El transporte puede recibir una tarjeta de débito o devoluciones mediante la presentación de facturas de consumo. Y más pobres pueden recibir bonos adicionales.
Cada año, el Estado gasta más de $3.000 millones para sostener el ineficiente sistema de comercialización de combustibles. Ese valor representa 12 veces más que lo destinado a la red de protección y ayudas sociales o más del doble del presupuesto para salud pública.
A pesar de las presiones y amenazas de sectores políticos y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Lasso ha recalcado que no se dará marcha atrás en el proceso de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Ese subsidio es uno de los principales componentes de ese sistema ineficiente y caro. Desde hace varias semanas, los transportistas y el Gobierno han llevado a cabo mesas de diálogo para establecer la mejor opción de focalización.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entrega de ayudas directas a los segmentos más pobres y los transportistas resultan mejor negocio para el país que seguir manteniendo precios bajos para todos (subsidios).
Por ejemplo, bonos adicionales para los ciudadanos de menor capacidad económica costarían entre 1% y 1,5% de los ingresos públicos; es decir, hasta $250 millones. Asimismo, transferencias directas a los transportistas podrían representar $200 millones adicionales al año.
En otras palabras, el costo total de desmontar los subsidios y dar dinero a sectores específicos (focalización) es de alrededor de $450 millones, frente a mantener un sistema cuyo peso es de más de $3.000 millones anuales.
Gobierno analiza tres opciones
Aunque todavía no hay una fecha definida para que se anuncie la opción acordada para focalizar el subsidio a los combustibles, el Gobierno analiza al menos tres opciones como las más probables para destrabar el problema.
En primer lugar, se podría optar por el uso de tarjetas de débito con valores establecidos para cada transportista. Es decir, se fijaría un consumo mensual que se mantendría con precios subsidiados y que se cargarían en esa tarjeta para las unidades que estén registradas y sean legales en todo el país.
Iván Casanova, secretario de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de la Provincia del Guayas Sociedad General, explicó que este mecanismo sería valido para buses y taxis, pero el saldo cargado en la tarjeta se podría utilizar no solo para consumo de combustibles, sino para otros gastos.
El dirigente recordó un plan piloto con tarjeta ya se hizo en Cuenca, durante el anterior Gobierno anterior, pero no se le dio seguimiento ni impulso.
Una variante de esta alternativa sería establecer precios diferenciados en las estaciones de servicio, pero las inversiones tecnológicas tendrían que ser financiadas por el Estado. En este contexto, se conoce que las autoridades están analizando la compra de un software por $250 millones.
Sin embargo, Casanova, consideró que el análisis debe ser más exhaustivo porque, por ejemplo, no todas las gasolineras tienen internet.
Por su parte, Oswaldo Erazo, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), puntualizó que otra opción es que los transportistas puedan pedir, mediante la presentación de las facturas de pago de combustibles, un reembolso al Estado.
Este mecanismo funcionaría como el que se aplica para la devolución del IVA a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Finalmente, las ayudas directas a los sectores más pobres están incluidas en el último acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde incluso se establece que más de $500 millones de ahorro por desmontar los precios subsidiados de los combustibles deben ir a fortalecer la red de protección social y los bonos. (JS)
DATO. – Los combustibles importados abastecen más del 70% del consumo nacional.
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