Por esta masiva estafa los comuneros llegaron hasta la Gobernación de Tungurahua en Ambato para pedir ayuda a las autoridades, una mujer está retenida en una comuna por estar vinculada a este presunto ilícito.
Cerca de medio millón de dólares es el monto al que asciende la estafa masiva que se habría cometido en contra de moradores de la parroquia San Andrés de Píllaro.
La mañana de este lunes 4 de diciembre de 2023, un grupo de comuneros se dio cita en la parte externa de la Gobernación de Tungurahua para pedir apoyo a las autoridades en este caso que ha perjudicado a más de 50 personas.
Una mujer se encuentra en calidad de retenida por los comuneros desde el martes 24 de octubre de 2023, esta fue interceptada en Ambato por moradores de la comuna de Yatchil que llegaron desde Píllaro para llevársela pues estaría implicada en la presunta estafa.
Realidad
Uno de los representantes de la comuna, que prefirió no identificarse, sostuvo que todo empezó en el año 2020 con el ofrecimiento de cambiar los modelos de las camionetas, cabina sencilla a doble cabina, que funcionan en la cooperativa que opera en el lugar y, adicionalmente, abrir una ruta de recorrido para microbuses en la parroquia.
Los estafadores convencieron a los incautos para este cambio de modalidad y nuevo servicio, solicitándoles montos que iban desde los 7 hasta los 20 mil dólares por persona para la adquisición de los vehículos doble cabina y los microbuses.
Los perjudicados mostraron documentos no solo de los depósitos, sino de presuntas órdenes de cobro supuestamente emitidas desde la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) con las que los estafadores justificaban los trámites que estaban realizando.
CIFRA 19 BUSES Eran los que supuestamente se iban a adquirir, así como el cambio de camionetas de cabina simple a cabina doble de 11 automotores, por lo que los comuneros entregaron fuertes sumas de dinero a los presuntos estafadores.
Con el cambio de gerente de la cooperativa de camionetas, que es uno de los implicados en la estafa, se retomaron las averiguaciones del porqué de la demora en la adquisición de los buses y la habilitación de la ruta. Desde la ANT respondieron no conocer de tal situación y tampoco del cobro de dineros.
Ahí fue que los comuneros se dieron cuenta de que habían sido estafados por lo que retuvieron al exgerente de la cooperativa, pero este logró escapar, sin embargo, la abogada que estaba ayudándolos sigue bajo su custodia.
“La señora está libre y voluntariamente en nuestra jurisdicción en garantía de ofrecer subsanar el daño causado, ella está por su decisión en custodia de nosotros”, aseguró el representante de los comuneros.
“Estamos pidiendo que todos los involucrados se hagan responsables, la justicia indígena no está para que le echen la culpa a una persona, aquí asumirán todos, no vamos a ejecutar sentencia de este tema a uno sabiendo que hay más implicados”, dijo.
Los perjudicados fueron enfáticos en determinar que “solicitamos respaldo de las autoridades, tenemos que trabajar con la justicia ordinaria, porque si confiamos en ellos en su totalidad no veremos resultados, queremos trabajar en conjunto para agilizar el proceso”, agregó el dirigente.
EL DATO El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona el delito de estafa, mientras el artículo 161 tipifica y sanciona el delito de secuestro.
Montos
“Yo di 11 mil dólares, lo hicimos para adquirir estos buses que estaban costando 87 mil dólares y nos ofrecieron vendernos en 40 mil, entonces pensamos en aprovechar esta oferta también para brindar un mejor servicio”, mencionó una de las perjudicadas.
Mientras tanto, otra ciudadana aseguró que las cooperativas donde se hicieron los préstamos “están queriendo embargarnos porque no tenemos de dónde pagar, queremos que nos devuelvan lo que nos quitaron, nosotros no somos ignorantes como nos creen”.
“Los buses que nos ofrecieron eran para 33 pasajeros, por eso buscamos cómo endeudarnos para adquirirlos porque averiguamos y costaban como 87 mil dólares, pero ellos nos iban a ayudar a conseguir a mitad de precio y del año, pero todo fue un engaño”, explicó otra persona perjudicada.
En la ley
Christian Pérez, abogado constitucionalista, aseguró que “la retención de la ciudadana se constituye en un delito de secuestro porque solo una autoridad competente tiene la potestad de privar de la libertad a una persona bajo una medida cautelar”.
Pérez aseguró que, si bien el presunto delito de estafa se encuentra en conocimiento de la Fiscalía de Tungurahua, la aplicación de la justicia indígena ya no sería necesaria pues, “no se puede procesar a una persona dos veces por el mismo delito ni dos instancias pueden hacerlo simultáneamente”.
“No se puede decir que una persona está voluntariamente en un lugar siendo custodiada, si está limitada en su movilidad está ahí en contra de su voluntad y eso ya se configura como secuestro, lo que deben hacer desde la comunidad es solicitar con su abogado que la mujer obtenga medidas privativas de libertad si temen que escape y dejar el caso en manos de la justicia ordinaria”, agregó el profesional.
El jurista hizo hincapié en que incluso, “se puede solicitar el auxilio a la fuerza pública para la liberación de la ciudadana porque este es un ejercicio arbitrario de la comunidad”. (MAG)
Antecedentes
Desde octubre de 2023, la Policía Nacional ha estado pendiente del estado de la mujer a lo que los comuneros han mostrado que no ha sido violentada ni vulnerada, sin embargo, un Juez Constitucional expidió una boleta de ubicación y liberación a su favor el 27 de octubre de 2023, pero hasta el 10 de noviembre, ésta no fue acatada.
Entre los últimos reportes policiales está uno registrado el 27 de noviembre de 2023 en donde pesa una denuncia por el delito de secuestro en contra de uno de los comuneros por la ciudadana que se encuentra resguardada en una comuna.