Damnificados por sismos en Carchi recibirán hasta $27.000

Daños. Quienes perdieron sus casas ahora viven en albergues.

Entidades gubernamentales evalúan los casos. Más de 200 familias reportaron daños en sus viviendas.

Redacción CARCHI

Son 198 familias afectadas y 44 damnificadas las que dejan, hasta el 28 de julio de 2022, los enjambres sísmicos en la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia. El 25 de julio se reportó el movimiento de mayor magnitud, de 5,2 grados en la escala de Richter.

Desde aquel día se activaron los organismos de emergencia y socorro, bajo el mando del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencia (Sngre), que mantienen un monitoreo diario de la situación que atraviesa la provincia y coordinan la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados.

Según su último reporte, hay un total de  385 viviendas afectadas en la provincia. Al menos 18 están totalmente destruidas. Las autoridades nacionales, sin embargo, aclararon que aún se ejecutan evaluaciones, para determinar el grado de daño y las ayudas que el Gobierno podrá otorgar.

Cristian Torres, director nacional del Sngre, explicó que la gestión es interinstitucional. Así, se pasará la lista al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para que pueda entregar los bonos de contingencia en caso de desastres. Esto aplica por una sola vez y bordea los $260, para las familias que por el momento no reciban ningún tipo de ayuda social del Gobierno.

“A la par se realiza la evaluación y valoración estructural por parte del Miduvi (Ministerio de Vivienda), donde se realiza una semaforización de las viviendas y se determinará los paquetes de ayudas que se pueda entregar a la ciudadanía, en coordinación con los municipios locales”, agregó.

Los montos

Jacobo Moral, subsecretario del Miduvi, explicó que un grupo de técnicos hace un barrido en los cantones afectados, para determinar el nivel de daño y afectación que tienen las edificaciones, visualmente, en el menor tiempo posible.

“En este proceso tenemos una metodología donde se identifican daños mínimos o leves, con un color verde; afectaciones parciales, que no implican daños en elementos estructurales de la edificación, con un color amarillo; y edificaciones que presentan amenazas de colapso, con fallas o riesgos estructurales, se los cataloga con un color rojo”, dijo.

Agregó que el proceso de semaforización, aparte de mostrarles preliminarmente el grado de afectación, les permite estimar un presupuesto de intervención aproximado. “Este proceso se realiza a través de un aplicativo digital que nos permite hacer el levantamiento de los técnicos con un teléfono celular, identificando viviendas que serán objeto de una demolición y que para el Gobierno sean consideradas como una nueva. Asimismo las viviendas que estén en amarillo serán objeto de intervenciones y reforzamiento”.

Dentro del presupuesto para este tipo de emergencias, Moral destacó que el Miduvi, tras terminar las evaluaciones, comenzará el proceso para entregar incentivos de reparación de las casas, con 32 salarios básicos unificados ($13.600) para reparaciones y 64 salarios básicos para viviendas nuevas, que representaría $27.200.

 Los sismos en Carchi se deben a la actividad volcánica del complejo Chiles – Cerro Negro.

Más gasto social en nutrición y ayudas directas es indispensable para evitar estallidos violentos cada dos o tres años

La pobreza afecta a más de la mitad de los indígenas ecuatorianos.

Solo 14% de los 1,4 millones de beneficiarios de bonos sociales pertenece al sector indígena.

Sin medidas estructurales que impacten directamente en las condiciones de vida de los sectores más pobres, las protestas violentas y la inestabilidad serán recurrentes cada dos o tres años.

Angela Tipan Llasag, economista y especialista en política social e integral, explicó que la afectación económica y social ha sido fuerte en todos los niveles durante los últimos años. Sobre todo en las familias que están por debajo de la línea de pobreza.

En este sentido, con mayor importancia desde la pandemia, el destino del gasto público debió ajustarse para evitar más empobrecimiento y descontento.

Así, según la experta, la apuesta debe ser mucho mayor en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. A escala nacional, el porcentaje de ese tipo de desnutrición llega al 23,01%, pero la realidad es peor en los pueblos y nacionalidades: 40% en la población indígena, 21% en los montubios y 16% en los afroecuatorianos.

A inicios de 2022, el Gobierno aseguró que en toda la estrategia de desnutrición crónica infantil tendría un presupuesto de $330 millones para todo el año. Esto incluye los $12,5 millones para el bono de los 1.000 días.

