El Consejo de la Judicatura debe resolver la evaluación de fiscales y notarios, así como la designación de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces de cortes provinciales.
La evaluación de 700 fiscales, pendiente desde 2021, la calificación a notarios, la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y jueces de cortes provinciales, son algunos temas pendientes en el Consejo de la Judicatura que también están bajo la mira de los políticos que anuncian un proceso de evaluación a la Justicia.
Además de las evaluaciones y designaciones, en la Judicatura también se espera por la designación del quinto vocal que reemplace a Fausto Murillo, quien fue destituido por una mayoría en la Asamblea el 29 de febrero de 2024.
Así se desenvuelven los vocales suplentes de la Judicatura (Álvaro Román, Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides), quienes están a un poco más de diez meses de cumplir el periodo de seis años para el que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (Cpccs-T) que lideró Julio César Trujillo y que nombró a cinco vocales principales y cinco suplentes el 23 de enero de 2019.
Evaluación de jueces
Desde la administración del expresidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, esta entidad de control administrativo y disciplinario de la Función Judicial no habría evaluado a más de 1.500 jueces que integran las cortes provinciales del país. La Constitución dispone que para que estos funcionarios permanezcan en sus cargos deben pasar evaluaciones periódicas.
Esta falla habría creado las condiciones propicias para que sectores como el movimiento Revolución Ciudadana (RC); la primera fuerza política de minoría en la Asamblea, anuncien un proceso de evaluación a la Justicia.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, fundamenta, por ejemplo, que el caso Purga, es el inicio de un reparto permanente de la Justicia desde que el Cpccs-T, nombró a los vocales de la Judicatura, “algunos de los cuales (Wilman Terán y Xavier Muñoz), están presos o con llamamiento a juicio”, dijo Aguirre.
“Ya ninguno queda dentro del Consejo; no se encargaron de hacer lo que tenían que hacer; las evaluaciones a los fiscales y a los jueces. Y para salvarse, en 2022, repartieron 30 cargos de asesores, asistentes de asambleístas y familiares de asambleístas fueron contratados por el Consejo de la Judicatura a cambio de votos”, agregó Aguirre.
El caso Purga es una indagación que lleva a cabo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a quien el correísmo busca enjuiciar políticamente por presunto incumplimiento de funciones.
Para Aguirre, el caso Purga sería el inicio de un entramado de corrupción en el que los jueces no fueron evaluados, ni hubo un control disciplinario. Por lo pronto, anunció que pedirá a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), un análisis exhaustivo de todas las direcciones del CJ, jueces y fiscales del país, así como exfuncionarios del CJ para conocer sobre sus patrimonios.
“Nosotros estamos analizando a jueces y fiscales que han utilizado el cargo valioso que se les ha dado para impartir justicia, para permitir que narcotraficantes o delincuentes sean beneficiarios. Estamos analizando cómo se repartió la Justicia desde la Judicatura, sin ningún tipo de sanciones”, afirmó durante una rueda de prensa esta semana.
La RC también se comprometió a investigar a su exasambleísta Ronny Aleaga, involucrado en el caso Metástasis, y a Pablo Muentes (PSC) indagado en el caso Purga.
Un botín político
Agustín Acosta, presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional, calificó de “impresionante” el involucramiento que tiene el sector político (PSC) en la Función Judicial.
Resaltó que ha quedado en evidencia, según la investigación fiscal, que cierto partido político busca tener control y poder en esas instituciones “para hacer de las suyas”.
A su criterio, al final del día, son los mismos partidos políticos que controlan, nombran y remueven funcionarios, pero se olvidan que las falencias en la Justicia también pasaban cuando estaban en el poder.
“Va a ser difícil quitarles el poder y el interés que tienen en controlar la Justicia, porque ellos tienen los votos y no van a querer perder el poder”, afirmó.
Cree que sería necesario que, desde las sociedad civil o gremios, se demuestre la influencia negativa que tienen los partidos y movimientos en la administración de justicia. (SC)
El caso Purga es una indagación que lleva a cabo la fiscal Diana Salazar, a quien el correísmo busca enjuiciar políticamente.
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