Judicatura, CNJ y CC no logran consensos para delimitar aplicación del habeas corpus

El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, se pronunció el lunes a nombre del Pleno de ese organismo.

Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura dijo que la Corte Constitucional está facultada para revisar las decisiones en  los casos de sentencias.

 La Función Judicial y los jueces de la Corte Constitucional (CC) no logran consensos para delimitar el uso y la aplicación del habeas corpus; recurso que permitió, por ejemplo, la salida de prisión de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, y de Junior Roldán, alias ‘JR’, identificado como uno de los líderes de la banda delincuencial los Choneros.

Este lunes 25 de abril de 2022l, Alí Lozada, presidente de la (CC) rechazó el pedido que realizaron los titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, y del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, en torno a que se aclare la aplicación del habeas corpus, para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de ese recurso. Lozada catalogó a esa solicitud como una clara injerencia en las funciones de la Corte.

Recordó que desde 2019, en el marco de las normas que regulan el habeas corpus, la CC ha establecido jurisprudencia sobre esa materia en más de 20 sentencias, permitiendo identificar, de manera clara, cuándo esa garantía ha sido sujeta de abusos. Además, aseguró que en varias ocasiones planteó a la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a jueces en el ámbito de garantías constitucionales.

Juan José Morillo, vocal del CJ, refutó la posición de Lozada, asegurando que este organismo ha solicitado insistentemente que se faculte la creación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales. “Esta es la salida para que no se presenten habeas corpus en localidades donde no existen jueces especializados. De esta manera solucionaremos el abuso de las garantías jurisdiccionales”.

Agregó que desde 2020, el CJ advirtió de las consecuencias de que se hayan mermado las facultades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, y enfatizó que la Corte Constitucional está facultada, por el artículo 436 de la Constitución, para revisar las decisiones en  los casos de sentencias condenatorias.

Constitucionalistas difieren

La opinión de varios constitucionalistas sobre la competencia de la CC en este ámbito, difiere. Unos creen que la Corte sí cuenta con alternativas para delimitar los alcances del habeas corpus y evitar su aplicación indiscriminada. Otros opinan que los titulares de la CNJ y del CJ se extralimitaron en el pedido.

Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, manifestó que existe falta de claridad de lo que cada institución podría hacer para tratar de solventar el problema. “Ninguna institución podría resolver el problema de manera independiente, eficiente y adecuada”, dijo.

Explicó que el CJ podría apoyar con capacitación y especialización a los jueces constitucionales. Esto permitirá que magistrados conocedores de la materia sean quienes resuelvan las causas.

A la Corte Constitucional se le podría pedir que afine sus criterios. Pero, según Aguirre, al final del día se debe entender que este organismo se pronuncia sobre causas específicas, es decir, la CC no debe ser tomada como un segundo legislador.

Justo reclamo

El constitucionalista Esteban Ron afirmó que lo que hizo el titular de la CC fue confirmar las atribuciones de ese organismo de control, a la luz del pedido de la CNJ y la Judicatura, para que, a través de sus sentencias, regulen y limiten el habeas corpus y que este no sea discrecional. “Pero esto no puede hacer la Corte de manera arbitraria; lo que le está pidiendo la CNJ y la Judicatura es extralimitado”, subrayó.

De acuerdo con el análisis de este constitucionalista, las asperezas entre la CNJ, la CC y el CJ se limarán luego de que la Corte Provincial de Santa Elena resuelva el recurso de apelación que presentó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), para que se deje sin efecto el recurso de habeas corpus que le otorgó Diego Moscoso, juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto (Santa Elena) a Jorge Glas.  Sugirió que después de que se resuelva este recurso se deberían tomar los correctivos del caso, si es que existe abuso de derecho.  (SC)

‘Se reunieron a espaldas de la Corte’

 La constitucionalista Lolo Miño, cree que la  CC no es  la responsable de las decisiones de jueces ordinarios y alertó que el Ejecutivo y la Función Judicial  se reunieron  a “espaldas” de este organismo. “Si la Corte era el problema, lo lógico era convocarle y no hacerle ‘chivo expiatorio’ de una crisis generada por la negligencia o quizás hasta corrupción desde la justicia ordinaria”, expresó.