Sin embargo, el gasto de $3.340 millones en subsidios a los combustibles, luego de la última rebaja de 15 centavos en la gasolina extra y diésel, es 10 veces mayor a dicha estrategia.

Esto, según Raúl Ordóñez, economista, es un real despropósito, porque está comprobado que de todo ese gasto en subsidios llega en menos del 10%  a los sectores más pobres. Por el contrario, una mejor nutrición incrementa en más del 60% las posibilidades de un mejor desarrollo e ingresos a futuro de esos sectores.

De acuerdo con Tipan Llasag, $5 más invertidos en los niños menores de 5 años son más efectivos que cualquier otra medida.

“Si invierto esos mismos $5 cuando los guaguas tengan 10 años; así les dé desayuno escolar, el uniforme gratuito. No es lo mismo. Los guaguas ya perdieron esa capacidad cognitiva para poder aprender.  Aunque exista el libre acceso a la universidad, no van a tener la capacidad de responder”, puntualizó.

La meta debe ser emular casos exitosos como el de Perú, donde se redujo en más del 10% la desnutrición crónica infantil. El Gobierno de Lasso se ha puesto como meta una caída del 6% hasta 2025.

La realidad de los bonos

Actualmente, 1,4 millones de ecuatorianos pobres reciben bonos sociales desde el Estado. Sin embargo, solo el 14% de esos beneficiarios son indígenas. Esto ocurre a pesar de que el porcentaje de pobreza en este sector llega al 52%; mientras la cifra a escala  nacional no es mayor al 31,1%.

En este punto, si existe un gran trabajo por hacer para que las ayudas directas lleguen a los que más lo necesitan. Esto, en épocas de crisis y más luego de una pandemia, es una acción indispensable para evitar que escale el descontento a corto plazo.

Yohanna Carrillo, especialista en desarrollo económico, recalcó que incluso el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), y otros multilaterales, han alertado desde 2017 que la cobertura social en Ecuador es insuficiente; además ha estado abierto a que se aumente el gasto para mejorar esa situación.

“Los bonos deben estar atados a compromisos en salud y educación. Asimismo, también deben pensarse esquemas para que sirvan de aval para créditos populares a través de la banca pública. No solo basta con aumentar el monto que se entrega, sino sobre todo que llegue a los más pobres”, aseveró.

En la última etapa del Gobierno de Lenín Moreno, y en el primer año de Lasso, sí se mejoró la cobertura de las ayudas sociales, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. (JS)

Cambios de ministros no resuelven los problemas

Ante los cuestionamientos de si la salida de Simón Cueva, ministro de Economía, solucionará los problemas del país, Angela Tipan Llasag, economista y especialista en política social e integral, explicó que no porque se necesita estabilidad.

“Necesitamos instituciones fuertes. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura hemos tenido tres cambios. El sector público es muy complejo, no es la misma lógica del sector privado. El Gobierno en eso ha fallado. Antes que cambiar las cabezas, se debe fortalecer los equipos técnicos de los ministerios porque esos son los que perduran”, dijo.

Según José Xavier Orellana, asesor empresarial y exviceministro de Comercio exterior, uno de los principales problemas del sector público es que se dedica la mayor parte del tiempo a apagar incendios

“Tú te sientas en la silla y tienes 20.000 cosas que no se han hecho. Y tienes que tomar prioridades”, puntualizó.

Esto impide tomar decisiones de mediano y largo plazo. En este sentido, por ejemplo, será muy difícil solucionar los temas estructurales del país en los 90 días que se establecieron para cerrar las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.

El gasto en la lucha contra la desnutrición infantil es 10 veces menor al subsidio para los combustibles.

$51 de cada $100 en el presupuesto estatal se destina al gasto social

HECHO. Solo en transferencias directas se gastarán más de $1.900 millones en 2022.

Salud, educación, bienestar social, entre otros, suman más de $14.000 millones. El talón de Aquiles es la calidad de ese gasto.

De un total de gastos presupuestados en $27.898 millones para 2022, alrededor de $14.303 millones corresponden a desembolsos programados para el sector social ampliado.

Es decir, según información proporcionada a LA HORA por el Ministerio de Economía, por cada $100 gastados en el Presupuesto General del Estado (PGE), $51 son para temas como salud, educación, bonos, vivienda, entre otros.

El ministro de esa cartera de Estado, Simón Cueva, aseguró que hace un año heredaron una caja fiscal muy apretada y con recursos insuficientes para pagar sueldos cada mes. Por eso, el tema tan criticado de poner la casa en orden era indispensable para destinar más recursos para los sectores prioritarios.

