De la mano de cambios en legislación secundaria, y el aprovechamiento de las herramientas digitales, se puede dar pasos hacia un mayor número de empleos de calidad.
En junio de 2014 se alcanzó un 49,3% de empleo adecuado. Ese ha sido el mayor pico de porcentaje de empleo de calidad desde que Ecuador está dolarizado. Sin embargo, casi de inmediato comenzó la caída en picada, la cual se profundizó con la pandemia.
La bonanza petrolera se agotó y el espejismo creado con el aumento del gasto público se desvaneció.
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, puntualizó que hasta abril de 2022 se registraron 643.000 empleos adecuados menos que hace nueve años.
Esta realidad solo se revertirá con más inversión y eliminando la rigidez en la contratación dentro del mercado laboral.
Desde el Gobierno, a través del ministro de trabajo, Patricio Donoso, se repite que se sigue dialogando para conseguir consensos; pero faltan medidas concretas para alcanzar una reforma integral o cambios puntuales.
Desde un punto de vista liberal, Pablo Lucio Paredes, decano de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ), abogó por una estrategia por varias vías: seguir tratados de comercio; mejorar mercado laboral vía reglamentos, decretos y desregulación; eliminar la tramitología y los gastos improductivos; eliminar completamente el ISD; más rebajas de aranceles; y descentralizar programas de calidad e impacto como nutrición infantil.
Por el lado de la desregulación y los cambios en la legislación secundaria, se pueden detallar siete vías alternativas para ir destrabando el mercado laboral. Estas vías no solucionan completamente el problema, de acuerdo con Santiago Viteri, economista y emprendedor, pero van en la línea de facilitar trámites y potenciar los beneficios de las herramientas digitales. (JS)
Cambio en la contratación con terceros
Según el Instituto de Economía de la USFQ, la tercerización e intermediación fueron eliminadas de manera inconsciente. Esto generó una distorsión en el mercado. El hecho de que todas las actividades propias deban ser contratadas con personal bajo dependencia encarece y dificulta procesos.
El presidente Guillermo Lasso puede reformar el Decreto Ejecutivo 1121 que regula la contratación con terceros y permitir la contratación de servicios técnicos especializados y actividades complementarias. Una reingeniería de este decreto tendría un enorme impacto en formalizar un tercerización informal y encubierta, que se profundizó con la pandemia.
De la mano de ese cambio, se debe fortalecer la contratación, también vía decreto, por conceptos como el giro específico del negocio, sobre todo para jóvenes.
Horarios especiales
La organización de las jornadas contiene una enorme oportunidad para que las empresas maximicen la capacidad instalada de sus industrias y, eventualmente, con el mismo equipamiento puedan tener más empleados.
El Código del Trabajo prevé que el Ministerio puede aprobar horarios especiales que salgan del esquema típico (8 horas diarias o 12 horas extras máximo a la semana). Sin embargo, actualmente la aprobación de horarios es un trámite largo, burocrático y costoso. Esto podría simplificarse con una aplicación digital que apruebe horarios automáticamente, precautelando que existan los descansos correspondientes.
Digitalización del visto bueno
El visto bueno, de acuerdo con un análisis del Instituto de Economía de USFQ, es un trámite inútil. Gasta recursos del Gobierno, de las empresas y, en la mayoría de casos, acaba en manos de un Juez. Además, es un incentivo perverso, pues los empleados irresponsables saben que, por más ineficiencia que exista, el costo de salida por visto bueno es alto, por lo que las empresas prefieren evitarlo y pagar altos rubros de desvinculación.
Los costos de desvinculación son una de las principales trabas y son mucho mayores que en países vecinos como Colombia, Perú y Bolivia.
Para destrabar este problema, Lasso puede digitalizar el proceso, de manera que sea electrónico, dinámico y permita dar certeza de la una terminación rápida, quitando el formalismo, la burocracia y el costo de las audiencias presenciales y 100% análogas. El objetivo es mantener una instancia directa para que el trabajador pueda reclamar cuando ha sido realmente abusado en sus derechos.
Digitalización de la terminación del contrato
La finalización de contratos es un trámite costoso y burocrático. El Ministerio debería digitalizar la terminación, de manera que se pueda consignar el dinero en línea y terminar el contrato en ese mismo medio. Incluso, para el pago de las comisiones que correspondan, se podrían usar medios de pago electrónicos y tarjetas de crédito. Esto permitiría que los trabajadores cobren con seguridad sus liquidaciones y, a su vez, permitiría que los empleadores utilicen el sistema financiero para pagar sus obligaciones.
Fortalecimiento de la acción preventiva
Actualmente, el Ministerio del Trabajo actúa como ente sancionador, pero no educa, no informa y tampoco impulsa el cumplimiento de la Ley. Es decir, es visto, sobre todo por los emprendedores, como una instancia que multa, pero que no da incentivos de ningún tipo.
Por eso, el Gobierno debería fortalecer un sistema de cualificación de las empresas que cumplen la Ley. Se tiene el llamado Sello T, que no ha funcionado porque está concebido como un trámite documental y burocrático. Se debería reformular ese sello de calidad laboral, para que sirva como una acreditación y permita la exoneración de inspecciones engorrosas por un tiempo.
Fortalecimiento de la acción de información
Uno de los motivos que desalienta la contratación es el desconocimiento de la ley y la sensación y temor de que costará mucho contratar – abogados, contadores, entre otros. El Ministerio debería ser un aliado para quienes quieran contratar. A través del Reglamento, el Presidente podría disponer, por ejemplo, que los Consultorios Jurídicos de las universidades, el mismo Ministerio y otros colegios profesionales tengan incentivos para asesorar a los nacientes empleadores. En otros países, ha funcionado con éxito el diseño de plataformas que permitan administrar sencillamente la nómina, hacer los pagos, guardar registros y cumplir obligaciones en un mismo sitio, evitando costos adicionales de personal y nómina.
Incentivos de terminaciones productivas
Las indemnizaciones por la terminación de contratos de trabajo en Ecuador son las más altas de la región y el uso de este capital por parte de los trabajadores normalmente se limita a ser un ‘colchón’ hasta tener otro trabajo, según el estudio del Instituto de Economía de la USFQ. El Gobierno podría darle un giro positivo a las terminaciones de contratos de trabajo.
Así, si un grupo de trabajadores es despedido y usa su indemnización como capital de trabajo para un emprendimiento, podría acceder a puntos adicionales para la obtención de un crédito de un banco del Estado, acceder a asesoría, exenciones en costos estatales, entre otros.