La bancada oficialista afirmó que UNES y el PSC no lograron su cometido de volver a meter las manos en la Justicia.
Los asambleístas del movimiento Pachakutik evitaron, ayer 1 de septiembre de 2022, la censura y destitución de Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), de los vocales Juan José Morillo, Ruth Barreno; y María del Carmen Maldonado, expresidenta del CJ, acusados por las bancadas de la Unión por la Esperanza (UNES),y del Partido Social Cristiano (PSC), de presunto incumplimiento de funciones.
Al correísmo, PSC e Izquierda Democrática (ID), que a última hora resolvió plegar a la tesis de la oposición, no les alcanzaron los votos requeridos para remover de sus cargos a los vocales de la Judicatura. El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) dispone que se necesitarán de 92 votos para la remoción, pero solo lograron reunir 87 a su favor. Las abstenciones sumaron 49 voluntades. La reconsideración de la votación está pendiente y podría concretarse en la sesión del próximo martes.
Contra la impunidad
Sofia Sánchez (Pachakutik), al anunciar que su bloque se pronunciará por la abstención, recordó que en el pasado, se resolvieron sentencias con llamadas telefónicas y correos electrónicos. “Resolvían sentencias desde las sabatinas; el pueblo ecuatoriano recuerda esos momentos nefastos que vivimos”, dijo. En esa época también muchos medios de comunicación fueron perseguidos. “No podían ni abrir la boca, pero hoy son independientes”.
La legisladora opinó que con la censura a los vocales se buscaba un pacto. Reconoció que son “muchos los errores” que tiene el Consejo de la Judicatura y los tiene que remediar. “Esta será una lección para que sepan lo que deben rectificar. Nosotros estaremos vigilantes, pero hoy, las causales y el momento no es el adecuado, porque sabemos qué es lo que se podría venir después”.
En ese sentido, Sánchez recordó que existen muchos recursos de revisión que se pueden resolver o están pendientes en las Cortes. “Pero como Pachakutik jamás estaremos de acuerdo con la impunidad y que los prófugos de la Justicia vuelvan al Ecuador como si nada hubiese pasado. Eso no lo vamos a permitir; somos un Pachakutik coherente y orgánico que no recibe órdenes para votar ni de Bélgica ni de Guayaquil y tampoco de Cotopaxi. Eso que quede claro; nosotros razonamos nuestro voto y pensamos y sabemos qué es lo que le conviene al país. Nuestro voto será la abstención”, anticipó Sofía Sánchez, previo a la votación.
Juan Fernando Flores, jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), destacó el resultado de la votación, y afirmó que UNES y el PSC no lograron su cometido de volver a meter las manos en la Justicia
Defensa de los vocales
En el ejercicio de su derecho a la defensa, Fausto Murillo, presidente del CJ, recordó que el juicio político tiene reglas mínimas y que su deber es defender la gestión llevada adelante. Expuso las normas y resoluciones que facultan a ese organismo a evaluar el desempeño de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Dijo que de conformidad con la Constitución, el CJ se encargó de evaluar a los jueces con el apoyo de un comité de expertos que brindaba asistencia técnica, pero jamás delegó esa competencia.
La evaluación a los jueces se hizo de forma técnica y objetiva para remover a aquellos funcionarios que no alcanzaron un puntaje de 80%, es decir, jueces incompetentes que no estaban capacitados para administrar justicia. Aclaró que los jueces removidos no tienen derecho a una segunda oportunidad porque están fuera de la carrera judicial.
Murillo señaló que para no suspender el Sistema Nacional de Justicia, porque el 80% de jueces no superó las pruebas de evaluación, nombró a conjueces, de conformidad con lo que establece el artículo 40, numeral 2 del Código de la Función Judicial.
Sobre el nombramiento de fiscales provinciales, señaló que se declaró la nulidad de ese concurso, porque la Contraloría observó que el sistema no daba seguridad ni transparencia. Indicó que sobre la base de los argumentos expuestos y al no haber causal alguna solicitó archivar el juicio político.
En su defensa, el vocal Juan José Morillo, subrayó que no existen argumentos que demuestren el incumplimiento de funciones. Precisó que el CJ realizó un proceso de evaluación al amparo de lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Mencionó que debido al incremento de patrimonios injustificados, la Judicatura solicitó a la Contraloría que realice un examen especial del patrimonio de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Después, Maribel Barreno se refirió a las siete acusaciones de los interpelantes. Entre otros aspectos, justificó la asistencia técnica, jurídica y metodológica del Comité de Apoyo a la Evaluación y dijo que en ningún momento el Consejo delegó sus facultades. La mejor defensa de los interpelados sobre este particular es la sentencia de la Corte Constitucional que determinó que no se evidencia delegación de facultades al Comité de Apoyo, es decir, una cosa juzgada no debe revisarse en el ámbito político, agregó.
Aseguró que la nominación de conjueces temporales se hizo para llenar las vacantes dejadas por los jueces y conjueces que no superaron la evaluación. Además, porque estaba agotado el banco de elegibles por efecto de la resolución emitida por Gustavo Jalkh en 2018. (SC)
Cambio de terna
Fuentes de la Corte Nacional de Justicia aseguran que hay la posibilidad de que Iván Saquicela cambie la terna para que se elija al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, quien pudiera presidir ese organismo. Hay conversaciones en el interior del Alto Tribunal acerca del retiro de la que Saquicela envió al Consejo de Participación Ciudadana, y que no ha sido tratada. Los nombres de esta terna son: Maritza Romero, Marco Tello y María Fabiola Gallardo.
De hecho, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, aseguró que no convocará a la elección, porque no hay pedido formal para una terna.
En la Corte Nacional de Justicia también estaban a la expectativa de lo que decida la Asamblea Nacional sobre los vocales ya que hay preocupación de sumarios administrativos abiertos en contra de jueces supremos. (JC)