Murillo se defiende de una acusación planteada desde 2022 por los ex legisladores Xavier Santos (ID) y Luis Almeida (PSC). Sin embargo, el escenario político ha cambiado.
Fausto Murillo, el único vocal principal que se mantiene en el Consejo de la Judicatura (CJ) desde enero de 2019, se juega por segunda ocasión su cargo en medio de un juicio político en la Asamblea Nacional.
Hasta el 16 de febrero de 2024 la Comisión de Fiscalización del Parlamento, controlada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), tiene previsto conocer y aprobar un informe que recomiende al Pleno continuar o no con el juicio político en su contra por presunto incumplimiento y arrogación de funciones.
En septiembre de 2022, Murillo se salvó de ser destituido y censurado por una Asamblea que también estaba dominada por el correísmo y los socialcristianos. Estas fuerzas políticas acusaban a los vocales de incumplimiento de funciones relacionadas con una presunta falta de evaluación del desempeño a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En ese año, la Izquierda Democrática (ID) también se plegó a la tesis de la oposición, pero no les alcanzaron los votos (92) para remover de los cargos a tres vocales de la Judicatura; incluido Fausto Murillo, y sus entonces colegas Maribel Barreno y Juan José Morillo.
Ellos, en una estrategia de defensa casi conjunta lograron esquivar la destitución en el Parlamento, y continuaron en sus cargos. Meses después, un proceso en la justicia ordinaria seguido en contra de Maribel Barreno y Juan José Morillo les obligó a abandonar la Judicatura.
Se defiende solo
Dos años después de este episodio, el escenario político y las condiciones de la interpelación en contra de Murillo son distintas. Él se defiende solo de una acusación que plantearon en 2021 los entonces legisladores Xavier Santos (ID) y Luis Almeida (PSC). Ninguno de ellos ganó las elecciones legislativas de octubre de 2023.
Por su ausencia en el Parlamento, la Comisión de Fiscalización encargó la causa en contra de Murillo al asambleísta Carlos Vera Mora (PSC).
Presunto incumplimiento de funciones
El PSC acusa a Murillo de no haber denunciado, mientras se desempeñó como presidente del CJ encargado, a los entonces vocales Morillo y Barreno actualmente investigados por presunto tráfico de influencias, y por no haber abierto un expediente disciplinario en su contra.
Murillo aclaró que los vocales del CJ están sujetos a juicio político, pero no a un régimen disciplinario.
Añadió que otra acusación en su contra, relacionada con una supuesta no regulación de la homologación salarial desde 2007 para los servidores judiciales, tampoco tiene asidero legal.
“Se necesita que el Ministerio de Finanzas asigne un presupuesto extraordinario; no hemos tenido ese presupuesto y mucho menos en el 2022”, dijo. En todo caso, aseguró que existe la documentación que respalda las gestiones realizadas a Finanzas. “Se me quiere atribuir una responsabilidad que no tengo”, señaló.
Para Murillo, los argumentos del PSC son “pretextos y herramientas de persecución que serán desvirtuadas en el proceso (…) si tengo que ser censurado, lo seré con dignidad, caso contrario saldré airoso con la misma dignidad”, expresó.
‘Se tomará una decisión’
Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), presidenta de la Comisión de Fiscalización, deslinda responsabilidades del correísmo en la presentación de la solicitud del juicio a Murillo y recordó que las firmas para iniciar el proceso en 2021 provinieron del PSC y de la ID. Dijo que, en ese año, el correísmo votó en contra de su continuación.
Pero afirmó que, en esta ocasión, después de escuchar al proponente y al enjuiciado, se tomará una decisión.
El martes 13 de febrero de 2024 concluyen los diez días para la evacuación de la prueba documental. Hasta el momento se ha actuado la prueba testimonial.
Aguirre dijo que en la prueba audiovisual se proyectaron videos en los que los funcionarios judiciales denunciaban que tenían que poner de sus propios recursos para comprar tinta de impresoras y papel. Además, los usuarios se quejan de las malas condiciones de los baños, etc. Agregó que, de casi $14 millones destinados como presupuesto a CJ solo se habría ejecutado menos de $5 millones.
Pamela Aguirre dijo que otra de las causales del juicio es una presunta arrogación de funciones de Fausto Murillo, debido a la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que Álvaro Román debía presidir la Judicatura. “Sin embargo, se le discriminó; y se dispuso a la Judicatura que le ofrezca disculpas públicas”.
Elsy Celi, suplente de Murillo
La Judicatura está integrada por delegados del Ejecutivo, Legislativo, Corte Nacional, Fiscalía general, y Defensoría Pública, que envían ternas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para su designación.
En enero de 2019, Murillo fue elegido de una terna enviada por la Asamblea Nacional, y hoy es interpelado por la Función del Estado de la cual es su representante, aunque jurídicamente sí lo puede hacer. En caso de que sea destituido y censurado, su vocalía será asumida por su suplente, la abogada Elsy Celi. (SC)
‘Actuación transparente’
El ex vocal del CJ, Juan José Morillo, quien también es indagado políticamente en la Asamblea, aseguró que su actuación en el ejercicio público siempre fue transparente, como lo demostrará en el curso del juicio político, sobre la base de las pruebas que ha solicitado sean actuadas por el cargo de un supuesto tráfico de influencias que consta en la acusación, y que presuntamente buscaba dar paso a la acción de protección propuesta por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
El caso del exministro Fernando Santos Alvite
Después de que la Comisión concluya el trámite de este juicio, esta instancia legislativa deberá tomar una decisión sobre si continuar o no con la interpelación a Fernando Santos Alvite, exministro de Energía del Gobierno de Guillermo Lasso, cuestionado por la crisis energética.
Fuentes de la Comisión de Fiscalización explican que en el caso de la interpelación a Santos existe un vacío jurídico porque la sesión que llevaba este proceso “no se cerró”.
Luego será el turno para la interpelación del exministro del Interior, Juan Zapata; luego seguirá el proceso planteado por la Revolución Ciudadana, en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE).
En enero de 2024, la actual configuración del Consejo de la Judicatura cumplió cinco años en funciones; su periodo culminará en enero de 2025.
¿Quieres recibir las noticias más importantes? ¡Suscríbete sin costo, recíbelas por WhatsApp! Da clic aquí