El CNE está a pocas semanas de asumir dos retos: poner en marcha la consulta popular, y las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2025. Pero la preparación de ambos procesos ocurre en medio de una división de criterios entre sus vocales.
Al menos tres hechos han abonado en los últimos meses, a aparentes diferencias entre la mayoría que opera en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que está a poco tiempo de ser renovado parcialmente por una disposición constitucional que está a cargo de una comisión ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Uno de los eventos que dejó en evidencia el fraccionamiento interno ocurrió en julio de 2023. La discusión en el CNE sobre la viabilidad o no de ejecutar el conteo rápido de votos en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 20 de agosto de 2023, puso a prueba la mayoría en una sesión virtual del 20 de julio de ese año.
En aquella plenaria se había conocido un informe de la Dirección de Sistemas e Informática Electoral sobre la ‘Factibilidad de Implementar el Proyecto de Conteo Rápido’ propuesto por Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Sin embargo, su iniciativa no contó con los votos suficientes, ni para aprobarlo, ni para negarlo.
Esthela Acero se sumó a la tesis de Pita y razonó que el conteo rápido es un ejercicio estadístico que permite calcular con mayor precisión y confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados la misma noche de las elecciones y conocer con rapidez cómo serán los resultados al término del conteo de votos. “Es una herramienta que bien utilizada fortalece la confianza y transparencia del proceso electoral”, dijo.
Pita defendió su iniciativa argumentando que es una herramienta para contar con información preliminar. Diana Atamaint y José Cabrera se abstuvieron.
Presupuesto para la consulta
Meses después, en febrero de 2023, en medio de la organización de la consulta popular, entre los consejeros hubo reparos a la hora de aprobar el presupuesto para la organización de dicho proceso.
Aunque los vocales votaron unánimemente para aprobar un presupuesto de $60 millones, Pita hizo un llamado a las áreas técnicas de la institución para que se propenda a que el presupuesto para organizar las elecciones de 2025 sea austero. Agregó que, como institución, se debe llevar un control para cuidar los recursos del Estado
Campaña por la consulta
El más reciente desacuerdo se produjo el 28 de marzo de 2024. En un evento público desarrollado en el CNE, la prensa le preguntó a Diana Atamaint si el presidente de la República, Daniel Noboa, no tiene impedimento para difundir su propuesta de consulta popular (durante la campaña que se realizará del 7 al 18 de abril).
El primer mandatario “es el proponente (de la consulta popular), yo no le veo ningún impedimento de difundir cuál es la propuesta que él planteó para consulta popular; él emitió un decreto y tiene que hacer conocer a la ciudadanía qué es lo que le quiere consultar al país”, afirmó la titular del CNE.
Atamaint mencionó que no se puede perder de vista quién es el proponente de la consulta. “Es el presidente de la República, y tiene todo el derecho de hacer mención de esta propuesta que es su iniciativa”, subrayó.
Dijo que el movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) no está legalmente reconocido, y está en proceso de inscripción, así que no es un actor político, ni sujeto político. “En este caso, es el presidente de la República quien tuvo esa iniciativa (de la consulta)”, insistió la titular del CNE.
Atamaint agregó que no son solo preguntas propuestas por el jefe de Estado, sino una pregunta que salió de la Asamblea que también entra para la campaña.
Reacción de Pita
Pocas horas después de esta declaración, Enrique Pita escribió en sus redes sociales que el Gobierno, como proponente de la consulta, puede llevar adelante una campaña explicativa de las preguntas propuestas, correspondiendo exclusivamente a las organizaciones sociales y políticas registradas en el CNE el derecho a realizar la promoción a favor del ‘Sí’ o el ‘No’ respecto a las preguntas planteadas.
El mensaje de Pita estuvo acompañado de una referencia al artículo 278 del Código de la Democracia que señala que las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde 11 hasta 20 Salarios Básicos Unificados (SBU), destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años. La norma se aplicará a quienes incurran en las siguientes conductas: “Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan al voto favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a un candidato”. (SC)
Diez organizaciones políticas están autorizadas por el CNE para hacer campaña por el ‘Sí’ o el ‘No’ entre el 7 y el 18 de abril de 2024.
Desde el 24 de abril de 2021, la vocal Elena Nájera actúa en minoría; reemplazó a Luis Verdesoto.
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