Las 415 muertes registradas en las cárceles de Ecuador siguen impunes

Investigación. Los delitos que se indagan por las masacres carcelarias van desde delincuencia organizada hasta homicidio y violación.

Ni los responsables directos (miembros de bandas criminales), ni el Estado (a cargo de la seguridad penitenciaria) han sido juzgados.

La primera gran masacre carcelaria en Ecuador se registró el 23 de abril de 2021. Desde entonces, se han registrado nueve hechos similares que han dejado 416 personas privadas de la libertad (PPL) muertas. El último de estos hechos se registró en la cárcel de Santo Domingo.

La versión del Gobierno ha sido que existen enfrentamientos entre bandas, por ganar territorio y liderazgo en las cárceles. Al menos seis bandas han sido identificadas dentro del conflicto: Choneros, Lobos, Lagartos, Chone Killers, R7 y Tiguerones.

Por ejemplo, en la primera masacre (23 de febrero de 2021), el exdirector del SNAI, Edmundo Moncayo, señaló que Pipos, Lobos, Chone Killers y Tiguerones se enfrentaron a su exbanda líder: los Choneros.

Pese a tener identificados a los líderes de cada organización delincuencial, al momento no hay ninguno penalizado. Tampoco se ha llegado a juicio.

*Responsables directos*

La Fiscalía General del Estado debe investigar a los responsables directos de las masacres, es decir, a los presos que mataron a otros reos; así como a los autores intelectuales de esos hechos.

Son ellos quienes tienen una responsabilidad penal. “La Fiscalía tiene que darnos esta respuesta, tiene que procesarlos y tiene que darles otra sentencia”, explica el abogado penalista Pablo Encalada.

Desde 2021, se ha presentado 59 denuncias, de las cuales 19 están en instrucción fiscal, por los delitos de asesinato, daño a bien ajeno, delincuencia organizada, homicidio, robo y violación.

*Demanda al Estado*

Encalada explica que ante estos hechos, las familias de las víctimas de las cárceles podrían presentar una demanda contra el Estado.

La responsabilidad, sin embargo, será administrativa pero no penal, aclara Encalada al señalar que estos casos tendrán fines indemnizatorios. “Me parece importante que haya una sentencia en ese sentido, que se establezcan responsabilidades”, dice.

Para eso, las familias deben agotar todas las instancias internas. Si no obtienen respuestas en el ámbito nacional, deben ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para llevar un juicio contra el Estado se debe acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Esto, sin embargo, tarda mucho, un ejemplo es el caso de Paola Guzmán, cuya familia obtuvo justicia después de casi 20 años.

Mensaje de impunidad

Daniel Romero, abogado penalista, dice que él no tener sentencias por las masacres carcelarias emite un mensaje de impunidad. “Si no se juzga a los cabecillas, ni a los miembros de bandas que han perpetuado el terror de las cárceles, las masacres no van a terminar”, dice.

Otro problema que puede generar la falta de sentencias es “entorpecer el proceso de pacificación”. Romero explica que si el juzgamiento llega luego de la pacificación “los tratados pueden romperse o, lo que es peor, dilatar hasta archivar las causas por mantener la pacificación”, dice.
Al momento, Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin Kings y R7 han expresado su deseo de iniciar el proceso de paz y llegar a una tregua en las cárceles. (AVV)

Debido a que las causas están bajo investigación no se puede detallar qué bandas ni quiénes podrían ser juzgados.

Alexis Mera: cerrar la puerta a la impunidad

La salida de la cárcel de Jorge Glas, por medio de un habeas corpus, sacudió a la opinión pública debido a la participación del exvicepresidente en la rampante corrupción del régimen correísta. Sin embargo, esta resulta un hecho menor en comparación a la posibilidad de que Alexis Mera, quien fuera secretario jurídico del expresidente Rafael Correa durante diez años, tenga éxito con el recurso de revisión que acaba de presentar.

El tribunal designado tiene ante sí una tarea delicada. Por definición, el recurso solo debería proceder en caso de que existan “nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada” y en el caso de Mera la única causa pertinente podría ser que se demuestren errores en los documentos, testigos o informes periciales. Probablemente, la defensa de Mera insistirá en su teoría de que jamás se le pudo demostrar delito alguno, que él no tenía nada que ver con contrataciones, que el testimonio y las pruebas contra él son fraguados y que es, ante todo, un perseguido por su cercanía al exmandatario. No obstante, está por verse si es que de verdad será capaz de aportar elementos nuevos, como exige la ley.