La jurista recordó que la sociedad civil tiene más de una década pidiendo que se capacite a jueces en temas procesales y sustantivos de las garantías.  Pero no lo ha hecho.

“Así como hay jueces que otorgan caprichosamente los habeas en casos políticos, que son muy pocos, hay muchos que las niegan por ignorancia de los requisitos para su operabilidad”. Sin embargo, subrayó que aquello no es atribuible a la CC, que emite criterios apegados a derecho, y no puede prever -ni debe hacerlo-, que eso puede ser políticamente manipulado.

‘Que se pongan de acuerdo’

 El presidente de la República, Guillermo Lasso, espera que la Función Judicial llegue a consensos mínimos con la Corte Constitucional.  “Ojalá que puedan dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos a ver si es un fallo de la Corte que no está claro, o de los jueces que abusan de este mecanismo”.  Sin embargo, enfatizó en que como Gobierno no pueden ser indiferentes ante la realidad de la violencia, producto de la delincuencia vinculada al narcotráfico.

“Estamos frente a un intento de crear cortinas de humo para que no se hable del problema de raíz. Hay corrupción, ignorancia y negligencia en la Justicia ordinaria, atribuible a la Judicatura, y un Ejecutivo que ve en la Corte un obstáculo para su agenda política”,

Lolo Miño, constitucionalista

 

“Las asperezas entre la CNJ, la CC y el CJ se limarán una vez que la Corte Provincial de Santa Elena resuelva el recurso de apelación que presentó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad”.

Esteban Ron

Constitucionalista

 El artículo 436, numeral 6 de la Constitución permite a la Corte Constitucional expedir sentencias que constituyan  jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, y los casos seleccionados por la CC para su revisión.

Convocatoria abierta para proyectos de radio o televisión en Ambato

Aporte. El trabajo debe enfocarse en el fortalecimiento de derechos.

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato (Ccpada) presenta la convocatoria para la producción de programas de radio o televisión online con enfoque de derechos.

El objetivo de esta iniciativa es generar e impulsar la producción de información sobre protección de derechos en la ciudad, la misma que durará seis meses con opción a renovación.

Las personas interesadas deberán descargar el formulario en la página web: https://ccpda.ambato.gob.ec/?page_id=2109, allí se solicita información sobre la propuesta.

Posteriormente se deberá presentar los documentos en físico en las oficinas del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato de la avenida Manuelita Sáenz y Quis Quis o también a través del correo electrónico: demo@ambato.gob.ec.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2022, en horarios de 08:00 a 16:30.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse a través del email: ccpd.ambato@gmail.com o a los contactos 032 400 101 – 0987982811. (FCT)

 

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Judicatura, uno de los culpables de la crisis carcelaria

El informe recomienda una política pública enfocada en Política Criminal y Derechos Humanos.

El abuso de la prisión preventiva y muchos privados de la libertad sin sentencia están entre las causas del hacinamiento y crisis carcelaria en general.

Para este 8 de noviembre a las 16:00 está previsto que se realice el debate y la aprobación del Informe de la investigación sobre la crisis carcelaria, inseguridad ciudadana y seguridad en las fronteras.

El documento, que contiene 53 conclusiones y 74 recomendaciones, dirigidas a diferentes entidades del Estado, de acuerdo con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, quien destaca que se trata de una “radiografía” de varias instituciones públicas y su falta de acción frente a la inseguridad por la que atraviesa el país.

La principal conclusión del informe, dice Narváez, es que el Estado le ha dado la espalda al Sistema de Rehabilitación Social. Esto, comenzando por la estructura inadecuada de la máxima entidad que regula el tema carcelario: el Directorio del Organismo Técnico.

Por ejemplo, Narváez explica que la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y los ministerios de: Deporte, Educación, Cultura, inclusión Económica y Social, Salud, entre otros, “han incumplido sus competencias en el proceso de rehabilitación social”.

