Tablita de drogas

Preocupa. Ciudadanos, organizaciones, instituciones del Estado, se mueven con pies de barro ante la ola de violencia desplegada, en Ecuador, por el “crimen organizado”. La edificación del drama actual tomó fuerza el 2007, revestida de paraguas constitucional en 2008 y sucesivo ordenamiento complementario.

Todo, sobre la base de populismo y manipulación de mensajes; paralelamente, encajonaron la cívica, la ética, la filosofía en el sistema educativo, como la proliferación de subsidios y latisueldos, mientras el desarrollo económico y social fue represado, para sobrevivir con tarjetas de crédito, con préstamos de chulqueros, que afectan el bienestar nacional.

El ordenamiento establecido desde el 2008 plagó de derechos a los ciudadanos, convertidos en tales los fetos recién alumbrados del vientre materno. El Estado de propaganda despilfarró el ahorro heredado; cuando lo agotó, la deuda fue medio para mantener el espejismo económico, político y social, impulsado por el inusitado aumento del precio internacional del petróleo.

Tomó cuerpo la “generación de cristal”, sobre la base de “derechos”, exentos de obligaciones y responsabilidades, pero estaba incompleta; “meter las manos en la justicia” fue imperativa. Sin rubor, fue anunciada el 25 de enero 2011, meses antes de la consulta popular respectiva.

La administración pública, el sistema educativo estaban cooptados; el turno fue para el Consejo de la Judicatura Transitorio, que en 18 meses puso a la justicia al servicio del gobernante, desbordando sus propios parámetros de calificación.

En 2013 se consolidó fórmula de la corrupción: poder hegemónico más discrecionalidad, menos transparencia. Rigió la burda Ley Orgánica de Comunicación. En 2014, se legalizó a Ecuador como mercado de consumo y comercialización de estupefacientes, con una tablita incluida en el Código Orgánico Integral Penal. Hoy, los centros educativos tienen asedio de microtraficantes de edades similares a los educandos. Las amenazas, riesgos, la violencia, están en el orden del día.

Fiscales y jueces, no subyugados, son víctimas cruentas de la ya común “delincuencia organizada”, frase recurrente desde la sentencia penal contra Jorge Glas Espinel, quien había desempeñado diferentes funciones en el gobierno del 2007 a 2017. Nuevos procesos abiertos no han simulado en aflorar probable vinculación con “delincuencia transnacional”. Odebrecht sería símbolo.

La “delincuencia transnacional” es selectiva, escoge a sus miembros y víctimas y busca impunidad. El presunto asesino del fiscal Edgar Escobar tiene 16 años de edad, beneficiado de infinidad de derechos, como fiscalizar al poder público, revocar y elegir el mandato de autoridades de elección popular, pero con limitaciones legales para procesado penalmente.

Para salvaguardar la integridad de operadores judiciales se pide declaratoria de emergencia al sector. Nada efectivo. Fiscales y jueces penales que investigan y sustancian casos del “crimen transnacional organizado” deben ser jueces sin rostro. Un proceso sostenido para erradicar el estado de violencia debería iniciar por sustituir el ordenamiento legal vigente que la sostiene, paralelamente revertir la “generación de cristal”, estimular la inversión productiva y la generación de empleo.

Proterva manipulación

En la Asamblea Nacional se ha ensamblado una mayoría que se esfuerza por distorsionar la política como servicio público y mutarla a medio para servirse de ella, para usufructuar de ella, a cómo dé lugar.

La historia ecuatoriana acumula ejemplos, pero son exponenciales desde el 2007, cuando la denominada “revolución ciudadana” sistematizó procesos para posicionar a la política, como instrumento, para satisfacer egocentrismos, espejismos, intereses particulares y de grupo, en detrimento de necesidades esenciales de Ecuador, refrendadas por numerosas causas penales imputadas.

