Los decretos y los cambios en legislación secundaria permitirían ganar tiempo antes de la consulta popular. Falta una hoja de ruta.
Una de las principales promesas de campaña del presidente Guillermo Lasso fue generar al menos 2 millones de empleos adecuados adicionales hasta 2025. El cumplimiento de este ofrecimiento será decisivo al evaluar su gestión.
Para alcanzar ese objetivo, se necesita que el mercado laboral genere 500.000 trabajos formales por año, con al menos el salario básico y los principales beneficios de ley.
Andrés Acuña, abogado laboral, puntualiza que un cambio de esas características, en un mercado laboral que está a la baja desde finales de 2014, solo es posible con reformas integrales a una normativa que está vigente desde hace 90 años y solo ha tenido pésimos remiendos.
Para concretar esos cambios sin depender del trámite de proyectos de ley en la Asamblea Nacional se requiere una hoja de ruta que vaya más allá de las declaraciones públicas de Lasso y de su ministro de Trabajo, Patricio Donoso.
El 5 de abril de 2022, LA HORA remitió una consulta al Ministerio del Trabajo para conocer cuáles son las líneas maestras o las principales estrategias que se aplicarán para destrabar el inflexible sistema de contratación laboral mediante decretos, cambios en reglamentos u otra legislación secundaria.
Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre cómo se podría impulsar la aplicación de las nuevas modalidades de contratación emitidas por el anterior Gobierno de Lenín Moreno, a través de acuerdos ministeriales.
En este escenario, cuando se agota el tiempo para impulsar cambios en la economía real, el Gobierno requiere una estrategia clara y la voluntad real de enfrentarse a sectores políticos y sindicales que exigen mejoras, pero sin sacrificar sus intereses particulares.
Los escenarios
Ider Salgado, presidente de SD abogados y docente de la Universidad Internacional SEK (Unisek), explica que las reformas a la normativa laboral son indispensables para evitar que millones de ecuatorianos sigan en la informalidad.
A través de decretos y cambios en resoluciones se puede facilitar la contratación y las relaciones laborales. Por ejemplo, Lasso podría emitir un decreto que reemplace al 2393, el cual data del Gobierno de León Febres Cordero.
Solo con eso, se mejorará sustancialmente la seguridad y la salud ocupacional. Además, se establecerán requisitos y mecanismo que estén acordes a las circunstancias actuales.
A su vez, con resoluciones y acuerdos ministeriales se puede ampliar el campo de acción del contrato por giro de negocio. Con esto serán aplicables las modalidades de contratación emitidas durante el régimen de Moreno.
“Con esos cambios puntuales, que actuarían como un parche en una llanta desinflada, el Gobierno ganaría tiempo de cara a incluir una reforma estructural de la normativa laboral dentro de una Consulta popular”, puntualiza Salgado.
Para Gregorio Ordóñez, abogado corporativo, esos cambios no deben apuntar a apagar incendios ni a patear problemas para después (como se hizo en la Ley de Apoyo Humanitario), sino a modificar realmente, de manera aplicable, las reglas del juego hasta la gran transformación laboral.(JS)
“La Consulta popular es el único mecanismo democrático y efectivo que le queda a Lasso. Para eso, hay que informar bien qué cambios se buscan y por qué serían beneficiosos para el ciudadano”,
Ider Salgado, presidente de SD abogados y docente de la Universidad Internacional SEK.
500.000 trabajos formales por año ofreció el presidente Guillermo Lasso durante su campaña.
El rebote económico ayuda, pero es insuficiente
Ante la imposibilidad de realizar reformas a través de la Asamblea, la reactivación económica y el crecimiento del 4,2% en el Producto Interno Bruto (PIB) permitieron que exista una mejoría en el mercado laboral. Esa recuperación, sin embargo, se queda corta ante las metas del Gobierno.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), desde finales de mayo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022 (último reporte publicado), el número de trabajadores formales, con el salario básico o más y la mayoría de los beneficios de Ley, aumentó en 116.326.
Además, el total de informales, precarios y desempleados se redujo de 5’839.351 a 5’777.567 (61.784 personas menos).
Andrea Morales, economista, explica que esta situación es un paso adelante, pero se queda corta ante las pretensiones del presidente Lasso y ni siquiera permiten retomar los malos niveles prepandemia.