En la Asamblea Nacional, Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que se evalúa la situación jurídica de magistrados indagados como sospechosos del presunto delito de delincuencia organizada.
Al menos dos temas claves están en manos del Consejo de la Judicatura (CJ) y deben ser resueltos en medio de una crisis institucional que atraviesa la Función Judicial.
En el contexto de la investigación que desarrolla la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que involucra a un exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), a jueces y funcionarios judiciales, la Judicatura está inmersa en un proceso de cambios para designar nuevas autoridades.
Las indagaciones por los casos Metástasis y Purga dejaron fuera de sus cargos a alrededor de 14 jueces (8 de Metástasis) y (6 de Purga), y la Judicatura está en el camino para definir el mecanismo para sus reemplazos.
También está la decisión que debe adoptar para reemplazar a diez jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Los puestos de cuatro de ellos están vacantes desde hace más de un mes. El 2 de febrero de 2024, la Judicatura cesó en funciones a los jueces nacionales Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines. Aunque estos despachos están ocupados por conjueces, estos magistrados tienen la facultad de admitir o inadmitir demandas, pero no de emitir sentencias.
Los puestos de los otros seis jueces titulares deben ser cubiertos por un concurso público de oposición y merecimientos que debe organizar el Consejo de la Judicatura.
El reglamento para el concurso podría aprobarse hasta la próxima semana, según anunció el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, en la comparecencia que cumplió el 6 de marzo de 2024 ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.
La generación de un nuevo documento donde estarían definidas las reglas juego del concurso está en proceso desde las primeras semanas de enero.
El 19 de enero, cuando el Pleno de la Judicatura declaró la nulidad total insanable del concurso público de méritos y oposición, para la designación de jueces de la CNJ que inició en julio de 2023 el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, también se dispuso que dentro del término de 20 días, la dirección nacional de Talento Humano de la institución debía presentar a la Dirección General, los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar jueces de la Corte.
En su comparecencia a la Comisión de la Asamblea, Álvaro Román también dijo que se evalúa la situación jurídica de los magistrados (investigados por la Fiscalía y procesados como sospechosos en la Corte Nacional).
Dijo que la prisión preventiva que pesa en su contra debe ser valorada en torno a si cabe o no sumarios administrativos. Sin embargo, puntualizó que para que puedan tener una inhabilidad deben ser llamados a juicio.
Pago de sueldos suspendido
Este 7 de marzo, en el espacio de entrevistas de un medio radial de Quito, Álvaro Román anunció acciones inmediatas contra los servidores judiciales involucrados en el caso Purga. Entre ellas, dio a conocer que la Dirección de la Judicatura del Guayas procedió con la suspensión del pago de sus sueldos.
El pasado 4 de marzo, durante la audiencia de formulación de cargos en contra de los investigados por el caso Purga, trascendió entre varios de los abogados -según publicaciones en medios de comunicación- que quienes se desempeñaban como funcionarios de la Corte de Justicia del Guayas (actualmente indagados) iban a poder seguir percibiendo su sueldo a pesar de la prisión que fue dictaminada por el juez de la Corte Nacional de Justicia. Los salarios de los entonces servidores habrían fluctuado entre los $1.500 y $4.000.
En la misma entrevista radial, Álvaro Román advirtió que las malas prácticas disciplinarias dieron paso a irregularidades en la Función Judicial, y no descartó el inicio de investigaciones para conocer si existen sumarios o reactivar otros que fueron archivados. (SC)
La Judicatura acordó una agenda mínima que tiene como prioridad el concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la CNJ, evaluación de juzgadores y notarios.
De los 8 jueces, sospechosos en el caso Metástasis son: 1 es de La Concordia, 1 de Santo Domingo, 4 de Guayas, 2 de Cotopaxi. Del caso Purga, son 6 jueces de Guayas.
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