Su actual generación, instalada en la Asamblea Nacional como UNES, que en el proceso electoral de gobiernos locales se membretará como “Revolución Ciudadana”, ante la luz pública no escatima acciones infringiendo la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, paradójicamente tuteladas por el gobernante del 2007 al 2017.

Desde dicho lapso, la política fue acentuada como sinónimo de oscuras negociaciones, perversas manipulaciones, de enriquecimiento ilícito, que ha provocado, en la población, creciente aversión a partidos y movimientos políticos, a sus dirigentes, porque se traducen como medios de compra y venta, más no de formación y capacitación de gobernantes preocupados por el bienestar nacional; es la sustancia de la política.

Pero la distorsión no afecta a la mayoría parlamentaria, comandada por UNES, sino persiste en ella, por lo que sus recientes albañales han sido denunciados como afán de nuevamente “meter las manos en la justicia”, para presuntamente anular sentencias y procesos penales contra sus dirigentes, favorecer impunidad a sancionados con imputaciones demostradas.

Para ello, esa mayoría alienta la progresión de la perversión de la política, a través de estrepitosas maniobras, como impedir el cierre del juicio político contra cuatro miembros (incluida la expresidenta) del Consejo de la Judicatura, por su insuficiencia de votos para censurarlos y destituirlos de sus funciones.

Un juicio político concluye con los votos contabilizados sobre la moción propuesta por el o los interpelantes, pero el presidente de la Asamblea Nacional maniobró para enervar la ética política y la ley Orgánica de la Función Legislativa, condicionando el finiquito a su discrecionalidad. Maniobra suprema de corrupción. En el recinto aseguran que la suspendida sesión 798 se reinstalaría cuando UNES y los suyos negocien los votos que les faltan. ¿Hasta cuándo? El juicio está en el purgatorio.

Por si fallan, están en línea los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otro medio posible para tramitar impunidad, mientras hacen columna los ministros del Interior y de Defensa, como supuesto pago a la CONAIE, que pretendió crear ambiente de conmoción interna para destituir al presidente de la República.

Paralela a dicha agenda, que no responde a las urgencias nacionales de seguridad, empleo y otros, les cayó, como balde de agua fría, la propuesta de consulta popular presidencial, particularmente la pregunta sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.

Chilenos rechazan Árbol de Navidad

El ‘Árbol de Navidad’ construido por los convencionales (constituyentes) de Chile fue rechazado por casi las dos terceras partes de electores, pese a tener incrustados innúmeros obsequios, pero no atractivos para su cultura, su dinámica económica, política y social.

El Árbol, construido en nueve meses, por la mayoría de 154 constituyentes, se tradujo como propuesta exenta de tecnicismo constitucional, de la esencia cultural de los representados, por lo que fue considerado escabroso en sobremesas familiares, ambientes de amigos, laborales, artísticos, deportivos, congregaciones religiosas, y más.

Entre religiosos hubo  disonancia. Desde un monasterio de la congregación de Carmelitas Descalzas respaldaron la propuesta convencional, pero la asociación de la orden replicó que, dicha postura, “no representa la opinión de las carmelitas de Chile”. Un vocero de la Iglesia católica observó que el proyecto “no protege  la vida del que está por nacer (…), derecho humano inalienable”, mientras el capellán, de la presidencial Casa de La Moneda, estimó que sintonizaba “con la doctrina social de la Iglesia”.

La pretensión de “refundar” Chile fue rechazada, porque los electores rehusaron sentir, en carne propia, las manipulaciones del Foro de Puebla, cuyos voceros guardan silencio ante el aparatoso resultado. Solo el Presidente colombiano adjetivó el pronunciamiento popular, pero tuvo réplicas gruesas internas y externas, menos de Boric y de su cancillería, mutismo que derivaría en  importantes costos políticos.