Esto ha generado hacinamiento en las cárceles, infraestructura inadecuada, pérdida de soberanía al interior de los Centros de Rehabilitación Social, entre otras graves consecuencias que destaca Ramiro Narváez, por lo cual el informe concluye en que el Estado no tiene una política pública para generar un proceso de rehabilitación social adecuado.

“Las condiciones al interior de las cárceles son terribles, hay una violación de Derechos Humanos permanente; no hay agua, medicinas, ni programas, actividades o profesionales que garanticen un proceso de rehabilitación adecuado”, agrega Narváez y enfatiza en que esto representa una amenaza constante para la seguridad del Estado porque quienes salen de la cárcel tienen una alta probabilidad de volver a cometer delitos.

A esto se suma la inacción por parte del Sistema de Judicial del país. El informe determina que ha habido un abuso de prisión preventiva, porcentaje alto de presos sin sentencia, falta de beneficios penitenciarios (por varios motivos) porque no se cuenta con jueces de garantías penitenciarias y defensores públicos que tramiten estos procesos.

“El Consejo de la Judicatura es responsable de garantizar la eficiencia y eficacia del sistema judicial y no lo ha hecho. Esta es una de las instituciones responsables de esta crisis”, resalta Ramiro Narváez.

Recomendaciones:

Entre las recomendaciones que se mencionan dentro del informe están cambiar el Modelo de Gestión del Sistema de Rehabilitación Social; para eso se sugiere garantizar un presupuesto adecuado que permita mejoras en infraestructura, dotación de tecnología, incremento de agentes penitenciarios (en la actualidad hay 1.600 y se requiere 4.500) que deben ser debidamente seleccionados, capacitados y dotados de herramientas que les permita controlar y realizar su trabajo.

La separación de las personas privadas de libertad (PPL) es otra sugerencia sobre la cual se enfatiza en el documento. “Este es un tema urgente. Aquellos que están detenidos por delitos menores deben estar separados de quienes cometen delitos graves; los violentos de los no violentos”, señala el Presidente de la Comisión.

Finalmente, se hace una recomendación al fortalecimiento del rol del Sistema de Inteligencia del Estado a través del Subsistema de Inteligencia Penitenciario, el cual debe cumplir un rol de prevención de posibles amotinamientos, violencia y desarticulación de organizaciones delictivas que están constituidas la interior de las cárceles.

El informe está listo y será presentado este 8 de octubre para su aprobación en la Comisión de Seguridad para, una vez aprobado, ingresarlo al Pleno de la Asamblea. (MFU)

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Elección del Consejo del Consulado peruano tiene cuatro candidatos

CONSEJO. Florentino Jara, Ángel Bustamante, Faviola Flores y Roy Ariza, participantes como candidatos al Consejo de Consulta 2021 – 2022.

Este domingo de 09:00 a 13:00 tendrá lugar la elección en la sede del Consulado en Loja.

ZONA 7. El proceso de elección de los integrantes del Consejo de Consulta del Consulado General del Perú en Loja, período 2021–2022, se realizará el domingo 23 de septiembre. A la fecha, los ciudadanos peruanos que han registrado sus candidaturas son: Shirle Faviola Flores Ramírez, Roy Attler Ariza Jara, Ángel Frank Bustamante Rosas, y Florentino Jara Aguirre.
El Cónsul General del Perú en Loja, Luis Armando Monteagudo Pacheco, indicó que la elección de los integrantes del Consejo de Consulta se realiza mediante voto universal y secreto de los ciudadanos peruanos residentes en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, cuya dirección esté acreditada en sus respectivos documentos de identidad DNI; y, consten en el padrón oficial utilizado en el último proceso electoral presidencial peruano.
“Convoco a los ciudadanos peruanos residentes en Loja y Zamora Chinchipe a participar de este proceso de elección del Consejo de Consulta y con sus votos legitimar a los representantes de la comunidad peruana quienes tendrán la responsabilidad de articular acciones en pro de la comunidad peruana residente permanente y temporal en Loja y Zamora Chinchipe”, añadió.