De lograr tener éxito al extinguir su pena de ocho años, Mera pondría a tambalear todo el caso Sobornos 2012-2016. Sin embargo, aún queda mucho por delante en el proceso y, por último, si llega el momento, Fiscalía y la Justicia tendrán la oportunidad, de una vez por todas, de enterrar cualquier duda sobre la sentencia y cerrar definitivamente la puerta a la impunidad. Si así sucede, al final de cuentas, el país habrá salido ganando de estos momentos de incertidumbre y desazón

Pacto por una comisión de la ‘impunidad’ sacude a la Asamblea

Rafael Lucero denunció que se intenta negociar la comisión de la verdad por el puesto de Guadalupe LLori.

La conformación de la comisión de la verdad que quiere el correísmo sería la nueva moneda de cambio de las negociaciones entre asambleístas.

El objetivo del bloque de UNES de presionar la conformación de una comisión de la verdad a su medida genera reacciones en la Asamblea Nacional, donde asambleístas de otros bloques empiezan a decir que lo que se busca es crear una “comisión de la impunidad”.

De la misma manera, el abogado constitucionalista Ismael Quintana, dijo a LA HORA que hay intención de buscar impunidad a través de “esta clase de pretensiones de crear estas comisiones para decir que el proceso de acusación de corrupción contra varios actores correístas fueron procesos mal llevados; o decir que la condena es irregular, que los acusados son inocentes de manera que se construye un escenario tal que les permita llevar estos informes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Rafael Lucero, jefe de la bancada de Pachakutik, también denunció este lunes 18 de abril de 2022, en una entrevista con el diario El Universo, que una de las razones para que haya una persecución contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, es que no dio paso a la conformación de la comisión que quiere imponer el correísmo. Además, acusó a sus coidearios rebeldes de estar orquestando esta idea.

Esas declaraciones las hizo en momentos en que Llori apeló a una nueva acción de protección, esta vez contra los cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que dieron paso a su evaluación y posible destitución.

Lucero dijo que UNES tendría todo el derecho de solicitar la conformación de esta comisión, pero las reacciones a esta intención no se hicieron esperar. Juan Fernando Flores, coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) dijo que ellos jamás apoyarán una comisión que busca la impunidad de quienes le robaron al país los últimos 14 años.

La asambleísta del oficialismo, Ana Belén Cordero, dijo a LA HORA que “La Asamblea Nacional es el espacio para crear leyes que genere oportunidad para los ecuatorianos no para disputas políticas ni para hambres atrasadas de justicia. Nosotros no estaremos apoyando en ningún sentido esa comisión de la verdad. Sabemos que esa fue la intención desde un inicio y por eso el presidente (Guillermo) Lasso no estuvo de acuerdo en que formemos parte de esa mayoría que lo que intentaba era conformarla”.

Mientras tanto, el correísmo guarda silencio. Consultamos a varios actores políticos de UNES sin obtener respuesta.

El correísmo insiste en su objetivo

Días antes de la primera sesión del Pleno, el 14 de mayo de 2021, hubo acercamientos entre CREO, PSC y el correísmo para llegar a acuerdos de “gobernabilidad”. La prueba iba a ser el apoyo de estas tres bancadas al candidato socialcristiano Henry Kronfle a la Presidencia de la Asamblea. Horas antes de la votación se rompió este pacto y CREO apoyó a Llori. UNES y PSC acusaron al oficialismo de traición.

Un año más tarde, el martes 12 de abril de 2022, Lasso confirmó por primera vez que sí hubo esas conversaciones y que lo que los alejó fue la idea de conformar la comisión de la verdad que busca el correísmo.

“Creo que quedó perfectamente claro que fue el motivo por el cual CREO dijo: ‘No, un momento, no estamos de acuerdo con comisiones de la verdad ni estamos de acuerdo con perseguir a las autoridades (…) Esas son las razones por las que dije: ‘Esto no va más porque va en perjuicio del interés público’”, dijo el mandatario.

Procesos judiciales

Para el abogado constitucionalista Ismael Quintana se pueden crear las comisiones de la verdad “que se les cante”, pero que de ahí, a través de la comisión, se revisen procesos judiciales es jurídicamente imposible.

Para el constitucionalista, en el Ecuador se han conformado varias comisiones de la verdad. Recuerda que en la época de Correa se conformó una para el feriado bancario. Luego otra para analizar la compra de los helicópteros Drhuv. El año pasado se conformó una comisión de la verdad para octubre de 2019 armada por el Defensor del Pueblo. “¿Qué ha pasado con eso? Nada”, dice Quintana

“Estas comisiones lo que hacen es elaborar informes con notorio sesgo político que es lo que pasaría con esta comisión si se logra conformar, pero que no tendría incidencia con los procesos judiciales”, agrega.

