Wellington Toapanta
Complejas, pero identificables son las matrices de la incertidumbre y zozobra económica y social que asola al Ecuador por el irregular servicio de energía eléctrica: las referencias remontan al populista y turbio cambio de matriz energética promovido entre el 2007 y 2017.
El activo periodismo de investigación mostró que en ese cambio sufrió la ética, el fisco, el país, incluso medios de comunicación, como diario La Hora, que fue imputado después que el inefable presidente, en borrascosa sabatina ‘sugirió’ procesarlo por un expresivo artículo que reveló tufos en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco por la inefable Odebrecht, crisis que provocó tensiones severas entre los gobiernos del Ecuador y del Brasil.
Hugo Chávez, acaso por sostener el proyecto socialista del siglo XXI, persuadió a Correa a restablecer abrazos con Lula da Silva; antes, el gobierno ‘premió’ a la empresa brasileña con $ 20 millones por entregar la obra antes del plazo previsto, pero a poco mostró escandalosos defectos operativos. Acaso el abrazo en las riberas del Amazonas desvaneció una glosa por $ 57 millones que pesaba sobre Odebrecht.
Con méritos, la compañía se ubicó como fallida, vedada para nuevos contratos, pero pronto estuvo en la explanada de la Refinería del Pacífico. Meses después, en el Enlace Ciudadano 306, el gobierno anunció el cambio de matriz energética. Se jactó de haber invertido $ 14.398 millones en construir centrales hidroeléctricas para convertir al Ecuador en exportador de energía. No dijo que las obras fueron con créditos atados, con contratos llave en mano; guardó condiciones, incrementos injustificados de precios.
La capacidad eléctrica instalada del Ecuador suma 8.036,34 megavatios (MW), 60,75% renovable, 39,25% no renovable. El mercado demanda 4.500. Superávit 3.536, pero no cesa la agenda de apagones. Los ‘innovadores’ esfumaron estiajes, mantenimiento del parque térmico, los sucesores no remediaron. La contraloría, la justicia tienen tarea. Urge rediseñar la matriz energética con equilibrio operativo de fuentes renovables y no renovables; es posible con participación pública y privada; el marco legal lo permite, desplazando obstáculos administrativos ‘revolucionarios’ aún incrustados.