Así, aunque los líderes del paro indígena insisten en que el Gobierno le quita dinero al pueblo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), Cueva recalcó que a ese multilateral solo se le pagará alrededor de $60 millones por intereses de deuda. Ese monto es 238 veces menos que lo destinado para el gasto social ampliado.

En total, todo el servicio de la deuda pública, que en más del 60% es deuda interna y menos del 40% con organismos internacionales y gobiernos, llega a alrededor de $6.000 millones. Esto representa dos veces menos que el mencionado gasto social.

Protección social

Desde el inicio del Gobierno de Guillermo Lasso, el presupuesto para toda el área de bienestar social, que incluye bonos y ayudas directas, ha aumentado un 25%. Para todo el año 2022 está presupuestado un total de $1.981,66 millones.

El programa de bonos y pensiones, que se ejecuta a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), actualmente cuenta con alrededor de 1,4 millones de beneficiarios (equivalente a 1,2 millones de núcleos familiares). Esto incluye el Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano Variable, Pensión Adultos Mayores, Pensión Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad, Pensión toda una vida, Joaquín Gallegos Lara y, a partir de  julio de 2022, el Bono de los 1.000 días.

“Estos programas constituyen transferencias monetarias directas que protegen a los hogares más vulnerables del país. El número de núcleos atendidos de los tres deciles de menor ingreso pasaron de 1 millón al mes de mayo de 2021 a cerca de 1,2 millones en mayo de 2022. El presupuesto solo para este fin es de alrededor de $1.300 millones”, explicó el Ministerio de Economía.

El resto del presupuesto de bienestar social se destina a programas de cuidado, alimentación escolar, entre otros.

Educación y salud

Según la última actualización del presupuesto proyectado para 2022 por el Ministerio de Economía, el gasto total en salud y educación sumará $8.233,76 millones. Según el informe de la ejecución fiscal de 2021, que se puede consultar en la página web de la Asamblea, en esas dos áreas se gastaron $7.958,12 millones durante el año pasado.

Así, apuntalado en unas mejores cuentas públicas, se espera desembolsar $275,64 millones más (3,5%). Además, por el lado de la inversión, gran parte de los $161 millones adicionales para infraestructura se destinará a repotenciar y arreglar hospitales y escuelas.

En los últimos 18 años, solo en esos dos sectores se gastó más de $85.000 millones (2003 a 2021). Eso es casi 8,5 veces más que lo destinado, en igual periodo, a turismo, agricultura, ambiente, trabajo, legislativo y comercio exterior. (JS)

La calidad del gasto en análisis

Norma Ramírez, economista y docente, explicó que el problema de fondo es la calidad del gasto. “La inversión es enorme, pero tenemos deficiente infraestructura y calidad de servicio. Todos exigen más dinero, pero primero se debería evaluar cómo se usan los miles de millones presupuestados. En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un estudio llamado Gastar mejor para vivir mejor, ya alertaba de que entre el 10% y 30% se malgasta por ineficiencias, corrupción, servidores públicos sin el perfil y las competencias adecuadas, entre otros”, puntualizó.

En su momento, el exministro de Economía, Mauricio Pozo, cuando iniciaba el conflicto sobre el aumento salarial en el magisterio, aseveró que “antes de pedir más dinero, hay que dejar claro cómo se ha gastado lo ya recibido”.

Por su parte, Gabriela Calderón, investigadora y editora del Cato Institute, apunta a que todo se tuerce desde la cultura y la visión de lo público que tiene el ecuatoriano. “La minoría que paga directamente los impuestos no depende o recurre a los servicios públicos, mientras que la mayoría que no los paga directamente sí. Por eso a los que pagan no les importa la calidad del gasto, y los que reciben los servicios no se quejan porque son supuestamente gratis”.

Solo cuando los problemas estallan, vía colapso de la atención de un servicio o la falta de medicinas en los hospitales, todo el mundo se indigna y quiere pedir cuentas.  Pero el deterioro no es de un día para otro, sino que se va consolidando durante años, con deudas impagas, procesos represados, falta de mantenimiento, entre otros.

En promedio, desde el Estado se gastan $100 millones diarios cada año para todo el presupuesto estatal, incluido el pago de deudas.
El área del gasto social ampliado con menos presupuesto para 2022 es la cultura, con $37,87 millones

Todos contra la inflación

Por culpa de una desafortunada sucesión de eventos externos, el país tendrá que lidiar desde este año con el peor impuesto que puede enfrentar un pueblo: la inflación. Tras más de una década de relativa estabilidad, se experimenta ahora una sensible subida de precios que inevitablemente distorsionará la economía. Empresarios, consumidores y autoridades deberán tomar sesudas decisiones para evitar que esta ola mundial mine su patrimonio.

