María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, sostiene que la consulta popular solo cerrará las puertas a la explotación controlada y desatará más impactos negativos.
Este próximo 20 de agosto de 2023, junto con las papeletas para elegir Presidente de la República, asambleístas y sobre la explotación o no en el bloque petrolero ITT, los quiteños también tendrán otra papeleta para decidir si se prohíbe toda actividad minera en el Chocó Andino.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, reconoció que esa consulta está pasando desapercibida, a pesar de su importancia.
En entrevista con LA HORA, defiende a la minería formal y aclara que la consulta no resuelve la mayoría de los problemas ambientales y sociales del Chocó Andino.
P. ¿Considera que la Consulta Popular antiminera en Quito está pasando desapercibida en medio de la campaña presidencial? ¿Qué se está jugando en esta consulta?
Se está jugando bastante, pero coincido que el tema de la consulta sobre el Chocó Andino está pasando como algo secundario. Como Cámara de Minería del Ecuador siempre nos hemos pronunciado en contra de este tipo de consultas populares locales. La Constitución claramente establece que el Estado central es el dueño y administrador de los recursos del subsuelo, de tal manera que una consulta popular local no puede decidir el destino de los recursos que se encuentran en el subsuelo. En segundo lugar, este tipo de iniciativas plebiscitarias lo único que hacen es generar inseguridad jurídica y eso repele a las inversiones de calidad. Se cerrarían las posibilidades de proyectos a futuro o la apertura del catastro minero en la zona; pero se dejarían de resolver la mayoría de graves problemas ambientales y sociales del Chocó Andino.
P. ¿Cuáles son esos problemas ambientales y sociales que no se resuelven con la consulta antiminera?
La consulta popular antiminera lo único que podría producir es que a futuro deje de venir inversión para minería responsable. Sin embargo, nada dice y nada actúa en contra de la minería ilegal. No habla de cómo se va a mitigar la expansión de la frontera agrícola, o de la tala ilegal de bosques, o del tráfico de especies, o del colapso de colectores de aguas servidas de la zona. Hay una suerte de discriminación contra la minería legal; pero nada se dice de lo demás. Esto a pesar de que la minería responsable es imprescindible para la transición energética, las energías más limpias, el crecimiento económico. Si gana el sí en la consulta antiminera, no se estarían resolviendo los problemas del Chocó Andino; solo nos perjudicaríamos todos.
P. Uno de los principales argumentos contra la minería en el Chocó Andino es que devasta y contamina una zona de riqueza ambiental incalculable. ¿Qué decir al respecto?
Es indudable que el Chocó Andino es una zona especial; pero no es cierto que la minería va a devastar todo. La actividad minera legal, que atraiga a las mejores empresas internacionales que coticen en bolsa, es una garantía de respeto con el ambiente. Ya hay excelentes ejemplos de minería a gran escala trabajando en el país (Fruta del Norte) y siendo una suerte de aliada para la conservación. Los mineros responsables, los mineros a gran escala responsables, somos ambientalistas. El tema de la protección del ambiente es una de las prioridades de la industria. Las actividades mineras están prohibidas, según la Constitución, en áreas protegidas, áreas urbanas y zonas intangibles. El Chocó Andino no está en esas categorías.
P. ¿Qué decir sobre el hecho de que los antimineros acusan a la minería cómo una de las principales amenazas a las fuentes de agua y las especies endémicas?
Nosotros como mineros estamos obligados a devolver el agua al ecosistema en iguales o mejores condiciones. Esto gracias a procesos de tratamiento de agua y verificación en laboratorios externos. Las concesiones mineras son áreas amplias. En esas áreas uno presenta un plan de manejo ambiental, explicando qué parte va a ser intervenida; y obviamente qué planes hay para controlar y mitigar cualquier eventual impacto. El resto de la concesión no se toca, se conserva. Hay monitoreos bióticos. Se implantan viveros para la recolección de especies vegetales endémicas.
P. ¿Decir no a la minería formal es igual a abrirle la puerta a la minería ilegal y otras actividades ilícitas?
Sí. Cuando nosotros estamos en territorio, conservamos y cumplimos con toda la normativa que establece el Estado. Antes de cerrar la puerta a la minería formal, debería haber suficiente número de guardaparques y una política pública clara contra la minería ilegal. Si nos cierran la puerta a nosotros, se la abren a la narco minería. Un ejemplo es lo que pasó en el Río Blanco (Azuay), donde se paró un proyecto ya en marcha, y ahora esa zona está llena de mineros ilegales y destrucción. Sin embargo, ciertos sectores llamados ambientalistas no dicen nada sobre eso.
P. ¿Es posible que mineros y ambientalistas se sienten en una mesa para generar consenso y trabajar de la mano?
Sí, eso es posible y ya lo hemos hecho. Fruta del Norte, por ejemplo, trabaja de la mano de Conservación Internacional. En el país existen ambientalistas realmente preocupados por la naturaleza y el agua; pero también hay personas con agendas propias vinculadas con la minería ilegal. El potencial minero todavía está poco explorado en el país. Se necesitan al menos ocho años para saber si una concesión tiene viabilidad económica. Se puede trabajar de la mano con los que realmente están preocupados por el ambiente; pero sin cerrar la puerta a la actividad formal y responsable. (JS)
Ecuador tiene dos minas a gran escala; mientras vecinos como Perú tienen 65 minas de esas dimensiones, y en Chile se superan las 100.
Actualmente, en el Chocó Andino, solo existe un solo proyecto minero legal en fase de exploración.
1 de cada 100 concesiones mineras en exploración termina convirtiéndose en mina.