Cortina de humo

Pero el asambleísta Darwin Pereira dijo a LA HORA que este intento de revivir la comisión de la verdad es un invento para seguir sosteniendo el injustificado apoyo a Llori.

Pereira aseguró que entre los rebeldes de PK ni se ha topado ese tema y que si lo volvieran a proponer “nuestra posición como bancada en mayo de 2021 fue que con nosotros no cuenten para ello y, a la fecha, esa postura no ha cambiado”

Para el abogado Quintana también este tema sería una estrategia para que se siga quemando Llori. “Ese cuento ya no me creo” dice y asegura que con Llori en la Presidencia ya se dieron amnistías que han llegado a violar la Constitución.

Para Quintana no se necesitaría conformar una comisión de la verdad, sino que bastaría con “un grupo de panas que funjan de asambleístas que tramiten el pedido de amnistía e indulto. Eso no descarto porque tiene incidencia directa con procesos judiciales. El problema es cuando sobrepasa ese poder” concluye el constitucionalista. (GVL)

Treinta justicieras estudian para frenar la violencia machista en Bolivia

Daniela Ponce (d) y Ana Maria Rocha (i) son parte de la treintena de bolivianas víctimas que hoy estudian para ayudar a otras mujeres.

La propuesta busca que mujeres víctimas de violencia machista o que sufrieron sus consecuencias se conviertan en abogadas, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales con visión de género.

COCHABAMBA. Ser abogada, trabajadora social o psicóloga es la meta de una treintena de mujeres bolivianas que han sufrido de cerca la violencia machista o sus consecuencias y que ahora estudian para tener las herramientas legales y técnicas para combatir la impunidad en estos delitos.

La mayoría son sobrevivientes de algún tipo de violencia, otras son hijas o hermanas de víctimas de femicidio, pero también hay muchachas que emigraron del área rural a la ciudad e incluso un par de chicos que crecieron en hogares de acogida, todos con el denominador común de querer un cambio en la Justicia.

Ellas y ellos son beneficiarios del Proyecto Justicieras, de la Fundación Voces Libres, con base en la ciudad central de Cochabamba, que busca compartir su amplia experiencia en la defensa de víctimas de la violencia con «aliadas» comprometidas con esa causa, explicó a Efe la representante legal de esa institución, Mercedes Cortez.

Con una trayectoria de casi 15 años en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños, la fundación ha visto en todo ese tiempo una «ausencia» de abogadas especializadas en la temática y que estén comprometidas con lograr justicia para las víctimas, comentó.

Cortez recordó que el abordaje de la justicia con perspectiva de género es «relativamente nuevo» en el país, ya que la ley 348 contra la violencia machista cumplirá 10 años en 2022 «y todavía hay muchas personas que la desconocen».

La jurista vio la necesidad de transmitir las herramientas y estrategias que descubrió en ese andar y fue así como la fundación sacó una convocatoria para «buscar mujeres que tengan esa convicción de lucha» contra la violencia y la impunidad.

Las justicieras

Además de las víctimas de violencia, la convocatoria apuntó a muchachas que crecieron en hogares de acogida producto de la violencia o el abandono y migrantes de las áreas rurales.

Las postulantes, que fueron más de un centenar, debían enviar una carta explicando sus motivaciones para ser parte del proyecto, que finalmente quedó con 36 beneficiarios, en su mayoría de 19 a 23 años, aunque también hay cuatro mujeres adultas y dos varones «comprometidos» con la causa, señaló Cortez.

Las Justicieras estudian Derecho, Trabajo Social y Psicología en la universidad estatal de Cochabamba y cada una recibe de Voces Libres una ayuda mensual equivalente a unos 72 dólares para costear sus gastos estudiantiles.

Ese dinero se financia gracias a padrinos extranjeros que apoyan a la fundación por gestiones de la «mamita Marianne», la suiza Marianne Rebeaud, fundadora de Voces Libres.

La Casa de Justicia de la fundación es el hogar de las Justicieras que no tienen dónde vivir, ya que allí tienen espacios para dormir y cocinar, servicios básicos y alimentos no perecederos provistos por Voces Libres y la comida fresca corre por cuenta de ellas.

Al margen de los estudios universitarios, también se capacitan con las profesionales de la fundación para que puedan aprender desde espacios de atención a las víctimas, como la Fiscalía, la unidad policial contra la violencia o el mismo Observatorio de Justicia, el servicio legal de Voces Libres, explicó Cortez.

«Lo que queremos es que cuando ellas salgan (profesionales), sea con una perspectiva de género muy marcada, con estrategias, habilidades y herramientas para defender a mujeres«, afirmó la jurista.

El «sueño mayor» es que lleguen a ocupar cargos de poder, «que un día sean fiscales o jueces y que cambiemos la Justicia«, agregó.