Fidel Espinoza, senador socialista, retrató la derrota de la coalición gobernante: “Háganse responsables los señores convencionales (constituyentes) de esta debacle. Redactaron una Constitución desde el odio y sus frustraciones (…).  Quisieron  ir por todo y nos dejaron sin nada. Se lo dijimos, hasta el propio Gabriel Boric, desde  hace meses.  Nos ningunearon”.

Un columnista de El Mercurio, acotó que “si hubiésemos escuchado a los expertos no habríamos producido la mala Constitución  que nos propusieron”; otro apuntó que “la votación del rechazo, es también un castigo a su proyecto político, (a Boric)”. Analistas resaltaron que “la agenda de cambios radicales, que prevaleció en el órgano redactor, llevó al fracaso de la propuesta”.

Clarín, de Buenos Aires, estimó que el resultado del plebiscito implica un “voto castigo para el Gobierno de Gabriel Boric”, con el cual, coincidieron otros periódicos latinoamericanos; pero, el mandatario ha eludido, expresamente, responsabilidades políticas, aunque después de 48 horas musitó que “es uno de los momentos más difíciles que me ha tocado enfrentar”, y aseguró que no afectará su programa de Gobierno, del cual, paradójicamente, desplazó a sus incondicionales, para ubicar gente de centroizquierda.

Lo de Chile influirá en las estrategias del Foro de Puebla, en el tablero político latinoamericano, con eventuales consecuencias en los ánimos del mandatario colombiano, en los próximos comicios presidenciales brasileños, en la irónica ruta argentina; acaso en Ecuador, podría reactivarse el cese de la Constitución de 2008, por una reformada de 1998, para tratar de remediar el controversial proceso político ecuatoriano.

Chilenos detendrían nueva ola migratoria

Es muy probable que, este domingo 4 de septiembre, votantes chilenos eviten una nueva estampida migratoria en Sudamérica. Las encuestas, incluidas las de la coalición gubernamental, pronostican que ganaría el “rechazo” a la Constitución elaborada por la mayoría paritaria de constituyentes de Gabriel Boric.

El proyecto que será plebiscitado este domingo prendió alarmas en actores económicos y sociales internos y externos, derivadas en escaladas cambiarias, inflacionarias y tensiones. No pocos esperan resultados con motivaciones migratorias, si inciden los denominados indecisos.

Sin embargo, la tendencia negativa a la aprobación parecería ser sólida, porque, al inicio de esta semana, reflejó “El Mercurio”, en su portada que el “índice de incertidumbre económica retrocedió 19%, registrando un valor de 360 puntos”.

El proceso constituyente determinó el progresivo encarecimiento de la canasta básica, progresiva devaluación del peso chileno, alimentó intenciones migratorias, por la inclusión de normativas contrarias a la seguridad de inversiones, al empleo, lo que también prendió alarmas en casi un millón de migrantes venezolanos, que abandonaron su patria por similares razones. Pasea el fantasma de cierre de empresas, de desempleo; también, porque se proyecta establecer innumerables subsidios, no compatibles con la cultura económica chilena.

El proyecto de Constitución es consecuencia del estallido social de octubre de 2019 y de casi el 70% de votantes que establecieron la Constituyente paritaria, cuya mayoría bregó por “robustecer” las cartas políticas vigentes en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, lo que debilitó el apoyo; además, desde su interior, afloró la antiética en aquella lucha, generalmente incompatible con la progresista practicidad chilena.

Es que rebrotó el rostro y torso desnudo de Rodrigo Rojas Vale, quien, en octubre de 2019, también enarboló carteles, exponiendo que había vendido todos sus bienes para pagar su presunto tratamiento oncológico.

El voto popular favoreció a Rojas Vale para integrar la Constituyente, en la que actuó como uno de sus vicepresidentes; sin embargo, cercado por la realidad, él mismo desvaneció su embustera  patología; confesó su fraude, que salpicó a la mayoría constituyente.