Candidatos al Consejo de Consulta
Según el Reglamento de la Ley Nº 29495 “Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior”, las candidaturas pueden ser presentadas hasta una hora antes de la instalación de la mesa de sufragio el día domingo 26 de septiembre; para que la elección sea válida deberá acudir un número mayor al 4 % del total de peruanos registrados en el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Los candidatos registrados que destacan hasta la fecha en la colectividad peruana asentada en Loja, son empresarios, comerciantes y emprendedores habidos de colaborar con la oficina consular peruana. Roy Attler Ariza Jara, natural de Ancash, es un destacado empresario y promotor de la gastronomía peruana, dueño del restaurant “Perú Criollo”, con más de una década residiendo en la ciudad de Loja.
Shirle Faviola Flores Ramírez, es oriunda de la ciudad de Iquitos, es una pequeña empresaria de la industria textil, con más de dos décadas residiendo en Loja y cuenta con la experiencia de haber sido presidenta del Consejo de Consulta en el período 2016 – 2017.
Angel Frank Bustamante Rosas, es natural del distrito de Huacho, es un microempresario bodeguero, lleva casi una década residiendo en Loja, tiempo durante el cual siempre se ha mostrado colaborador y participativo en las actividades en pro de la comunidad peruana.
Por su parte, Florentino Jara Aguirre, natural de Ancash tiene estudios en psicología clínica en la Universidad Católica de Quito y se dedica a actividades económicas propias de su formación, lleva diez años residiendo en Loja.

Municipio de Quito autoriza el consumo de agua

Técnicos del Municipio inspeccionan un elemento del sistema de captación de agua de la capital.

ACTUALIZACIÓN

El Cabildo analizó la calidad del agua luego de que un tanquero derramara diésel en la vía Pifo-Papallacta. No se hallaron rastros del combustible.

A media tarde de este 22 de agosto de 2021, la emergencia establecida sobre el sistema de agua de la ciudad fue desactivada. Esto luego de que al mediodía, Gabriela García, gerente encargada de ambiente de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), pidiera no consumir directamente el agua del sistema público, pues se analizaba si estaba contaminada o no. También se desaconsejó utilizarla para cocinar o beber, aunque se la hirviera.

La medida se tomó tras el volcamiento de un tanquero que transportaba diésel, en la vía Pifo – Papallacta, la madrugada del 22 de agosto de 2021.

Unas horas después, sin embargo, la disposición fue desechada por el Cabildo, luego de que análisis realizados en el sistema de distribución del líquido descartaran que esta estuviera contaminada con rastros del combustible.

No hubo cortes de agua

Hasta las 13:00, la Epmaps detalló que no se habían registrado cortes de agua en la ciudad, pero que de ocurrir aquello, se contaba con 24 tanqueros para abastecer a la ciudadanía.

Calidad del agua

El agua que pudo resultar afectada por el derrame de combustible corresponde al 70% de la ciudad. Abarca el norte de Quito, desde la avenida Colón hasta Carapungo.

También pudieron estar involucradas las parroquias nororientales, que abarcan la zona desde Pifo a Guayllabamba.

En el sur de la capital, detallaron las autoridades, nunca hubo complicaciones, pues la planta presuntamente afectada (Bellavista) no abastece a ese lado de la ciudad. (AVV)

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Desarrollan conversatorio jurídico para profesionales de derecho

EVENTO. La participación del conversatorio fue de forma gratuita.

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Loja, desarrolló la tarde del miércoles 28 de abril de 2021, a través de medios telemáticos el segundo video conversatorio jurídico.

150 participantes, entre profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio y comunidad universitaria participaron de la jornada académica donde se expuso sobre “¿Cómo desarticular la aplicación de los estereotipos de género en la resolución de causas judiciales, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, COIP”

El conversatorio jurídico estuvo a cargo del doctor José Álvarez Ramírez, Juez del Tribunal de Garantías Penales de Loja.

Dolores Yamunaqué, Directora Provincial de Loja, resaltó que estos espacios de capacitación permiten reforzar los conocimientos de los profesionales del Derecho al intercambiar criterios jurídicos y de aplicación de la norma en materia Penal y No Penal.