Las motivaciones

Cortez señaló que desde la vigencia de la ley 348 hubo más de 600 feminicidios en el país, donde cada tres días muere una mujer víctima de la violencia machista.

Además mencionó que siete de 10 víctimas «nunca van a romper el silencio porque el sistema de justicia está colapsado y las víctimas no tienen un asesoramiento ni un acompañamiento».

Según Cortez, con el proyecto se busca «reducir ese 99% de impunidad que existe en el país», ya que muchas víctimas terminan conciliando con sus agresores o desistiendo del proceso por diversas causas como las demoras en los procesos judiciales, algo que critica Ana María Rocha, una de las jóvenes Justicieras.

«Se tarda demasiado en meter a un agresor a la cárcel, se escapan varios y hay mucha injusticia. Muchos no pagan los crímenes que cometen y los siguen repitiendo en otras mujeres«, dijo Rocha a Efe.

La joven se crió en el hogar Lluvia de Ángeles de la fundación y ahora cursa el segundo semestre de Trabajo Social con la motivación de «ayudar a las personas».

Daniela Ponce, otra Justiciera que fue víctima de violencia sexual, lamentó que las sentencias tarden años, lo que «no es justo para la familia» de las mujeres asesinadas, ni para las sobrevivientes.

Ponce estudia Derecho y aspira a ser fiscal, pero una fiscal que proteja y escuche a las víctimas, algo que a su juicio no ocurre actualmente.

Algo que las Justicieras y la misma fundación tienen presente es que los proyectos sean autosostenibles y las jóvenes tengan autonomía económica, para lo cual las que viven en la Casa de Justicia han ideado algunas iniciativas.

Una de ellas son los Dinoamigos, unos simpáticos dinosaurios de tela que las jóvenes confeccionaron y pusieron a la venta por el Día del Niño boliviano. EFE

Acción de protección contra amnistías de la Asamblea

Representantes de la sociedad civil se reunieron este 11 de marzo de 2022.

Representantes de la sociedad civil y empresarial de Quito anunciaron que darán «una pelea constitucional» por los daños que la capital sufrió en octubre de 2019.

Indignados, así se describieron 16 quiteños que anunciaron que el martes 15 de marzo de 2022 presentarán una acción de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

El motivo: las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional, la madrugada del 10 de marzo de 2022, a 268 personas; entre ellas, quienes lideraron y participaron de las protestas y desmanes y violencia de octubre de 2019.

Judicializados por protestas de octubre 2019 fueron perdonados

Entre los beneficiados de las amnistías se encuentran la perfecta de Pichincha, Paola Pabón, los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas, y el político Virgilio Hernández.

Acción de protección

“Cuando hablamos de amnistía, hablamos de perdón y olvido”, dijo el abogado Andrés Castillo, quien es uno de los 16 quiteños que promueve la acción de protección.

Si se da paso a la acción de protección, explica Castillo, la amnistía queda disuelta y el proceso continúa. De no darse, acudirán a la Corte Provincial.

El grupo de representantes de la sociedad civil, empresas y gremios no descartan realizar movilizaciones pacíficas así como también, impulsar un proceso de revocatoria contra los asambleístas de Pichincha que votaron a favor de las amnistías.

Para Diego Vivero, director de la Confederación de restaurantes del Ecuador, dijo que es necesario sentar un precedente para que no exista impunidad a favor de quienes, con el paro nacional de 2019, generaron graves afectaciones económicas al país y especialmente a Quito.

Según el Banco Central del Ecuador, octubre de 2019 dejó daños y pérdidas por $821,68 millones.

Esas pérdidas económicas hicieron, aseguró Vivero, que muchos negocios y emprendedores, no tuvieran un respaldo económico para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19.

Finalmente, luego de los anuncios de acciones legales y constitucionales, se formó una mesa de trabajo, para analizar qué otras medidas se pueden tomar para “defender a Quito”. (AVV)

El perdón y olvido de la Asamblea a los daños de octubre

La Asamblea Nacional concedió a 268 personas la amnistía. Eran casi las cuatro de la madrugada del 10 de marzo de 2022. Y al amanecer se iniciaron los cuestionamientos.

Legisladores de Pachakutik se abrazaron en medio de la Sala Nela Martínez. Sus compañeros de la Conaie recibieron el perdón y se dejaron sin efecto las indagaciones previas que tenían en su contra, por las protestas de octubre de 2019.  Los delitos iban desde terrorismo hasta daño a los bienes ajenos.