Esa trampa, mentira, engaño, estafa pública de Rojas Vale, recordó situaciones semejantes de asambleístas ecuatorianos elegidos, pese a tener glosas, cuentas con la Justicia. En las 178 páginas, 388 artículos y 57 disposiciones transitorias del proyecto constitucional, se propone que Chile sea un Estado plurinacional y reconozca sistemas jurídicos indígenas “coordinados en plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”.

La mayoría de chilenos considera que la plurinacionalidad y los paralelos sistemas jurídicos sugieren establecer procesos secesionistas, destrucción de la integridad, de la unidad territorial chilena. Otra gran preocupación: el gobierno pospuso su iniciativa de reforma previsional, “hasta después del plebiscito, por elevada incertidumbre política”.

El eventual resultado negativo del referendo tendría consecuencias en el espectro político sudamericano, donde similares movimientos, a los de Boric, pujan por establecer, en diferentes países, la absoluta regencia del Estado (gobierno) sobre la dinamia económica y social.

Desencanto político

Por diferentes razones toma cuerpo la desesperanza en el gobernante, quien, en el proceso electoral de 2021, se vio rodeado de expresivos carteles de que “Lasso es nuestro líder”. Quince meses después de ejercer el poder transmite dubitaciones y desconexión con la ciudadanía que confió en él.

Sin operadores políticos eficientes para conectarse con la opositora Asamblea Nacional, el gobernante ha visto hacer agua la necesaria normatividad para atraer inversión productiva, generar empleo y bienestar ciudadano. En los últimos días son visibles eventuales relaciones con  los truculentos que gobernaron entre 2007 y 2017. Mantiene la estructura del servicio público heredada, erigida clientelarmente, que sustituyó a presionados funcionarios con “renuncias voluntarias” y obligaciones jubilares, a quienes todavía se deben los prometidos beneficios complementarios.

Los oferentes establecieron incondicionales que estarían bloqueando iniciativas de mejorar el servicio público y al Estado. La estructura del IESS es un ejemplo. Pese a conocer las razones de la crisis institucional, no se corrige uno de sus mayores problemas, como el tener endosado prestaciones médicas a las cargas familiares de los afiliados sin el correspondiente financiamiento. Es oneroso el subsidio que pagan todos los aportantes.

El gobernante supo, desde el inicio, que tendría desafección legislativa, que ha crecido por experticia comercializadora de votos en el escenario que carece de ideologías, donde priman intereses particulares y ansiedad por establecer impunidad delincuencial, demostrada en la amnistía a vándalos y en sistemáticos esfuerzos para controlar las entidades encargadas de administrar justicia y organismos de control.

No solo eso, busca gazapos para destituir al mandatario, pero el mayoritario grupo de la operación conspiradora ha fallado por inusitadas posiciones de parte de sus aliados que muestran unidad para rechazar iniciativas legislativas favorables a la inversión y empleo.

El Gobierno no lee que sus adversarios repulsan la ética política, proponer iniciativas legislativas favorables al desarrollo económico y social, pero concentrados en fiscalizar funcionarios, uno de los cuales aseveró que “ojalá atrás de este juicio político no estén las grandes estructuras del crimen organizado”, como conjeturó  el Ministro del Interior a una revista nacional.

La mayoría parlamentaria opositora tiene una clara hoja de ruta trazada para que fracase el Gobierno, detener la recuperación económica y social de Ecuador. Mostró la combinación de acciones con la denominada movilización indígena para desplazar al gobernante, pero como  falló promovieron “mesas de diálogo” para obtener más subsidios, adicionar succiones a la caja fiscal, a los contribuyentes, relativizando prioridades de inversión y empleo.

Últimas acciones mostrarían que el Gobierno desea sobrevivir a cualquier precio. ¿Qué significa la designación de una visible correísta como gobernadora de Los Ríos, como el gerente de Petroecuador?

Tal, aparente, sinuosa escalada no solo exhibe el Gobierno. Cursa en el Consejo de Participación Ciudadana una terna para nombrar presidente del Consejo de la Judicatura, encabezada por otro fervoroso personaje correísta. Son abonos, a los desencantos políticos ciudadanos.

