El gasto acumulado para subsidiar gasolina suma, casi, el monto actual de la deuda externa. Ecuador es el sexto emisor de CO2 en América Latina.
En los años setenta, en medio del primer boom petrolero y al mando de una dictadura militar, se decidió que Ecuador debía aplicar la política de precios de los combustibles de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La lógica detrás de esa política era que como productores de crudo no podían vender gasolinas a precios de mercado, sino que se debía subsidiar porque había suficiente dinero para hacerlo. En otras palabras, en ese momento primó la política y el establecimiento de beneficios indiscriminados sin criterios de eficiencia ni análisis económicos.
Según un cálculo del Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Américas (UDLA), este subsidio estatal costó $49.467 millones entre 1989 y 2019. Pero si se toma en cuenta todo el tiempo en el que ha estado en vigencia, el monto llega a casi $60.000 millones.
Ese gasto, que equivale al 94% de toda la deuda pública actual, no ha cumplido con ninguno de los objetivos de cualquier subsidio eficiente: mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres; pero, sobre todo, ser temporal y focalizado.
Además, el mantenimiento de precios bajos, y el monopolio de Petroecuador para la importación, ha generado las condiciones para que no exista ningún tipo de incentivos para mejorar la calidad de los combustibles.
Más contaminación y sin solución a la pobreza
Andrés Rosero, ingeniero petrolero, explicó que, si un producto se debe vender al mismo precio siempre, tanto Estado como privados no tienen ningún incentivo para mejorar u ofrecer opciones más eficientes.
“El país tiene casi 20 años de retraso en la calidad de combustibles. A duras penas llegamos a estándares euro II, cuando a nivel mundial ya se tiene euro VI y se va camino a VII. Se comercializa unas gasolinas baratas y malas”, acotó Rosero.
El resultado es la afectación a los ciudadanos por partida doble. Por un lado, se contamina más y la salud de las personas se expone a enfermedades respiratorias crónicas.
Por otro lado, el país ha destinado miles de millones de dólares para mantener un esquema de subsidio que favorece más a los que más tiene y tiene casi nula incidencia en la reducción de la pobreza.
Cada año se ha gastado más en mantener gasolinas baratas, que en fortalecer el sistema de salud pública.
Rosero puntualizó que es mucho más rentable la liberalización del mercado de combustibles en el país y establecer ayudas directas a los sectores más pobres. Esa fórmula mejora los ingresos y la capacidad de consumo casi 90% más que el esquema vigente.
“El presidente Lasso decidió el congelamiento temporal de los precios, y la suspensión del esquema de bandas, bajo criterios políticos. Sin embargo, por cada centavo de subsidio, se pierden diez centavos para gasto social y aumenta casi cincuenta centavos en atención de enfermedades respiratorias crónicas”, acotó. (JS)
Fondos de Estabilización de precios ayudan a liberalizar precios
En Colombia, las autoridades establecen un techo y piso para el precio de venta de las gasolinas. Cada distribuidor y estación de servicio puede ofrecer el costo que mejor le convenga dentro de esa banda.
Sin embargo, si las condiciones internacionales son a la baja; es decir, si el barril de crudo se cotiza cada vez menos, el precio de las gasolinas solo puede caer hasta el piso establecido. La diferencia entre ese piso y el valor real de los combustibles se ahorra en el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Ese ahorro sirve cuando las condiciones internacionales están al alza y la cotización de las gasolinas sobrepasa el techo. En otras palabras, solo se cobra hasta el límite máximo y el resto se cubre con los recursos del (FEPC).
Esto ha permitido que, durante la mayor parte de 2021, el precio de los combustibles en Colombia no se haya incrementado de manera importante.
Actualmente, la gasolina extra (87 octanos) cuesta $2,31 por galón; mientras en Ecuador, con el último decreto del presidente Guillermo Lasso, el valor se congeló en $2,55 por galón (85 octanos)
En Perú, por su parte, ese mismo combustible se puede encontrar entre $2,4 y hasta más de $4, dependiendo del distribuidor.
Según la última actualización de Petroecuador, el subsidio por galón del diésel es de $0,4723 por galón; mientras que para la gasolina extra llega a $0,096 por galón.
En promedio, $0,60 de cada $1 en subsidios va a las familias con ingresos mensuales de $850 o más.