En Loja, las capacitaciones virtuales iniciaron en marzo y se desarrollarán hasta noviembre de 2021, entre el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

Esta actividad es gratuita y se enmarca en el segundo eje de gestión del Consejo de la Judicatura que establece el fortalecimiento a través de capacitación a los operadores de justicia.

Personal contratado para elecciones están de salida

TRABAJO: Personal contratado en el CNE se va despidiendo de la institución.

El personal contratado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales de 2021 y segunda vuelta electoral, de apoco dejan la institución, tras concluir sus contratos laborales. En esta ocasión, se contrataron más de 800 personas para diferentes funciones desde finales de 2020 hasta mediados de este 2021.

Unos contratos ya fenecieron el 15 de abril, otros concluyen el 30 de este mes y el próximo 15 de mayo, otro porcentaje concluye el 30 de junio. La contratación de más de 800 personas le significó al CNE destinar un rubro de aproximadamente entre 700 y 900 mil dólares, para temas de sueldos y logística. Se contrataron coordinadores de mesa, técnicos, entre otros profesionales.

Luis Cisneros Jaramillo, director de la Delegación Provincial del CNE, manifestó que existen diferentes fechas de terminación de contratos, en la mayoría de casos depende de las tareas que cumplieron en elecciones. “Esos temas poco a poco se van saldando, va saliendo el personal y hasta junio, únicamente quedarán quienes tienen contratos permanentes en la institución”, dijo.

Según la autoridad, el 15 de abril ya salió un grupo, el 30 de este mes lo harán otros, al igual que a mediados y a finales de mayo de este año. “El último grupo de funcionarios que saldrán será en junio”, refirió. La última actividad del CNE después de las elecciones, del CNE fue la entrega de credenciales a los asambleístas provinciales, ahora están enfocados en la parte administrativa, es decir, en la revisión y cancelación de todos los contratos de los coordinadores, receptores de mesa, entre otros.

En el caso de los miembros de la Junta Provincial Electoral de Loja (JPEL), estarán en funciones al menos hasta mediados del próximo mes, debido a que existen recursos pendientes y no hay notificación desde lo nacional. “En un primer término, la normativa establece que ellos deben estar en funciones hasta la entrega de credenciales o posesión oficial de los asambleístas”, reveló.

Promoción

Asi, el tema del Fondo de Promoción Electoral, relató que es manejado por matriz del CNE. Ese dinero para la campaña propagandística en medios de comunicación lo destinaron desde Quito, “referente al pago, siempre está relacionado con la disponibilidad del Ministerio de Finanzas, a pesar que los trámites se hacen de inmediato, pero la transferencia está en manos de lo financiero”, dijo.

 

EL DATO

La contratación de funcionarios le costó al CNE entre 700 y 900 mil dólares en estos comicios.

TITULAR: CNE define protocolos para elecciones del 11 de abril

SITUACIÓN. Ciudadanía debe cumplir con protocolos el domingo de elecciones.

El titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Loja, luego que la provincia entrara en estado de excepción ya se reunió con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, para definir los lineamientos y directrices para las elecciones del domingo 11 de abril. El horario del sufragio se mantiene de 07:00 a 17:00.

Luis Cisneros, director de la Delegación Provincial del CNE, manifestó que administrativa y operativamente no hay ningún tipo de cambios, los comicios deben desarrollarse en los plazos establecidos por el pleno. “Esto ya lo conversamos con el alcalde quien es el presidente del COE Nacional, y demás integrantes de la Mesa de Seguridad, para definir los controles para temas de movilización, aglomeraciones y otras medidas, para salvaguardar la integridad de las personas”, dijo.

Indicó que los permisos para cualquier tipo de actividades son las instituciones descentralizadas las que tienen que emitirlos. “El tema de movilidad, restricciones, asociaciones, entre otras, no es tema de la función electoral, sino más bien son los encargados de organizar el proceso electoral y controlar en la medida del marco constitucional que las actividades permitidas por el Estado se desarrollen sin afectar el marco electoral”, enfatizó.

