Tanto Gobierno, como gremios y empresarios, deben ser pragmáticos y buscar qué se puede hacer dentro del marco jurídico vigente e impulsar cambios puntuales.
Menos del 40% de los votantes de la última consulta popular apoyaron el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo y el arbitraje internacional.
Todas las preguntas directamente económicas fueron rechazadas por la mayoría de los ecuatorianos, a pesar de que las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con corte al 31 de marzo de 2024, apunta a más de 5,5 millones de personas entre la informalidad y el desempleo, con un ingreso promedio de menos de $14 al día o menos de $2,8 por hora; sin ningún tipo de beneficio de ley.
Además, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador será el tercer país con menor crecimiento económico de América Latina en 2024.
El 0,1% de crecimiento de la economía ecuatoriana, solo es mejor que el -0,2% de Puerto Rico y el -2,8% de Argentina.
Ante este escenario, la estrategia política y económica para impulsar el empleo y la inversión debe reenfocarse lo más rápido posible y ser pragmática, aseguró Carlos Macías, abogado laboral y consultor empresarial.
1.- Aprovechar lo que permite la normativa vigente. A través de un acuerdo ministerial, se puede construir una nueva modalidad de contratación que esté en la mitad entre el rechazado contrato por horas y el contrato de jornada parcial permanente.
De acuerdo con Macías, el ministerio de Trabajo debe sentarse lo más pronto posible con empresarios y sindicatos para acordar un contrato que dé más flexibilidad que las modalidades vigentes.
“Actualmente existen más de 40 modalidades contractuales en la legislación ecuatoriana. Se debe depurar las que no tienen ningún impacto en el empleo, aprender de los errores del pasado y buscar una nueva modalidad que se ajuste más a la realidad actual y, sin llegar al contrato por horas, permita emplear con más flexibilidad”, apuntó.
2.- Consensuar reformas puntuales al Código de Trabajo. Los altos costos de despido y la ineficiente jubilación patronal son dos barreras para el empleo formal. En el caso de la jubilación patronal, ya en 2019 hubo un consenso, dentro del Consejo de Trabajo, para cambiarla completamente y transformarla en un verdadero ahorro individual que no desincentive la contratación.
Andrea Andrade, abogada laboral, explicó que se debe rescatar ese consenso para impulsar un cambio legal.
En el caso de las indemnizaciones por despido, a través de consenso, también se debe buscar una forma de racionalizarlas para evitar que sea una de las principales barreras que desincentiva la contratación sobre todo en micro y pequeños negocios, que son más del 90% de la estructura productiva del país.
El abogado Carlos Barrionuevo, académico asociado del Instituto de Economía Política del Ecuador (IEEP), recalcó que se tiene la falsa idea que los empresarios son unos millonarios que abusan y contratan como les da la gana.
Aunque puede haber casos de ese tipo, la mayoría de los empresarios en Ecuador son dueños de micro y pequeños negocios que no contratan para despedir, pero que, si algo sale mal o deben reducir personal, tienen que asumir costos en muchos casos impagables.
Es importante recordar que liquidar una empresa en Ecuador puede ser una tarea tortuosa de muchos años.
Si se logran consensos para reformas puntuales a corto plazo, se podría allanar el camino para una reforma integral en el mediano y largo plazo.
3.- Reducir y simplificar tramitología. Ya en junio de 2022, LA HORA recogió una propuesta del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ), donde se planteaban 7 medidas concretas para facilitar la contratación y reducir la tramitología en el mercado laboral.
Entre esas medidas estaba, por ejemplo, la reforma del Decreto Ejecutivo 1121 que regula la contratación con terceros y así permitir la contratación de servicios técnicos especializados y actividades complementarias. Además de la digitalización de muchos trámites engorrosos.
Por otro lado, también se podría emitir un decreto que reemplace al 2393, el cual data del Gobierno de León Febres Cordero.
Solo con eso, se mejorará sustancialmente la seguridad y la salud ocupacional. Además, se establecerán requisitos y mecanismo que estén acordes a las circunstancias actuales.
A su vez, con resoluciones y acuerdos ministeriales se puede ampliar el campo de acción del contrato por giro de negocio.
4.- Acabar con el Estado como carga para la producción. Como han propuesto gremios productivos como la Cámara de Comercio de Guayaquil, se debe enfrentar realmente el problema fiscal para que el Estado deje de estar siempre la borde de dejar de pagar sus obligaciones y cada año cambie las reglas tributarias para sacar más dinero del pequeño sector formal.
Esto se logrará con una mezcla de reducción de costos de producción vía menos aranceles, eliminación y focalización de subsidios ineficientes (comenzando por los combustibles), reforma al sistema de contratación pública (donde se pierden $1.500 millones al año), política intensiva de formalización de informales y eliminación de los techos políticos a las tasas de interés, entre otros temas.
5.- Empezar a solucionar la crisis eléctrica. El crecimiento económico es directamente proporcional a la capacidad de un país de generar energía eléctrica. Los apagones están generando pérdidas millonarias y, entre más tiempo se mantengan, los principales perjudicados (hasta llegar a una quiebra) son los micro y pequeños negocios.
A corto plazo se debe hacer todo lo posible para contratar toda la generación térmica que se pueda. A mediano y largo plazo se debe poner como prioridad la inversión privada en el sector; pero para eso se debe hacer una reforma para eliminar el monopolio estatal, reducir tramitología innecesaria, dar real autonomía financiera a las empresas públicas y, como también sucede en el petróleo, se tiene que depurar las instituciones públicas y luchar realmente contra el llamado enemigo interno.
Como ya analizó LA HORA, se debe tomar en cuenta las razones de por qué la ley de Competitividad Energética, aprobada en el actual Gobierno de Daniel Noboa, a pesar de llamarse la Ley no más apagones, nunca se enfocó en los problemas de fondo del sector eléctrico del país. (JS)