En la diligencia, que se desarrolla en el Complejo Judicial de Quitumbe (sur de Quito), se conoce la acción de protección presentada por Guadalupe Llori.
La audiencia de acción de protección presentada por Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional entró a receso por resolución de María del Carmen Salazar, jueza de la Unidad de la Familia con sede en Quitumbe (sur de Quito).
Ocurrió varios minutos después de instalada la diligencia, cuando los abogados de la presidencia del Legislativo (a cargo de Virgilio Saquicela desde el 31 de mayo), alegaron, hoy 22 de agosto de 2022, que la destitución de Llori es “cosa juzgada”.
Esta figura legal se refiere a que en el sistema judicial no podrá volver a sustanciarse un nuevo procedimiento por los mismos hechos o discutir nuevamente algo que ya se resolvió, como este “supuesto derecho a ser presidenta de la Asamblea Nacional”, dijo Esteban Torres, jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), y tildó de “insólita” la pretensión de Llori de pedir una indemnización de 100.000 dólares.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano existe el derecho a ser elegidos, y si la Asamblea ha removido a alguien no es lógico que tenga que volver a ser discutido por segunda vez en el nivel judicial, afirmó.
Torres aclaró además que la justicia constitucional no es indemnizatoria; es reparatoria.
Estamos en Quitumbe en la audiencia constitucional donde la asambleísta Llori busca que le regalen 8 millones de dólares.
Insólito abuso de las garantías constitucionales, promovido por ciertos vocales del Consejo de la Judicatura, que debe ser rechazado y condenado. pic.twitter.com/j0AISMPIrB
— Esteban Torres Cobo ???????? (@etorrescobo) August 22, 2022
El 18 de agosto de 2022, María del Carmen Salazar aceptó tramitar la acción de protección presentada por Llori donde solicita ser restituida en su cargo, así como la destitución de los asambleístas: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (ala rebelde de Pachakutik), Lucía Placencia (disidente ID), John Vinueza (Independiente) y Pedro Zapata (PSC), que integraron la Comisión Multipartidista que la investigó, incluido el actual presidente de la Función Legislativa, Virgilio Saquicela.
Además, pide los 81 legisladores que votaron en su contra el 31 de mayo de 2022 -que terminó en su destitución por presunto incumplimiento de funciones- cancelen una indemnización de USD de 100.000 cada uno, y ofrezcan disculpas públicas.
A su ingreso a la diligencia, Llori declaró a periodistas que su intención no sería volver a la presidencia de la Asamblea. “Aquí no se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea; se trata de exigir la reparación de todo el daño causado a mi familia, a Pachakutik y a mi como una mujer amazónica y política”, señaló la legisladora.
Anticipó que continuará presentando acciones constitucionales y judiciales para hacer respetar sus derechos humanos. (SC)