Las reacciones no se hicieron esperar

La Asamblea Nacional ha olvidado a Quito en llamas”, dijo el consejero del Gobierno, Diego Ordoñez, en rueda de prensa. La posición del Ejecutivo, según Ordoñez, es de aceptar la decisión a pesar de cuestionarla por injusta. El vocero de Carondelet se solidarizó con los quiteños y con las fuerzas del orden.

Entre los amnistiados están personas que fueron judicializadas por defender los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, por aplicar la justicia indígena y los investigados por los daños cometidos en las manifestaciones de octubre 2019 contra la eliminación del subsidio a los combustibles.

De este último grupo, hay cabezas visibles como Marlon Santi, Leonidas Iza, Jaime Vargas, Paola Pabón y Virgilio Hernández.

Cuatro días antes de conceder las amnistías se desarrolló el Consejo Político de Pachakutik. Una de las resoluciones fue que el bloque debía votar de manera orgánica para zanjar los problemas internos del partido, que devino en la formación del grupo radical autodenominado los “rebeldes”.

Otra de las resoluciones fue sostener a Guadalupe Llori en el intento de la nueva mayoría parlamentaria de evaluar su función, como Presidenta de la Legislatura, con la opción de destituirla.

Horas antes de empezar la Sesión del Pleno del miércoles 9 de marzo de 2022, asambleístas de PK hicieron un llamado público a las demás bancadas para aprobar la moción. Sus peticiones dieron resultado. Siete horas después, con 99 votos a favor se dio paso a las amnistías.

El analista político Alfredo Espinosa cree que “negociaron la cabeza de Llori en la Asamblea para canjearla por la impunidad de los delincuentes”, y que aprobar algo tan decisivo en horas de la madrugada “es letal para la democracia”. Espinosa dice que la Asamblea Nacional cometió un error al “confundir reconciliación con impunidad”

Al mediodía del 10 de marzo de 2022, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial en Twitter rechazando “la injusticia e irresponsabilidad cometida por la Asamblea Nacional, al otorgar amnistía a quienes, mediante actos violentos, usurparon la tranquilidad de la capital ecuatoriana”

El Ejecutivo considera que la movilización de octubre 2019 “tuvo fines políticos desestabilizadores”

Vivian Idrovo, abogada de los defensores amnistiados, dijo a LA HORA que, “la posición del Gobierno no nos sorprende y tiene relación con la represión de hace dos días en las marchas por el #8M”.

Por su parte, la asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, dijo a este Diario que la postura del bloque es la de rechazar a quienes votaron a favor de la impunidad de los actos vandálicos en las distintas ciudades del país. Cordero aseguró que lo que sucedió en octubre 2019 no fue una marcha pacífica, que se quemaron, a propósito, varios expedientes que estaban en Contraloría y que se ultrajó a las fuerzas del orden y a periodistas.

Con esta decisión, quedaron en el olvido acusaciones como secuestro, rebelión, instigación y asociación ilícita.

Según el Banco Central del Ecuador, los daños y pérdidas a la infraestructura institucional causados en octubre 2019 ascienden a 39 millones de dólares

“Las amnistías no son solo para los inocentes” dijo el asambleísta de Pachakutik Mario Ruiz cuando la solicitud entró al Pleno.

“Expresamos nuestro total rechazo a dar impunidad y a tener una amnesia selectiva” es la posición tajante de la asambleísta por CREO Ana Belén Cordero.

Lasso dice que hay sectores políticos que buscan impunidad

Sin decirlo directamente, Lasso hizo alusión a supuestos planes de Unes, PK y PSC. Foto archivo

El Presidente se refirió al tema en una entrevista en TV a raíz de las denuncias de la titular del Legislativo acerca de que buscan destituirla.

El presidente Guillermo Lasso advirtió que ciertos sectores políticos buscan una desestabilización para conseguir sus objetivos de impunidad, en alusión al correísmo, que -parece- persigue censurar la actuación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

«Nosotros estamos para defender el bien común e interés de los ecuatorianos. Nosotros nos jugamos por la democracia, libertad y prosperidad», manifestó el Mandatario en una entrevista televisiva, según consignó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana.

El jueves (25 de febrero de 2022) la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Guadalupe Llori, del movimiento plurinacional Pachakutik (segunda fuerza política del país), denunció un supuesto plan para sacarla como jefa del Legislativo, orquestado, según ella, por el movimiento UNES (afín al expresidente Rafael Correa) y los socialcristianos.

Respecto a ese escenario político en la Cámara, Lasso afirmó: «No voy a aceptar una actitud claramente conspiradora contra la democracia y la estabilidad».

E insistió en que como presidente de la República, «jamás participaría en una intervención en una función del Estado que sea autónoma», como es el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o del propio Legislativo.

