Ante lo que está pasando, es comprensible que el país se hunda en una desoladora sensación de impunidad. La inminente salida de prisión del exvicepresidente Jorge Glas es el nuevo capítulo de toda una saga de decepciones: el expresidente Rafael Correa —sentenciado y prófugo— pasea por el mundo, conspirando a tiempo completo contra el Estado ecuatoriano; un pelotón de exfuncionarios encausados y sentenciados aparecen en un documental, financiado por un gobierno extranjero, jactándose de sus artimañas para escapar a la Justicia; costosos juristas internacionales participan en conferencias públicas en Ecuador para descalificar el proceder de nuestros jueces como ‘lawfare’; María de los Ángeles Duarte sigue viviendo, prófuga, en una embajada de la capital.
De a poco, los ecuatorianos se resignan a que nunca volverá a las arcas públicas todo aquel dinero que se perdió en “acuerdos entre privados”, extorsivos esquemas de donaciones de campaña minuciosamente articulados, contratos con sobreprecios disfrazados de ambiciosa inversión (como repotenciaciones infladas o refinerías imaginarias), derroche legalizado y mala administración deliberada.
Las cosas son como son y poco sentido tiene ahora emprenderla contra los políticos; estos llegan hasta donde se los deja llegar. El verdadero problema es la Justicia —cooptada hasta la médula por fuerzas oscuras y armada de recursos retorcidos— y su forma de permitir, socapar y estimular la corrupción. Mientras seamos una sociedad en la que todo es relativo —no existen crímenes ni criminales; ladrones ni víctimas— no vendrán tiempos mejores.