Inseguridad y política

Entre los constitucionales deberes y responsabilidades ciudadanas consta “participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera ética y transparente”. En el Art. 83.17 está el texto, pero casi nadie lo lee, menos lo asume, porque los actuales actores se esfuerzan por degradar la política, mientras el civismo parece tener algún sentido solo en recintos militares y de la Policía.

La participación e integración comunitaria está en retroceso, en tanto las formas éticas y transparentes de obrar política, cívica y comunitariamente son, cada vez, más escasas en los diferentes estamentos políticos y ciudadanos.

Si se habla de participación política, cívica y comunitaria, imposible obviar que desde décadas atrás la población se muestra reacia a la política, porque los llamados a darle sentido de servicio a la sociedad se sirven de ella para amasar fortunas, como han demostrado innumerables investigaciones periodísticas y sentencias penales, contra quienes encabezaron, por ejemplo, el Gobierno entre el 2007 y 2017.

Por ello parece ser astucia o demagogia de quienes inspiraron normas y las manipulan proliferen, en sus populistas discursos, ética y transparencia, mientras por debajo de la mesa entretejen coimas, sobreprecios, peculados, delincuencia organizada, con amparo de la Asamblea Nacional que no cesó ni cesa en atropellar la Constitución durante la formación de la ley, en la concesión de amnistías y en otras resoluciones turbias.

Tal la regularidad de las actuaciones de los hoy membrados como ‘Revolución Ciudadana’, que, sin remordimiento, desde la Asamblea responsabilizan de la creciente inseguridad y debilidad para controlarla al Ejecutivo, sin mínima autocrítica, de, acaso, responsabilidad primaria y eventual disfrute de la escalada de violencia.

Sobran preguntas: ¿quién liberó la comercialización y consumo de estupefacientes?, ¿quién flexibilizó la legislación penal, desde la Constitución, para favorecer a los infractores?, ¿la mayoría de la Asamblea Nacional es o no parte de la estructura de decisiones políticas del Estado, llamada a proponer y determinar soluciones a importantes problemas del país?

¿Quién desmanteló las casas de seguridad que mimetizaban a los agentes encubiertos para contrarrestar operaciones ilícitas?, ¿quién demolió el sistema de inteligencia formado por militares y policías que intercambiaban información de dichos agentes?, ¿sesgó la SENAIN la información con fines distintos a la seguridad interna?

Especialistas aseguran que se construía un narcoestado, cuyos cimientos tendrían importantes espacios en la Función Judicial y otras del Estado. Los gestores tienen suficiente dinero para remunerar elementos para mantenerlo, por ello, su lucha sin cuartel, con arsenales y dispositivos más eficaces que los estatales.

Ecuador está en dilemas. Preciso es, “participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera ética y transparente” para lograr resultados que reviertan la escalada de violencia.

Dislate legal

La mayoría de la Asamblea Nacional se esfuerza por adoptar resoluciones que trizan el ordenamiento legal y constitucional, porque mantienen el legado de sus arrogantes predecesores de Alianza PAIS (hoy Revolución Ciudadana) que gobernaron diez años.

Los 75 asambleístas que votaron afirmativamente por reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, vienen y están vinculados a esa escuela, como los desertores de Pachakutik, Izquierda Democrática y otros, que, sin tapujos, violentaron preceptos de formación de la ley, previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Constitución.

No cabe pensar que los 75 tengan militancia y formación política, por ausencia de ideología, doctrina, ética política, por lo que sus actuaciones, en la Asamblea Nacional, responderían a consignas o disposiciones de quien o quienes les dirigirían externamente.