La propia Llori, quien en la víspera suspendió una sesión parlamentaria en la que se iban a analizar varias cuestiones, aseguró que el interés de esos grupos políticos es «desestabilizar la Asamblea Nacional y el país, porque están desesperados por tomarse el CPCCS», organismo que debe designar a autoridades de entidades de fiscalización y del Consejo Nacional Electoral.

El legislador de UNES Pabel Muñoz rechazó la actuación de Llori, justo cuando grupos parlamentarios pretendían que se discutiera la conformación de una comisión para que evaluara su desempeño en el Legislativo.

Por otra parte, Lasso aseguró que su Administración no ha estado inmersa en actos de corrupción; recordó que el 84% de la población mayor de cinco años ya está vacunada en el país y que los hospitales del país se encuentran abastecidos de medicamentos, especialmente para enfermedades como el cáncer.

Detalló que el próximo mes, el Ejecutivo pondrá en marcha un sistema inédito para la distribución y entrega de medicamentos del Sistema de Salud Pública. El desabastecimiento ha generado muchos reclamos de pacientes y familiares, obligados a poner dinero de su bolsillo para cubrir las necesidades hospitalarias.

Guillermo Lasso insistió en que la seguridad ciudadana y nacional son una preocupación primordial y que se han emprendido acciones firmes para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Como muestra de ello señalo que en 2021 se incautaron 210 toneladas de droga, un récord histórico en el país.

En esos esfuerzos contra la influencia de las organizaciones delictivas dijo que Ecuador cuenta con el apoyo internacional de países como Colombia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido y de la Unión Europea, en los ámbitos de inteligencia, tecnología y recursos. EFE

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Corrupción, impunidad y falta de presupuesto de control allanan el camino a la minería ilegal

HECHO. En Napo se desarrolló el último mega operativo contra la actividad ilícita

El Estado cuenta con 22 técnicos mineros, pero necesita al menos 100. Las estructuras de control están contaminadas con informantes de las mafias mineras.

El mega operativo contra la minería ilegal en el sector de Yutzupino, provincia de Napo, realizado el pasado domingo 13 de febrero de 2022, es solo el último gran episodio de una historia donde la falta de control y la corrupción son protagonistas.

Luego de casi dos años de actividades ilícitas en esa zona, las autoridades llegaron a parar la explotación financiada por mafias y estructuras criminales, como lo reconoció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.

Bajo número de inspectores

Las razones de que los focos de minería ilegal florezcan y se fortalezcan más rápido que la capacidad de respuesta estatal son varias.

En primer lugar, la capacidad real de control es mínima. Según información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control de Energía, actualmente se cuenta con 22 Especialistas Técnicos Mineros, los cuales en teoría deben hacer inspecciones en todo el país.

Sin embargo, Fernando Benalcázar, exministro de minería, explicó que de ese total, alrededor de 60% está concentrado en Zaruma, y ahora en Napo, lo que significa que quedan entre cinco y seis técnicos para el resto.

El exfuncionario recordó que en julio de 2020 se fusionaron en una sola todas las agencias de control en temas eléctricos, hidrocarburos y minería. Desde esa fecha se prometió que se iban a potenciar las inspecciones mineras que, por lo menos, necesitan 100 técnicos.

Sin embargo, la falta de recursos en el Estado no ha permitido hacer las inversiones necesarias.

Falta de presupuesto ayuda a las ilegalidad

La Agencia de Regulación y Control de Energía reconoció que no existe un presupuesto propio para el control de la minería ilegal, lo que deja en inferioridad económica a las autoridades frente a las mafias.

La ministra Vela puntualizó, durante una rueda de prensa el pasado 15 de febrero 2022, que en la explotación ilícita intervenida en Napo se pagaba $43 por gramo a los mineros a boca de río, pero luego las grandes estructuras criminales vendían el oro a por lo menos 50 veces más.

Esta realidad hace que el músculo financiero de la minería ilegal supere a las capacidades del Estado.

La corrupción facilita el negocio

Franklin Soria, periodista e investigador en temas mineros, comentó que la corrupción inicia desde las mismas autoridades de control minero, específicamente en los mandos medios de la ex Agencia de Control Minero (Arcom) y en las coordinaciones zonales.

“Se debe sanear a las autoridades de control y hacer un arqueo de las riquezas de los vinculados a la ex Arcom y las coordinadoras zonales. Hay burócratas de larga data que conocen todas las triquiñuelas para entregar información a las mafias”, puntualizó.

En resumen, el modus operandi es que ciertos funcionarios, con información privilegiada, ayudan a los mineros ilegales a establecer los puntos donde se puede sacar buenas ganancias con la explotación. Se tapan esas actividades mediante retrasar informes y alertas hasta que ya es imposible tapar el impacto. Luego se pasa a otra localización, y así sucesivamente.

