como garantía de la independencia judicial que ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este caso, no quedó claro cuáles fueron los parámetros para elegir a sus integrantes.
El informe jurídico aprobado por el Pleno del CJ señala que la decisión de dejar insubsistente las fases del concurso desde la convocatoria no afecta los derechos constitucionales de los postulantes, quienes podrán volver a participar sin limitación en el nuevo proceso.
Dentro del término de 20 días la dirección nacional de Talento Humano de la institución deberá presentar a la Dirección General, los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional. (SC)
En 20 días, la Dirección Nacional de Talento Humano de la institución deberá presentar a la Dirección General los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso.
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