Ana Changuín Vélez
Han pasado dos días desde que los ecuatorianos nos expresamos en las urnas, en respuesta a la consulta popular y el referéndum convocados por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Los resultados muestran que el “Sí” se impuso en nueve de las once preguntas. Se trata de propuestas que buscan fortalecer la seguridad nacional, permitir que los militares realicen controles permanentes de armas en las vías de ingreso a las cárceles, incrementar las penas en una decena de delitos, garantizar que los sentenciados cumplan toda su pena en prisión, penalizar la tenencia de armas de uso militar y policial, permitir a las fuerzas públicas utilizar las armas confiscadas a los delincuentes, y traspasar rápidamente al Estado los bienes de origen ilícito. Las preguntas D y E del referéndum fueron las únicas en las que el “No ganó”. La primera corresponde al reconocimiento del arbitraje internacional y la segunda, a la posibilidad de contratación por horas.
El mensaje es claro: la principal demanda ciudadana es la seguridad, y cualquier herramienta adicional será apoyada por la población. Por eso es necesario analizar estos resultados y gestionar las expectativas. Los cambios significativos no ocurren de la noche a la mañana, y existe riesgo de desilusión si se esperan soluciones automáticas.
La delincuencia no desaparecerá mañana, ni los capos de las organizaciones criminales serán extraditados inmediatamente a una prisión en Texas. Actualmente, las Fuerzas Armadas colaboran en temas de seguridad ciudadana y también realizan control de armas en el territorio nacional. La creación de judicaturas especializadas en materia constitucional requerirá presupuesto y un concurso de méritos y oposición en el que participarán personas, no ángeles, quienes también pueden ser corruptibles si los cambios no se piensan de forma integral. Además, otra batalla se librará en la Asamblea Nacional, a pesar de los plazos exprés de 60 días establecidos para introducir reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio.
Desde la perspectiva del gobierno, estos resultados muestran un respaldo a las políticas implementadas hasta ahora en materia de seguridad y al trabajo realizado en estos primeros meses. Sumado a que las consultas populares tradicionalmente son demostraciones de apoyo al Presidente de la República, los resultados del domingo pueden interpretarse como un voto de respaldo a su gestión.
En conclusión, los resultados obtenidos confirman la hoja de ruta en materia de seguridad, que deberá incluir las nuevas herramientas entregadas al Primer Mandatario. Sin embargo, desde que se anunció la consulta, se han abierto otros frentes políticos y sociales que podrían interrumpir el curso de lo planificado.
Lo cierto es que las expectativas han crecido, y la responsabilidad de no decepcionar a la ciudadanía es enorme. Hacia allá debe orientarse el esfuerzo del Gobierno Nacional.