Así, a la falta de presupuesto y personal se suma toda una estructura cooptada por las mafias detrás de la explotación ilícita.

El círculo se cierra con la impunidad

Benalcázar recalcó que en la Ley de Minería y Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen claramente las sanciones y la tipificación de los delitos, pero en la práctica en el mejor de los casos se sanciona mínimamente a los mandos medios de los campamentos y a los mineros.

Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, a pesar de ser detenidos con todas las evidencias, en la justicia se rebajaron sustancialmente las penas con el argumento de que las actividades ilegales eran de escala menor, para subsistencia y de nivel artesanal.

Entonces, a pesar de que la ley establece entre cinco y siete años de cárcel, a lo sumo se sentencia por cuatro o cinco meses, luego de un proceso abreviado.

“Nadie de los peces gordos jamás cae, y eso pone en evidencia que hay una gran falla en el sistema judicial”, puntualizó Benalcázar.

La justicia va lento en este tema

Por su parte, Soria añadió que solo en la fiscalía provincial del Napo hay decenas de denuncias represadas a las que no se le da trámite.

Asimismo, el General Alain Luna, luego del mega operativo en esa provincia amazónica, aseguró que es “difícil e inclusive decepcionante ver la actitud de algunas autoridades judiciales que se esconden para no dar la autorización de ingreso a esos lugares o impiden la incautación de maquinarias”. (JS)

Los principales focos de minería ilegal actualmente registrados Alto Nangaritza, Paquisha, Nuevo Quito, Zurmi Sectores Chinapintza y Pachicutza (Zamora Chinchipe); Yutzupino, Carlos Julio Arosemena Tola, Jatunyacu (Napo); El Tiink, San Luis, San Marcos, Ashao, San José de Piunts (Morona Santiago); San José, El Placer, Tobar Donoso, Selva Alegre, San José de Cachavi, Comuna Río Santiago Cayapas, 5 de Junio (Esmeraldas); Parroquia Molleturo, Proyecto Río Blanco (Azuay); Buenos Aires (Imbabura).

Se investiga las vinculaciones políticas

Durante una entrevista en Democracia Exa FM, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, recalcó que está investigando los vínculos políticos detrás de casos de minería ilegal como la última registrada en Napo.

El legislador dijo que hay evidencias de que el Gobernador de esa provincia alertó a los mineros ilícitos sobre el operativo que se preparaba. Además, aseguró que, según un informe reservado en manos del Gobierno, varias de las retroexcavadoras y maquinaria utilizada en la explotación son de propiedad de municipios como el de Tena, Archidona y Mena Tola.

Asimismo, denunció que sectores políticos en la Asamblea, comandados por el correísmo y miembros de Pachakutik, no dieron paso a una investigación conjunta entre la Comisión de Biodiversidad y Fiscalización.

“Los mismos grupos mafiosos que operaron en San Lorenzo, Zaruma y Buenos Aires, ahora están en Napo”, dijo.

Hasta establecer el real alcance de la minería ilegal en Napo, el Ministerio de Energía ordenó el cese de todas las actividades en el sector, incluidas las formales

Los bienes de Rafael Correa no se incautan a pesar de la sentencia

SANCIÓN. La placa develada por el caso sobornos permanece en la esquina de las calles Chile y García Moreno, en el centro de Quito. Fue colocada en diciembre de 2020.

El expresidente fue condenado a pagar $778.224, como parte de la reparación al Estado. El país debe recuperar más de $14 millones.

Tras un año y cuatro meses de la ratificación de la condena por el caso de corrupción conocido como Sobornos 2012-2016, los bienes del expresidente Rafael Correa continúan sin embargarse.

Los pedidos de revocatoria y nulidad de autos emitidos anteriormente, que fueron presentados por el expresidente, fueron negados. Con ello, la ejecución de su sentencia continúa en firme.

Lo que ha sucedido

El Tribunal todavía no ha respondido a la Contraloría sobre la solicitud de embargo de los bienes del exmandatario. Con ello se busca conocer cuántas propiedades están a su nombre en Ecuador, e iniciar el proceso legal para rematarlos y recuperar parte del dinero. Este Diario se comunicó el lunes, 31 de enero de 2022, para conocer la versión de los jueces, pero no tuvo respuesta.

Sin embargo, el 7 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad de Guayaquil inscribió el comiso de propiedades de siete sentenciados. Ahí se identificó un departamento en el Condominio Centro de la Vivienda a nombre de Correa.