Un panorama inflacionario requiere un comportamiento financiero más cuidadoso por parte de todos los actores económicos. Hay una serie de prácticas que permiten paliar el impacto de la inflación de la economía familiar y frenar la especulación. Igualmente importante es tener presente el origen externo de este problema y no tolerar que se lo use como munición demagógica en la contienda política. Por más que resulte tentador culpar al Gobierno, hacerlo no solo es injusto, sino también contraproducente para un país atiborrado de pugnas tan espinosas como infructuosas.

Esto no exime de responsabilidad al régimen, que deberá evitar que el problema se agrave. Es urgente minimizar el impacto social ofreciendo ayuda a los ecuatorianos más necesitados, cuya subsistencia puede verse en riesgo por una mínima variación de precios.

La nutrición y la salud serán sacrificios innegables del desgaste del bolsillo familiar. Tras un año de ‘prudencia’ fiscal y escasa inversión pública, el Gobierno debería estar en condiciones de formular una política de asistencia social.

Es necesario resistir la tentación de apelar a medidas populistas que solo profundizarán el problema, como controles de precios—que causan desabastecimiento—, subsidios indiscriminados —que perpetúan distorsiones— y, especialmente, el gasto público irresponsable y clientelar, como el que agravó la inflación en 2008, hasta tres veces el nivel actual.

Ante todo, la inflación que arranca es un recordatorio más de la urgencia de reducir costos de producción, tecnificar procesos e innovar para alcanzar eficiencias. Y esto, nadie lo podrá hacer solo.

FRASES DEL DÍA

«En cualquier cosa, cuando sientes que no puedes más, te queda aún el 40 por ciento.”

Lauren Crandall (1985), jugadora de hockey

 

«La expresión ‘capitalismo de Estado’ que algunos exhiben con orgullo no es más que una maldición.”

Carlos Rangel (1929-1988), intelectual venezolano

Ecuador volverá a endeudarse con emisión de bonos en 2022

Lasso dio una entrevista a un conjunto a varias radios donde habló de temas de actualidad.

Aunque se espera recibir varios desembolsos de multilaterales, durante el primer trimestre de 2022 se volverá a emitir bonos para financiar el gasto público.

Este 14 de diciembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció que Ecuador volverá a emitir bonos en los mercados internacionales durante el primer trimestre de 2022.

En otras palabras, el país reactivará ese mecanismo de financiamiento, a pesar de que en los primeros meses del próximo año recibirá varios desembolsos de organismos multilaterales y comenzará a recibir los ingresos adicionales como consecuencia de la reforma tributaria.

El Primer Mandatario aseguró que se mantienen excelentes relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que se recibirán un desembolso de $700 millones en enero.

«Las relaciones están muy bien. En diciembre vino una comisión técnica y esperamos que en enero 2022 se produzca la aprobación del siguiente desembolso por parte del directorio del FMI», dijo.

Asimismo, Lasso aseguró que, luego de una «conversación muy constructiva y propositiva» con el Banco Mundial, también llegará $700 millones de un nuevo crédito.

Por su parte, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se recibirán $500 millones; y de la Corporación Andina de Fomento se sumará un desembolso de $200 millones.

En total, en los primeros meses de 2022, las arcas fiscales tendrá recursos adicionales por $2.100 millones. Sin embargo, eso no será suficiente para cubrir las necesidades de gasto.

Por eso, Lasso recalcó que se volverá a incursionar en el mercado de bonos internacionales para poder conseguir más «liquidez y recursos».

El destino de esos recursos, de acuerdo con el Presidente, será el financiamiento de obras sociales y sobre todo inversiones en el campo de infraestructura.

Si en este momento Ecuador saliera a emitir bonos, la tasa de interés que tendría que pagar superaría el 10%. Esa tasa es cara con respecto al 3% a 4% que se puede conseguir de los multilaterales.

Para que el costo baje hasta el primer trimestre de 2022, se tendría que producir una reducción importante del riesgo país. Ese índice, que mide el riesgo de que una economía no pueda pagar sus deudas, llega actualmente a los 843 puntos.

