La lucha contra la corrupción petrolera debe estar en el primer lugar de la agenda del nuevo ministro de Energía

REALIDAD. El presidente de la República, Guillermo Lasso y Santos Alvite tienen un reto cuesta arriba por cumplir.
REALIDAD. El presidente de la República, Guillermo Lasso y Santos Alvite tienen un reto cuesta arriba por cumplir.

Se necesita reducir la discrecionalidad, transparentar los procesos e independizar los nombramientos.

Solo por la trama de corrupción de los contratos petroleros vinculados a Nielsen Arias y Jorge Glas, entre otros altos cuadros del correísmo, se perdieron más de $5.000 millones en ingresos durante los últimos 14 años.

Ese monto equivale a casi 48 veces el presupuesto anual máximo que se ha destinado a becas educativas; 17 veces el monto proyectado para el plan contra la desnutrición infantil durante todo el Gobierno de Guillermo Lasso; 327 veces el gasto anual en el Presupuesto General del Estado (PGE) para el sector turístico; o todo el financiamiento requerido para el llamado ‘plan Marshall’ para reducir la pobreza y aumentar la producción y el empleo en la ruralidad.

En otras palabras, una parte de la corrupción en el sector petrolero le ha quitado posibilidades de desarrollo y crecimiento al Ecuador en sectores tan sensibles como educación, nutrición, turismo, agro, entre otros.

Si se suman las inversiones fallidas, o mal hechas, como la refinería del Pacífico o la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, y las contrataciones mañosas que se mantienen hasta la fecha, las pérdidas directas pueden superar los $20.000 millones.

Por eso, toman relevancia las palabras del nuevo ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, sobre que “el petróleo trajo desarrollo, pero también el cáncer de la corrupción al país”.

Enemigo interno

Para Fernando Santos Alvite, uno de sus principales retos será transparentar los balances y las cuentas financieras de Petroecuador (dentro de los compromisos con el FMI). También reducir la discrecionalidad y aumentar los contrapesos en la contratación y los procesos de comercio internacional.

“Lamentablemente Petroecuador está muy corrupta, demasiado corrupta. Es un Estado dentro del Estado. El gerente de Petroecuador tiene capacidad de firmar contratos por hasta $100 millones. Hay muchos intereses que no quieren que se acaben ese tipo de privilegios, ni que haya supervisión al directorio. La burocracia de la petrolera estatal no hace caso al Ministerio”, dijo el Ministro.

En este contexto, Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, explicó que el Gobierno tiene todas las herramientas a disposición para, mediante reglamento u otro tipo de normativa que no necesita pasar por la Asamblea, establecer procedimientos independientes para elegir a los gerentes y jefes de área de Petroecuador.

“Se comenzaría por cortar la discrecionalidad que tiene tanto el Presidente de la República como el Ministro de Energía para nombrar a personas de su supuesta confianza, las cuales en la mayoría de los casos no son de la confianza de los ciudadanos. En Ecuador existen profesionales jóvenes que pueden cortar la inercia del sector”, puntualizó.

Al final, la meta debe ser romper el círculo vicioso de hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, según Andrés Quintana, ingeniero petrolero y exfuncionario de la petrolera estatal.

“Se sabe que el presupuesto de Petroecuador ya está repartido entre varios intereses, tanto internos como externos. Por eso se deben buscar nuevos cuadros e invertir con inteligencia no solo en perforar más pozos, sino en tecnología como la recuperación mejorada para obtener más barriles de crudo en los pozos ya existentes. Además, con ayuda de universidades, gremios profesionales, entre otros, se pueden armar veedurías independientes para que los contratos no pasen de agache, sin escrutinio público”, aseveró.

Triángulo de corrupción

Para reducir la ineficiencia y el despilfarro a “límites manejables”, por lo menos a corto y mediano plazos, se debe partir del conocimiento del triángulo de la corrupción.

Reyes recalcó que ningún cambio será efectivo si no se toma en cuenta que gran parte de los problemas del sector petrolero radican en: la discrecionalidad, la gestión corrupta y la impunidad.

Así, a la par de que se deben hacer reformas en el sistema de contratación para identificar claramente a los beneficiarios finales de los contratos y reducir la burocratización y la discrecionalidad de los procesos; también se debe trabajar en poner límites al comercio internacional a través de intermediarios.

En tramas como las de Nielsen Arias, la figura de los intermediarios permitía firmar contratos de exportación a precios excesivamente por debajo de los del mercado. Luego, esos intermediarios privados, que compraron barato, revendían los barriles de crudo ecuatoriano a un costo mucho más alto a las refinerías.

Una parte de la diferencia entre lo que le ingresaba a Petroecuador y la ganancia extra de los intermediarios se repartió en jugosos sobornos o “comisiones”.

Esos esquemas se han reducido, mediante las ventas spot, en las exportaciones; pero se mantienen en las importaciones de combustibles y derivados, según Reyes.

En esas importaciones se proyecta gastar, durante 2023, al menos $7.500 millones, lo que es una gran fuente de corrupción si no se reduce la larga lista de más de 35 intermediarios registrados; se comienza a comprar más a las empresas productoras directamente; se destraban inversiones para aumentar la capacidad refinadora nacional y la explotación y aprovechamiento local de gas, entre otros.

Asimismo, también se debe trabajar, de la mano con la función judicial, para que los procesos investigativos y las sentencias se concreten porque, si no se siente un real riesgo de sanción, las malas prácticas seguirán como si nada. (JS)

“Desgraciadamente, la burocracia de Petroecuador se ha acostumbrado que, cuando su compañía o no se inscribe o se ve que tiene rivales fuertes, se declaran desiertos los concursos”,

Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas.