Mucho se habla de unidad ante la crisis actual de seguridad, pero ni siquiera está claro cuál es la ‘victoria’ que se persigue. Cuanto antes, es necesario definir qué es lo que persigue cada quien.
Hace casi 30 años, cuando se produjeron los combates en el Alto Cenepa en enero de 1995, el Palacio de Carondelet fue escenario de una cita histórica. El entonces presidente Sixto Durán Ballén convocó a los ex presidentes y vicepresidentes electos, quienes acudieron a su llamada.
La célebre foto de Durán Ballén junto a Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Rodrigo Borja dio la vuelta al mundo. Aunque varios de los asistentes señalarían después en sus memorias o en entrevistas que la cita había, puertas adentro, carecido de consensos, la verdad es que ante la opinión pública de entonces la ocasión sirvió como una oportuna muestra de unidad nacional. Parecía que, de cara ante el conflicto con el Perú, la clase política ecuatoriana estaba dispuesta a dejar a un lado sus diferencias y coordinar esfuerzos.
Nunca más volvió a ver el Ecuador una manifestación similar. Un ejemplo de lo absolutamente opuesto fue lo que sucedió durante otra gran crisis nacional, el inicio de la pandemia del Covid-19. Pese a que algunas personalidades de la política ecuatoriana hicieron un llamado a la unidad y el entendimiento, prevaleció la división y el intento de capitalizar el momento.
Las diferencias entre el gobierno de Lenín Moreno y el bloque de su antiguo aliado, el expresidente Rafael Correa, se maximizaron. Mientras el entonces presidente culpaba a su predecesor por la precariedad de la situación que había heredado, el exmandatario aprovechaba el caos y el pánico de la pandemia para desestabilizar al gobierno e impulsar su destitución.
Ahora, luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara, por medio del Decreto 111, la situación de “conflicto armado interno”, los ecuatorianos se preguntan si el escenario será más similar al de 1995 o al de 2020. ¿Qué es lo que está en juego?
¿Unidad para qué?
En el caso del conflicto fronterizo con el Perú, los objetivos eran sumamente sencillos de definir: no sufrir más mutilaciones territoriales y, dentro de lo posible, recuperar los territorios perdidos en el Protocolo de Río de Janeiro. Para ello, se requerían unas Fuerzas Armadas debidamente equipadas y una economía nacional capaz de sobrellevar esa tarea. Ante una situación así, era sencillo establecer qué requería un esfuerzo nacional conjunto.
Ante el “conflicto armado interno” que ha decretado el presidente Noboa la situación es muy diferente. No es sencillo determinar un objetivo medible y verificable que guíe los esfuerzos del país. Expresiones como “recuperar la paz”, “retomar la seguridad” o “pacificar el país” son supremamente subjetivos y podrían significar cualquier cosa.
Otras definiciones, como “desarticular a los 22 grupos terroristas”, resultan confusas. ¿Qué vendría a significar “desarticular”? Es difícil definirlo, en un contexto en el que la mayoría de bandas ni siquiera cuentan con un mando unificado y en el que no hay una forma estándar de definir la pertenencia de alguien a un grupo. Si un grupo desaparece porque sus miembros pasan a otro, o porque cambian el nombre, ¿estaría desarticulado ese grupo?
Igualmente, establecer categorías medibles puede resultar engañoso. Si es que el gobierno empieza a enfatizar demasiado la cantidad de detenidos, procesados o abatidos, puede cometer el error —el mismo de Estados Unidos en Vietnam y de tantos gobiernos en guerras de contrainsurgencia— de priorizar el combate antes que el restablecimiento del orden. Incluso indicadores objetivos, como el número de asesinatos o incautaciones, puede resultar confuso si es que, apenas por motivos tácticos, las organizaciones criminales se repliegan temporalmente.
Así, resulta urgente que el gobierno aporte una definición objetiva, medible y verificable de cuál es la ‘victoria’ que persigue. Solo así se le puede hacer pedidos concretos a la clase política y a la población. Con esa meta definida, es sencillo establecer qué juega a favor y qué juega en contra de la persecución del objetivo.
¿Unidad en qué?
En 1995, toda la clase política coincidía en su deseo de un Ecuador “soberano y en paz” o en la idea de un país que “fue, es y será amazónico”. En las circunstancias actuales, más allá de definiciones generales como “seguridad”, es necesario definir concretamente los deseos que comparte toda la clase política con respecto a la crisis actual.
