El proceso que se planteó entre 2021 y 2023 en contra de vocales del Consejo Nacional Electoral fue suspendido temporalmente en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no calificó ni sustanció las seis solicitudes de juicio político que estaban pendiente de trámite, como lo establece en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
En su lugar, en una sesión de la Mesa de Fiscalización convocada este 13 de diciembre de 2023 por la presidenta del organismo, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), se tomaron varias decisiones: en un caso se suspendió temporalmente el tratamiento, mientras otras solicitudes de juicio se archivaron, y otras más fueron desviadas para su trámite al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que luego sean conocidas por el Pleno del Parlamento.
Con este trámite, la Comisión de Fiscalización -controlada por el correísmo- quedó en libertad para avocar conocimiento, calificar y proceder con la sustanciación de otras causas como las solicitudes de juicio político planteadas en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, de la fiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar, y de algunas autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ)
CNE: suspendido temporalmente
El primero caso que fue abordado fue la solicitud de juicio político a Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Esthela Acero, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este caso, el proceso también fue planteado por los exlegisladores de Pachakutik Joel Abad y Mario Ruiz, entre 2021 y 2023, y se extendió al exconsejero Luis Verdesoto.
Con 8 votos a favor (Revolución Ciudadana, PSC y ADN) la Comisión aprobó suspender el trámite de este caso porque el CNE está en medio de un proceso electoral para designar vocales de juntas parroquiales.
Asambleístas desistieron del juicio
Considerando que el exlegislador de Pachakutik Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, actual parlamentaria de Construye, presentaron el 20 de marzo de 2023 una solicitud de desistimiento (renuncia) del juicio en contra de los exministros Patricio Carrillo (Interior), Diego Ordóñez (Seguridad) y Paola Flores (Derechos Humanos), la Comisión de Fiscalización resolvió archivar el proceso, también con los votos de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC).
El oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) planteó en la sesión que sea el pleno de la Asamblea quien decida los nombres de los nuevos interpelantes, pero la moción no tuvo apoyo. Construye votó en contra del archivo.
En la lista de pendientes por conocerse en Fiscalización también estaban dos procesos en contra de Darío Herrera, exministro de Obras Públicas; las peticiones fueron planteadas entre 2021 y 2023 por los exsambleístas Jorge Abredrabbo (PSC) y José Chimbo (Pachakutik).
En la comisión no hubo los votos para enviarlos a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego al pleno de la Asamblea; pero al correísmo y al PSC sí les alcanzaron los votos para archivar la causa.
Sobre el proceso en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión, que fue planteado por el exasambleísta Mario Ruiz (Pachakutilk) en 2021, en la Comisión de Fiscalización se aprobó una moción de César Umajinga (ADN) para que el caso sea conocido por el Pleno del Legislativo por no tener interpelantes.
Con las mismas consideraciones, el proceso que en 2021 siguieron los exlegisladores Xavier Santos y Luis Almeida en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo (actual y exvocal del Consejo de la Judicatura), por presunto incumplimiento de funciones, deberá ser sustanciado en una sesión del Pleno de la Asamblea, pero no se especificó una fecha. (SC)
El trámite, según la LOFL
El artículo 81 de la LOFL, que hace referencia a la calificación de solicitudes de juicio político, señala que la Comisión de Fiscalización dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con los requisitos (37 firmas de respaldo, presentación de pruebas); caso contrario, la archivará.
Calificado el trámite, dice la ley, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento para que en el plazo de quince días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.