Actualmente, Loja se encuentra en estado de excepción lo que implica ciertos protocolos, como el hecho de la prohibición de la libre movilidad, circulación y otras restricciones que entraron en vigencia el pasado 2 de abril. “Nosotros conversamos con los integrantes del COE y tenemos libre movilidad en estos días como funcionarios del CNE, considerando que estamos próximos a desarrollar los comicios de la segunda vuelta electoral”, aclaró Cisneros.

En los cantones con más de 100 mil electores, las caravanas se podrán concretar con 50 vehículos y caminatas con 200 personas; en las jurisdicciones con 10 mil a 100 mil electores las caravanas de 30 vehículos y 150 personas; y, finalmente los cantones con menos de 10 mil electores con 20 vehículos y 100 personas. Estos permisos los otorgarán los GADs, de acuerdo al color del semáforo sea amarillo o rojo.

Para el domingo 11 de abril, las directrices es contar con la mascarilla, alcohol, gel y cumplir con el distanciamiento de los 2 metros entre una y otra persona. Aquí estarán a cargo del control el personal de la Policía Nacional y fuerzas Armadas, para evitar aglomeraciones. En esta ocasión, los electores ya no tendrán que asistir de acuerdo al último dígito de la cédula.

 

EL DATO

Las elecciones se cumplirán el domingo 11 de abril de 07:00 a 17:00 a nivel nacional.

Contradicción por prohibición de apertura de bares y discoteca

Decisiones: Estos negocios más de un año que están cerrados en Loja.

Según las últimas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), del pasado 2 de abril, tras entrar Loja en estado de excepción, resolvió prohibir la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia, pese a que, en la ciudad, estos locales no están funcionando desde marzo de 2020, fecha en que inició el aislamiento en el país.

“Esta resolución en Loja no tiene ninguna validez, de prohibir que estos locales puedan atender al público en este tiempo de estado de excepción, cuando en la ciudad estos negocios están cerrados desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia”, dijo José Luis Sánchez, propietario de bar. Este es uno de los sectores más golpeados, porque no ha abierto sus puertas durante más de 12 meses.

Por su lado, Efrén Cuenca, representante de la Asociación de bares y discotecas, manifestó que el tema es complicado en Loja, los casos de Covid-19 siguen en aumento, son decisiones acertadas de las autoridades para evitar la propagación del virus. Sin embargo, aclaró que no han atendido desde el año anterior, por lo tanto no se debe hablar de prohibiciones para estos locales durante este tiempo de excepción, cuando todos están cerrados.

Lo que sí aclaró es, que desde algunos meses, la mayoría de bares optaron por reactivarse, pero bajo la modalidad de restaurantes con un aforo del 50%, ofertando comida rápida al menos para cancelar los servicios básicos y gastos que implican los arriendos. “Hoy el estado de excepción, trae que tengamos nuevos horarios de atención al público, es decir de 11:00 a 19:00, debido al toque de queda en la ciudad”, dijo.

Confesó que en este tiempo esperaban tener algún tipo de réditos por el feriado nacional, pero la emergencia sanitaria está complicada y es momento de todos arrimar el hombro. “Estamos afectados, nuestros bolsillos no pueden mantener más los negocios, hay pérdidas de más de un año y créditos vencidos por pagar. Esperamos que también los bancos tomen correctivos y generen medidas en beneficio de los deudores que no tenemos como cancelar los créditos”, reveló.

En Loja entre bares y discotecas, hasta antes de la pandemia, eran más de 90 establecimientos, con la emergencia sanitaria algunos cerraron sus puertas de forma definitiva, otros en cambio la mayoría de bares pasaron a operar como restaurantes. Durante los últimos meses hubieron ofrecimientos de las autoridades para pensar en una re apertura, sin embargo, no se cumple hasta la fecha, pese a existir protocolos para abrir las puertas al público. Quienes sí lo hicieron fueron los representantes de los centros de tolerancia, que actualmente volvieron a cerrar sus puertas.

 

EL DATO

La Asociación de bares y discotecas a inicios tenía más de 36 asociados, actualmente quedan menos de 17, algunos cerraron sus negocios.