La minería industrial, que apenas tiene cuatro años en el país, se ve cercada por intereses económicos, políticos e ideológicos que favorecen la ilegalidad y dificultan las inversiones.
El mundo descarbonizado que todos queremos depende de minerales que hay en Ecuador.
Chile es el mayor productor de cobre; después está Perú. Si se sigue la línea geológica, Ecuador estaría en el tercer lugar; pero solo si el país aprovecha esos recursos.
Las minas en Chile y Perú se están agotando. En los últimos años, la producción de cobre chileno se ha estancado.
En Ecuador se han descubierto los yacimientos de cobre más importantes de las últimas décadas; pero todavía no se desarrollan.
“Las energías limpias necesitan un montón de minerales; pero cuando se para la minería formal, que es controlable, trazable y monitoreable, pulula, la extracción ilícita de minerales”, puntualizó María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.
Aunque desde sectores políticos, sociales y ambientalistas se cuestiona la existencia de la disyuntiva entre minería formal y minería ilegal; es decir, que si no se explota desde la formalidad vendrán mafias y grupos criminales a aprovechar la riqueza, Silva apuntó que existe suficiente evidencia de que la disyuntiva es real.
“Recordemos que hay una coincidencia sorprendente. El catastro minero se cerró a finales de 2017 y a principios de 2018 empieza a dispararse la minería ilegal. Buena parte de la minería ilegal, que es más bien narco minería, está ligada a grupos de crimen organizado. No podemos como ecuatorianos permitir que nuestros recursos geológicos sirvan para beneficio de esos grupos”, recalcó.
Cuando se cerró la posibilidad de la concesión legal, el país se volvió un paraíso de la ilegalidad. Por eso, desde el sector minero formal se espera que el Gobierno de Daniel Noboa cumpla con el anuncio de volver a abrir el catastro minero en 2025.
¿Qué buscan los antimineros?
Silva lamentó que la minería industrial en Ecuador, que apenas tiene cuatro años de operación, no tiene los enormes recursos económicos con los que cuentan los antimineros.
“Muchos de los movimientos antimineros, no estoy generalizando, pero muchos están vinculados al narcotráfico, porque son brazos de relaciones públicas de los mineros ilegales. Hay algunos proyectos que están detenidos durante años por acciones antimineras; pero cuando son tomados por los ilegales, de repente desaparecen los antimineros”, afirmó la representante de la Cámara de Minería.
El país cuenta con un amplio portafolio de exploración minera (de ahí parte los $4.800 millones de compromisos de inversión que acaba de firmar el Gobierno); pero actualmente solo existen dos minas a gran escala.
Se necesita facilitar e impulsar la inversión formal y Silva da como ejemplo los resultados ya visibles en Zamora Chinchipe.
“Zamora Chinchipe ha logrado reducir la pobreza en 13 puntos. Pasó de ser la provincia más pobre del Ecuador a ser una provincia de renta media. Pasó de ser la última contribuyente del país a ser la cuarta contribuyente. Zamora Chinchipe hoy contribuye más que Manabí en cuanto a impuestos”, recalcó Silva.
En 2023, la minería formal generó $762 millones en impuestos. Por eso, se debe volver una causa común sacar las garras de las mafias de la minería. (JS)
La política juega en contra de la minería
“Existen varios candidatos y políticos que, más allá de hablar mal de la minería, no tienen una propuesta firme de desarrollo para el país. Pero, sí han ganado muchísimos votos introduciendo el elemento inflamable del miedo. El argumento es: cuidado la minería te va a contaminar el agua y esa agua es la que toman tus hijos”, dijo María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.
Sin embargo, la gran mayoría de ríos en Ecuador están contaminados por la falta de tratamiento de aguas residuales; y eso no es culpa de la minería, sino de la falta de gestión de los gobiernos locales y de muchos políticos que han hecho del discurso antiminero una plataforma para ganar votos.
¿Qué está detrás del ecologismo extremo?
María Amparo Albán, abogada ambiental y docente universitaria, explicó que uno de los legados del posmarxismo es el neomarxismo ecologista.
Se está usando el tema ambiental para paralizar toda inversión de capitales.
“El ambientalismo extremo ecológico es neomarxista y busca impedir la inversión de capitales internacionales y el libre mercado. El solo anuncio de un Tratado de Libre Comercio con Canadá ya generó la oposición ideológica de grupos como la Conaie”, explicó Albán.
Esto mina las posibilidades de inversión y desarrollo, consideró Albán.
El discurso antiminero en Ecuador tiene puntos comunes con el discurso anti TLC con Estados Unidos de inicios de los 2000.
Todo se concreta en temas como el abuso recurrente en el uso de garantías jurisdiccionales para favorecer una agenda activista e ideológica. Esto se ve en la suspensión de la consulta ambiental del proyecto La Plata.
“Vemos con preocupación que muchos jueces están siendo cooptados, desde la política. Hemos visto como un exjuez constitucional (Ramiro Ávila) ha escrito cartas (en uno de los procesos en el sur del país) amenazando a los jueces provinciales con la destitución si no utilizan los precedentes constitucionales que dictó cuando estaba en la Corte”, contó Albán.
Muchas barreras de entrada, pero cero controles
Muy pocos proyectos mineros llegan a tener un permiso porque se tiene una pesada carga de requisitos, sin embargo, luego existe un bajo control ambiental y fiscalización
Esto es exactamente lo contrario a la lógica y a lo que hacen la mayoría de los países de la región como Perú y Chile.
“Si llenamos de requisitos para obtener un permiso ambiental, la consecuencia directa es que el Ministerio de Ambiente se convierte en un embudo del sector productivo”, dijo María Amparo Albán, abogada ambiental.
El Ministerio de Ambiente no tiene los recursos suficientes porque responde a un diseño con grandes barreras de entrada, pero sin capacidad de fiscalización. Donde debería estar el grueso de los recursos es en la fiscalización ambiental.
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