No existe un consenso, hasta el momento, con respecto al diagnóstico del problema; mucho menos con respecto a la solución. A algunos sectores parece preocuparles legítimamente el surgimiento de una industria del narcotráfico internacional, y por ello privilegian procedimientos como las incautaciones de droga. Otros bloques enfatizan la afectación a la población en general o la pérdida de control de ciertos territorios, y privilegian el combate a la criminalidad y los patrullajes.
Algunos grupos, mucho más pequeños, advierten sobre la penetración política y económica del crimen organizado, e instan a perseguir más al lavado y a las estructuras de cooptación. Todo ello, bajo un marco constitucional que prohíbe criminalizar la narcodependencia y que enfatiza un modelo de desarrollo socioeconómico muy definido.
¿Qué quiere entonces la clase política? ¿Cómo es ese país “seguro” que anhela? Si no hay un consenso al respecto, mucho menos puede haber uno con respecto a la forma de pelear esta “guerra”. Si el énfasis es la lucha contra el narcotráfico internacional, lo principal debería ser la persecución de las grandes estructuras y de sus finanzas. Al contrario, si lo que importa es la pacificación de las calles, la represión cobra un protagonismo mucho mayor. Por último, si prevalece la creencia de que el crimen es el desenlace lógico de una precaria situación económica, la atención del Estado no debería estar puesta en el trabajo de seguridad, sino en el desarrollo. En este sentido, el peor escenario es una visión hipergeneral que, por querer abarcar todo a la vez, termina sin abarcar nada.
¿Cuáles son los límites?
Tal y como está descubriendo ahora el gobierno tras presentar su propuesta de aumento del IVA, la unidad no significa una carta blanca. Incluso en el caso del conflicto con el Perú del siglo pasado, uno de los principales motivos que retrasaron un acuerdo de paz era la diferencia de criterios, entre los partidos, sobre qué era tolerable y qué no. Si incluso ante un problema tan claramente definido como aquel existían amplias diferencias, ante una situación tan ambigua como la actual las divergencias serán innumerables.
Está por verse las diferencias de criterio con respecto al sacrificio económico que deberá hacer el país. Cada partido tendrá una apreciación diferente acerca de quién debe cargar el bulto de la crisis. Por facilidad de recaudación, el gobierno prefiere que sea la población en general, por medio de un aumento del IVA, pero otros preferirán impuestos especiales o cargas a sectores específicos.
Habrá que ver luego, a nivel de presupuesto, qué sectores estarán dispuestos a atravesar recortes y reasignaciones. De no existir un consenso, esto puede conducir a paros y levantamientos como los que ya ha vivido el país.
Tarde o temprano surgirán también debates alrededor de libertades, derechos y tolerancia. Toda crisis de seguridad nacional conlleva, necesariamente, restricciones en la vida de los ciudadanos. Mientras hay algunos sectores y partidos que ven con buenos ojos estas limitaciones y las iniciativas represivas, tarde o temprano se manifestarán también otros sectores. ¿Qué pasará si es que no existe un clima político favorable al accionar de policías y militares?
El gran límite, no obstante, será el político. La pregunta es cuánto están dispuestos los partidos y movimientos a dejar el muñequeo político a un lado para enfrentar el problema de la inseguridad. Para algunos sectores políticos, e incluso de la Justicia, la pugna política viene mucho antes del combate a la seguridad: prima, al momento de emprender una acción legal, el cálculo de a quién favorecerá y a quién perjudicará políticamente. Eso, en un contexto en el que unos grupos anhelan volver al poder, otros que quieren evitarlo a toda costa y el que incluso hay algunos que probablemente tienen lazos con el crimen organizado, dificulta inmensamente cualquier entendimiento.
Al mismo tiempo, si es que esta crisis se resuelve favorablemente para el gobierno, el principal ganador de toda esta circunstancia será el presidente Daniel Noboa, quien no ha ocultado sus ambiciones electorales a mediano plazo. ¿Estará dispuesta la clase política en su conjunto a tolerar eso?
Así, la unidad es un desafío pendiente. Si es que el gobierno no es capaz de marcar claramente la cancha, ni de negociar en busca de consensos viables, lo más probable es que todo este “conflicto armado interno” devenga en algo más parecido al caos político de inicios 2020 que a la unidad de 1995. (DM)
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