Según Lasso, no se ha podido mejorar ese índice, luego de una importante caída como respuesta en febrero de 2021, debido a que depende de varios factores, los cuales no siempre están en manos de las autoridades nacionales

«El riesgo país depende de muchos elementos. Depende de elementos internos del Ecuador, que están en nuestra manos, como el acuerdo con el FMI, la reforma tributaria y otras decisiones para fortalecer la confianza. Pero también juega un papel la volatilidad del precio del petróleo, la enorme inflación global y los recortes de liquidez que están haciendo los bancos centrales de otros países como Estados Unidos», puntualizó.

Producción petrolera provoca dolores de cabeza

Los problemas de erosión regresiva en los afluentes del Ríos Quijos han provocado la suspensión del bombeo de crudo en el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Según el ministro de Energía, esa suspensión ha obligado a ir paralizando pozos y campos, por lo que actualmente la producción de barriles de crudo es de solo el 45% de lo normal.

El presidente Lasso reconoció que esto es un golpe económico que impide comerciar todo el crudo que se tenía previsto. Sin embargo, dijo que espera que en 17 días se pueda construir una nueva variante para el SOTE.

«Esto retrasa los planes de aumento de producción que teníamos, pero se van a retomar más fuerte desde 2022», concluyó.

Este retraso de planes podría reducir los ingresos petroleros para finales de 2021, e incluso inicios de 2022. Esto sería además un factor para que no baje en mayor medida el riesgo país. (JS)

DATO.- Ecuador dejó de emitir bonos en los mercados internacionales desde mediados de 2020, cuando renegoció los más de $17.000 millones de deudas anteriores que tiene con ese tipo de instrumentos financieros.

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Desde diciembre de 2021, 85.962 personas más reciben bonos

El Ministro de Inclusión y la titular del Registro Social explicaron los cambios en el sistema de ayudas.

La inversión en este tema pasó de $751,3 millones a más de $1.200 millones desde 2020. El Gobierno anuncia que actualizará el Registro social cada mes.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) anunció que, desde el 1 de diciembre de 2021, se incorporaron a 85.962 nuevos beneficiarios en el sistema de bonos y ayudas sociales.

Para 2022, el Gobierno ha presupuestado $1.256,14 millones para el pago nueve bonos, incluidos dos para personas con discapacidad, tres para adultos mayores, uno para víctimas de femicidios.

Además, $214,79 millones se destinarán a ayudas a centros de acogida y otro tipo de acompañamientos.

En total 1’463.646 de personas, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, estarán dentro de la sistema de ayudad estatal.

Según el ministro Esteban Bernal, una de las disposiciones del presidente Guillermo Lasso fue la actualización de datos del Registro Social.

«Lo hemos trabajo de manera técnica para que podamos identificar claramente quienes
tienen que ingresar a la protección del Estado”, dijo.

Y agregó que cada mes, y de manera progresiva, se irán incorporando más beneficiarios. La meta es totalizar 263.561 hasta abril de 2022. Con eso, se completaría la primera etapa de la actualización del Registro Social.

Desde febrero del próximo año, el Gobierno prevé crear un décimo bono para madres gestantes y niños recién nacidos, de $70 por beneficiario, con una inversión adicional de $67 millones.

Diana Apraes, directora de la Unidad del Registro Social, puntualizó que, antes de incrementar más beneficiarios, también se inició un proceso de depuración. El resultado es que se excluyeron de las ayudas a 45.566 personas.

“Con este ajuste logramos clasificar de mejor manera a la población que se encuentra en niveles de pobreza y pobreza extrema. Además, nos permite identificar a potenciales beneficiarios de estas transferencias económicas, que no se estaban identificando correctamente”, agregó.

Desde inicio de 2020 a la fecha, el gasto social ha crecido de $751,3 millones a más de $1.200 millones.

En octubre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionó que, a pesar del continuo aumento en ese gasto, los bonos y ayudas solo cubran al 30% de los pobres en el país.

Solo como efecto directo de la crisis por la pandemia de la Covid-19, Ecuador inició 2021 con alrededor de 3,2 millones de nuevos pobres. Eso quiere decir que la actualización y aumento del Registro Social es un avance, pero la brecha de cobertura sigue siendo grande. (JS)

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Ayudas directas son más baratas que subsidio a combustibles

Los precios de las gasolinas han aumentado desde mediados de 2020

El transporte puede recibir una tarjeta de débito o devoluciones mediante la presentación de facturas de consumo. Y más pobres pueden recibir bonos adicionales.