Cuando fue Presidente, al actual prófugo de la Justicia, le fue imposible describir el concepto de “Socialismo del Siglo XXI”; desde ahí viene la orfandad ideológica. Sin rubor, repuso que “prácticamente nadie lo podría definir (…), incluso los teóricos del Socialismo del Siglo XXI todavía no lo pueden definir”. Hasta hoy no lo hacen.

Por ello, la “Revolución Ciudadana” es apelativo que no trasluce ideología ni doctrina; sus integrantes responden a consignas y disposiciones de su imperativo dirigente. Tiene registro en el Consejo Nacional Electoral, sin identificación ideológica. El tercer inciso del Art. 109 de la Constitución no lo exige a los movimientos.

Es el escabroso sustento legal para que, en la Asamblea Nacional, este ausente el debate ideológico y doctrinario. Cuando les interesa muestran perdición sobre el proceso de formación de la ley, como ocurrió con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

El Ejecutivo remitió a la Asamblea un proyecto de nueva Ley de Comunicación, calificado por el CAL y remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales para que continúe el procedimiento. Ocho de sus nueve miembros redactaron la nueva ley y emitieron el informe que fue negado por el Pleno; lo que se aprobó no fue un informe de minoría, sino uno conteniendo reformas no encomendadas a ella. Es el escandaloso vicio de procedimiento.

La Comisión no discutió reformas, pero las aprobó el Pleno. Innecesario comentar las tropelías contenidas en el articulado de la pretensión de nueva ‘mordaza’ al periodismo. El vicio descrito es suficiente para que sean totalmente vetadas por el Ejecutivo.

Las reformas contienen despropósitos, como aquello de que “habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito legal o de otra índole”. El Art. 136 de la Constitución exige, entre otros requisitos, la “expresión clara de los artículos” en los proyectos de ley, de lo contrario no serán tramitados. Con “de otra índole” se da pábulo a la arbitrariedad, a los temperamentos del acusador y del juzgador, un dislate de los ‘formadores de la ley’.

Voto facultativo

Aventurado sería afirmar que Ecuador habría sostenido tránsitos para vigorizar su cultura democrática. Desde el “reestreno democrático” en 1978, han ocurrido 18 elecciones periódicas de gobiernos seccionales, a través de sufragio universal, libre, igual y directo, pero el sistema ha tenido más de un sobresalto, generalmente, por corrupción.

Después de 44 años, subsisten dos partidos: Social Cristiano y Socialista. De los 15 restantes uno sobrevive con distinto nombre: Unidad Popular. Los otros son historia. Para las elecciones programadas del 5 de febrero de 2023 podrán participar 276 organizaciones registradas legalmente, que intentarán captar el voto de 13.4 millones de electores, de los cuales alrededor de 4 millones lo harán en forma voluntaria o facultativa.

El voto es potente arma cívica. Si se deposita bajo principios, contribuye a establecer senderos de progreso, desarrollo y bienestar. Lo contrario significa el escalamiento del populismo, del clientelismo electoral, la sobrevivencia de la corrupción. Por ello es relevante educar, capacitar al voto facultativo, para cimentar civismo, principios democráticos.

Los comicios de febrero tienen mayor relieve, porque también eligen a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa: Fiscal General, Contralor General y Procurador General del Estado; Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendentes de Bancos, Compañías y otras.

El contexto expresa que cada votante tiene alta responsabilidad sobre el futuro del Ecuador, particularmente en la lucha contra la corrupción, que lacera la caja fiscal, en detrimento de obras y servicios públicos. De los casi 4 millones de votantes voluntarios, 635.381 tienen entre 16 y 18 años de edad; 1’717.842 más de 65 años. Alrededor de 600 mil analfabetos, más de 830 mil personas con discapacidad, aproximadamente 240 mil miembros de la Fuerza Pública, como extranjeros con 16 años y más, residentes en el país, al menos cinco años, empadronados.