La Procuraduría General del Estado envió un oficio a los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas el 11 de diciembre de 2021, en el que la Unidad de Recuperación de Activos solicita disponer el embargo de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a todos los sentenciados. Hasta el momento, no se conoce la decisión judicial y lo cierto es que pasado un año y cuatro meses desde la ratificación de la condena, el dinero no se recupera.

Ni la placa se ha pagado

El exmandatario todavía no ha cumplido ni con el porcentaje del pago de la placa colocada en una pared lateral del Palacio de Carondelet -en el centro de Quito- en la que se constan los nombres de los 20 sentenciados en este caso.

El costo de la lámina de piedra, que es parte de la sentencia, fue asumido por la Procuraduría, en diciembre de 2020.

La entidad invirtió en total $448 por la pieza de mármol, que contiene un extracto de la sentencia y que recuerda a los sentenciados que, “los recursos públicos siempre deben ser administrados honradamente”. Hoy, la institución busca recuperar esa inversión.

 18 sentenciados deben ‘hacer vaca’ para la placa

Las últimas acciones que tomó el tribunal a cargo de la ejecución de la sentencia en el caso Sobornos tienen que ver con una orden judicial para cubrir el valor de la placa. Los jueces Pablo Loayza (en reemplazo del magistrado Walter Macías por enfermedad), Marco Rodríguez y Luis Rojas ordenaron que, hasta el viernes 4 de febrero de 2021, los 18 sentenciados como autores y coautores entreguen $23,58, cada uno, mientras que los cómplices (Laura Terán y Alberto Hidalgo) depositen $11,79.

CORRUPCIÓN. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue condenado como autor del delito de cohecho en el caso de corrupción Sobornos.
CORRUPCIÓN. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue condenado como autor del delito de cohecho en el caso de corrupción Sobornos.

 Los millones no se recuperan

 El pago total que determinó el Tribunal en septiembre de 2020 por el caso sobornos es de $14,7 millones. Los autores y coautores del delito debían pagar $778.224 y los cómplices $368.632.

De los 20 condenados, solo tres han cumplido con los pagos ordenados por la justicia. El monto total que ha logrado recuperar la Procuraduría General del Estado es de apenas $1,9 millones, de $14,7 millones. Es decir, solo se ha recaudado el 13%.

 Cuentas embargadas

Lo que sí ya autorizaron los jueces fue el embargo de cuentas bancarias. Pero, en algunos casos han recibido largas. Los bancos Pacífico y Bolivariano respondieron al tribunal de ejecución que, para proceder con el embargo y transferencia de los valores “se proporcione el tipo de cuenta y RUC del beneficiario”. Esta respuesta dilata aún más los procesos para recuperar los dineros.

Las cuentas de Alexis Mera

La Procuraduría solicitó en cinco ocasiones que se realice el embargo de una cuenta de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia. La justicia ordenó retener la cantidad de $778.224 que le corresponde pagar como indemnización al Estado tras su sentencia por corrupción.

Las cuentas bancarias de 17 de 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos fueron embargadas por la Procuraduría General del Estado el 10 de noviembre de 2021. Así lo informó esa entidad. Con lo sucedido con Mera, serían 18 los casos en los que la Procuraduría busca conocer cuánto dinero tienen en todo el sistema financiero, que incluye bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Todavía no se sabe el valor exacto de lo que existen en las cuentas bancarias.

Sobre otro sentenciado, Ramiro Galarza, una compañía de ahorros y crédito respondió al tribunal e informó que “no existen valores disponibles en la cuenta” a su nombre. El proceso avanza lento.

 Nueva audiencia para suspensión de pena

Los jueces fijaron para el 4 de febrero de 2022 la fecha para la audiencia de suspensión condicional de la pena del empresario Alberto Hidalgo. Con este recurso se busca que él pueda cumplir la condena sin tener que ir a prisión, sino que pueda realizar obras de servicio social.

Fiscalía formulará cargos en contra de Fernando Alvarado

La Fiscalía lo acusa de incumplir orden legítima de autoridad competente, al retirarse el grillete electrónico que lo monitoreaba cuando se lo investigaba por un supuesto caso de corrupción que se archivó.

La diligencia se cumplirá en el Complejo Judicial Norte, ubicado en la av. Amazonas y Juan José Villalengua. En esta ocasión, el juez no dio la opción de realizar la audiencia vía telemática, como lo hizo anteriormente. “Se les hace conocer a las partes que para la comparecencia de la presente audiencia deberán tomar todas medidas de bioseguridad”.

La audiencia se debía realizar el viernes 28 de enero de 2022, pero un defensor público pidió al juez Geovanny Freire que declare fallida la cita judicial, pues los abogados de Alvarado no se conectaron vía telemática ni comparecieron personalmente.  El juez la suspendió para que el abogado revise el expediente.