En las mesas de diálogo se quiso eliminar todas las modalidades flexibles de contratos y apoderarse del Ministerio de Trabajo.
Los mayores perdedores y grandes ausentes de los diálogos entre el Gobierno y el movimiento indígena fueron los 5’659.154 de desempleados e informales de Ecuador. Esto porque la mesa de empleo y derechos laborales fue en la que menos acuerdos, o concesiones, estuvo dispuesto a viabilizar el ministro de Trabajo, Patricio Donoso.
Una de las razones de fondo, según Andrés Aguilar, abogado laboral, es que la Conaie, junto con otras organizaciones sociales y políticas, no presentaron un modelo viable alternativo para generar empleo y oportunidades.
“Ecuador tiene un problema estructural de baja creación de puestos de trabajo formales, con sueldos medianamente competitivos, sobre todo para los jóvenes y las mujeres. Pero, las exigencias del movimiento indígena giraron en torno a más burocracia y controles estatales; cooptar espacios de poder, incluido el mismo Ministerio de Trabajo; dar más alas a los sindicatos; y eliminar casi todas las opciones flexibles de contratación que a duras penas existen en el país”, puntualizó.
En otras palabras, de acuerdo con Verónica Mina, economista y emprendedora, si Leonidas Iza, u otro con su misma visión llegara al poder, la generación de empleo sería cuestión de una “supuesta voluntad política y de mano dura”, pero sobre todo controlado desde un Estado corporativista en el que los “aliados ideológicos” tienen más espacio.
Empleo para el que ya tiene
Entre las exigencias del movimiento indígena, que el ministro Donoso rechazó, están un aumento casi inmediato, sin ninguna justificación técnica ni económica, de $75 en los sueldos de todos los empleados públicos desde el 10 de enero de 2023.
Asimismo, establecer en $500 el Salario Básico Unificado (SBU) que rige para el sector privado.
Y, para amar políticamente el establecimiento del SBU, también se exigían cambios legales para que sindicatos y movimientos sociales afines tengan más delegados, es decir, más poder de decisión en el Consejo de Salarios y Trabajo.
En esa misma línea, otro pedido apuntaba a modificar la fórmula de cálculo para el incremento salarial.
Pero, el afán de obtener más control e influencia se reflejó también en el intento de descalificar al actual Ministro de Trabajo.
“El Ministerio de Trabajo debe ser dirigido por personas que defienden los derechos de los trabajadores, siguiendo los principios del derecho social. No puede encabezar la defensa de los derechos de la clase trabajadora un representante de las cámaras empresariales que, por definición, es juez y parte”, se expone en el acta firmada el 14 de octubre de 2022.
Por otro lado, el movimiento indígena exigió al Gobierno que se termine con la precarización de las condiciones de trabajo y las normas que tienden a la flexibilización laboral.
Para eso, el pedido fue eliminar todas las modalidades contractuales con algún tipo de flexibilidad como los contratos por obra o servicio determinado, para actividades productivas, turísticas, emprendimiento, entre otras. Ni hablar de temas como la contratación por horas.
Aguilar aseveró que la visión del movimiento indígena y los sindicatos es que el Código Laboral actual tiene los suficientes elementos para generar empleo, solo hace falta más control y un Gobierno más activo para que todo camine sobre ruedas.
LA HORA, en una nota del pasado 22 de septiembre de 2022, visibilizó la posición de dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), como José Villavicencio.
“El Gobierno nos dice que no puede generar empleo porque el Código laboral es muy rígido e impide la contratación. Eso es puro justificativo y es falso. Solo aquí en el Ecuador y al Gobierno del presidente (Guillermo) Lasso se le ocurre hablar de una ley para los desempleados”, dijo. (JS)
Cuotas y más poder sindical
El movimiento indígena también hizo pedidos como cuotas establecidas por ley para que en dependencias públicas y privadas se contrate mujeres y “miembros de pueblos y nacionalidades»
Y a la par, más burocracia para controlar que los pocos que tienen un empleo formal (3 de cada 10 trabajadores) tengan mejores condiciones de salud ocupacional, entre otros.
Asimismo, se exigieron sanciones más fuertes para los funcionarios que dilaten procesos en el Ministerio de Trabajo, pero ninguna medida práctica para reducir la tramitología y dar incentivos para la formalización.
Además, más de una decena de pedidos iba en la línea de dar más poder a los sindicatos e incluso impedir que haya un dictamen previo del Ministerio de Economía antes de la firma de contratos colectivos en el sector público.
Finalmente, el movimiento indígena exigió la eliminación del decreto 457, emitido en junio de 2022, el cual busca reducir la utilización de los contratos provisionales dentro del sector público.
De acuerdo con Mina, todas las exigencias apuntan a una visión de la generación de empleo más como un tema político y no como un tema de productividad, mejores condiciones para hacer negocio y contratar, incentivos, flexibilidad e inversión.
“Por esto la imposibilidad de concretar una reforma laboral, de cualquier tipo, se ha vuelto una de las barreras para el desarrollo del Ecuador”, concluyó.