Los 4 millones de votantes discrecionales son decisivos si se pronuncian en los comicios. Restan menos de siete meses para el evento cívico-político. El Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Educación, los medios de comunicación deberían concertar acciones para difundir y promover principios democráticos en los sufragantes opcionales, a fin de evitar manipulaciones populistas.

La inercia de las organizaciones políticas para realizar capacitación política en sus militantes y adherentes debe ser imputada por el organismo electoral por incumplir este “obligatorio cumplimiento” determinado en el Art. 312 del Código de la democracia.

La desidia de los colectivos políticos les lleva a hurgar candidatos en sitios impensados, quienes, generalmente, carecen de bondades relacionadas al servicio público, sustancia suprema de la política.

La Fuerza Pública también enfrenta contradicciones estrambóticas. Se la determina como no deliberante, pero tiene voto facultativo, para lo que obligatoriamente tiene que deliberar política, sobre realidades locales, nacionales e internacionales. La salud política ecuatoriana tiene imperativos para ser consecuente con la vigencia del sistema democrático y bienestar nacional.

Elecciones enigmáticas

En el reestreno de la democracia ecuatoriana, en 1978, después de casi una década de dictaduras, hubo fervor cívico-político-electoral en la antesala de comicios presidenciales de primera vuelta, de representantes provinciales (legisladores), prefectos, alcaldes, consejeros y concejales; 44 años después ese entusiasmo está en declive.

Entonces, las organizaciones políticas y sus candidatos, con convicción, debatieron doctrinas, ideologías, programas de gobierno, lo que hoy es enigma y remoto, reminiscencia porque las estructuras son débiles, acompañadas de controvertida legislación y abúlicas autoridades.

Entonces los contendores políticos sostuvieron ideologías y programas de gobierno en debates encendidos que alimentaron posiciones filosóficas, históricas, sociológicas, éticas. La población diferenció derechos y obligaciones con responsabilidad social, por lo que fue activa en los procesos políticos.

El registro de organizaciones políticas no fue superior a 17. En 2022, 44 años después, con 276 partidos y movimientos, en la antesala electoral de gobiernos locales el entusiasmo es esquivo; apenas se escucha a ciertos dirigentes, mientras el grueso de la población transita por la indiferencia, pese a saber que serán sus mandatarios en la administración de la cosa pública.

Podría existir hartazgo político por la ola de corrupción que rodea a los gobiernos locales. Una reciente revelación del Contralor ha dicho que existen 117 informes con responsabilidad penal, que incluyen desviación de fondos de recaudación de impuestos, hasta contratación de carnavales y festivales sin sustentos.

Es posible que no pocos de los involucrados, en los informes, opten por la reelección, por ausencia de sentencia ejecutoriada; pero insistirán con sus discursos clientelares, vandalizando a la ética y a la transparencia, como algunos lo hacen en la Asamblea Nacional, gorjeando discursos sobre democracia y limpidez.

La desidia ciudadana parece ser consecuente con los desparpajos de autoridades que desde hace 15 años se han esforzado por devaluar los principios cívicos-políticos y éticos, matizados con la exclusión, del pensum de estudios, de la cívica, la ética, la historia, la filosofía.

El espectro político ecuatoriano de 276 organizaciones se alista para pretender el voto de 11’096.824 obligatorios sufragantes y 2’352.225 optativos, pero no se esperan debates ideológicos-doctrinarios, sino ofertas débiles, inútiles para materializarse.

Se estima que para los comicios del 5 de febrero próximo participarían 90.000 candidatos para ocupar 5.640 dignidades de elección popular, pero ya se advierte la austeridad de las organizaciones para cumplir el mandato del Art. 312.5 del Código de la Democracia, que, obligatoriamente, les manda “formar a todas y todos sus miembros para el ejercicio de funciones públicas en cualquier nivel de gobierno”.

La amplia mayoría de organizaciones políticas designará candidatos evadiendo rigores de “democracia interna”, por lo que los dirigentes usarían las eufemísticas “elecciones representativas” para postular elementos según sus conveniencias.