El impacto a las cuentas públicas es de alrededor de $118 millones y la autoridad tributaria busca que los delitos no queden en la impunidad. La Fiscalía debe actuar.
El director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) priorizar la atención de 200 denuncias por defraudación tributaria, a fin de que no queden en impunidad; sean judicializadas: y se puedan establecer sanciones.
La presunta defraudación que está en juego es de aproximada $118 millones, lo que afecta los intereses del fisco.
«La Administración Tributaria identificó los procesos penales que, por su cuantía, estado procesal, situación emblemática e interés institucional, son representativos a nivel nacional. El objetivo es poder destinarles más esfuerzos y que sean analizados por los fiscales con un enfoque estratégico y de resultados, para así alcanzar su judicialización ante los tribunales, sin perjuicio de los demás casos investigados», dice un comunicado del SRI
Estos 200 procesos penales están relacionados con tramas de empresas y clientes catalogados como fantasmas, impuestos retenidos y percibidos que no han sido entregados al fisco, devolución indebida de impuestos y omisión de ingresos.
Según el SRI, se cuenta con todas las pruebas y soportes del caso para reflejar el perjuicio directo a los intereses del Estado ecuatoriano.
Además, la administración tributaria ha realizando una serie de capacitaciones a todas las Fiscalías del país para socializar a su personal los procesos administrativos que se efectúan previo a levantar un informe de presunciones penales y las labores de análisis que realiza el personal del SRI para detectar una presunta trama que luego es elevada a denuncia.
Los funcionarios de las áreas jurídicas del SRI visitan permanentemente a las unidades especializadas de la Fiscalía a escala nacional para coordinar el apoyo en las diligencias investigativas y aportar los elementos de convicción que permitan proseguir a las siguientes etapas de la investigación y posterior proceso penal.
Hasta el momento, todos estos esfuerzos han dado resultados; pero todavía no son suficientes. Como ejemplo se cita el caso reciente de un contribuyente que realizó transacciones con empresas catalogadas como fantasmas, el mismo que deberá cumplir un año de prisión preventiva y pagar una reparación integral al Estado de $197.920.00 .
«Otros casos dentro de este proyecto han tenido sanciones similares que afianzan la lucha contra la defraudación tributaria», dijo el SRI
Briones valoró el trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, pero aseguró que se necesita más agilidad en los 200 casos detectados, para impedir que queden en impunidad las tramas de fraude. (JS)
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