Cada año, el Estado gasta más de $3.000 millones para sostener el ineficiente sistema de comercialización de combustibles. Ese valor representa 12 veces más que lo destinado a la red de protección y ayudas sociales o más del doble del presupuesto para salud pública.

A pesar de las presiones y amenazas de sectores políticos y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Lasso ha recalcado que no se dará marcha atrás en el proceso de la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Ese subsidio es uno de los principales componentes de ese sistema ineficiente y caro. Desde hace varias semanas, los transportistas y el Gobierno han llevado a cabo mesas de diálogo para establecer la mejor opción de focalización.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entrega de ayudas directas a los segmentos más pobres y los transportistas resultan mejor negocio para el país que seguir manteniendo precios bajos para todos (subsidios).

Por ejemplo, bonos adicionales para los ciudadanos de menor capacidad económica costarían entre 1% y 1,5% de los ingresos públicos; es decir, hasta $250 millones. Asimismo, transferencias directas a los transportistas podrían representar $200 millones adicionales al año.

En otras palabras, el costo total de desmontar los subsidios y dar dinero a sectores específicos (focalización) es de alrededor de $450 millones, frente a mantener un sistema cuyo peso es de más de $3.000 millones anuales.

Gobierno analiza tres opciones

Aunque todavía no hay una fecha definida para que se anuncie la opción acordada para focalizar el subsidio a los combustibles, el Gobierno analiza al menos tres opciones como las más probables para destrabar el problema.

En primer lugar, se podría optar por el uso de tarjetas de débito con valores establecidos para cada transportista. Es decir, se fijaría un consumo mensual que se mantendría con precios subsidiados y que se cargarían en esa tarjeta para las unidades que estén registradas y sean legales en todo el país.

Iván Casanova, secretario de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de la Provincia del Guayas Sociedad General, explicó que este mecanismo sería valido para buses y taxis, pero el saldo cargado en la tarjeta se podría utilizar no solo para consumo de combustibles, sino para otros gastos.

El dirigente recordó un plan piloto con tarjeta ya se hizo en Cuenca, durante el anterior Gobierno anterior, pero no se le dio seguimiento ni impulso.

Una variante de esta alternativa sería establecer precios diferenciados en las estaciones de servicio, pero las inversiones tecnológicas tendrían que ser financiadas por el Estado. En este contexto, se conoce que las autoridades están analizando la compra de un software por $250 millones.

Sin embargo, Casanova, consideró que el análisis debe ser más exhaustivo porque, por ejemplo, no todas las gasolineras tienen internet.

Por su parte, Oswaldo Erazo, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), puntualizó que otra opción es que los transportistas puedan pedir, mediante la presentación de las facturas de pago de combustibles, un reembolso al Estado.

Este mecanismo funcionaría como el que se aplica para la devolución del IVA a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Finalmente, las ayudas directas a los sectores más pobres están incluidas en el último acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde incluso se establece que más de $500 millones de ahorro por desmontar los precios subsidiados de los combustibles deben ir a fortalecer la red de protección social y los bonos. (JS)

DATO. – Los combustibles importados abastecen más del 70% del consumo nacional.

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Ayudas estatales llegan al 33% de los pobres en Ecuador

La red de protección social se queda corta ante las necesidades

El Gobierno busca combatir el hambre, pero el presupuesto de $1.600 millones anuales no alcanza. Hay un subregistro de la pobreza en zonas como la Amazonía.

La pandemia provocó que más del 32% de la población, es decir, más de 5,7 millones de personas sean pobres en Ecuador. Sin embargo, la red de protección y ayuda social desde el Estado cubre a 1,9 millones, lo que equivale al 33% de los ecuatorianos con menos ingresos y oportunidades.

Según Mae Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social, actualmente hay alrededor de 1,4 millones de beneficiario de los bonos como el de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Larra, entre otros. Además, otras 500.000 personas reciben alimentación, cuidado y otro tipo de protección.

La funcionaria reconoce que se debe fortalecer y depurar el registro social, debido a que se mantiene un gran subregistro de las personas en extrema pobreza. Así, en zonas como la Amazonía no hay cifras confiables de dónde y en qué condiciones están los más afectados por la crisis.

Los bonos sociales ni siquiera cubren a todos los extremadamente pobres que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), superan los 2 millones de personas.

El dinero no alcanza

A pesar de tener un presupuesto de alrededor de $1.600 millones al año, las necesidades son mucho mayores de lo que se alcanza a cubrir con ese monto de recursos.

El Gobierno de Guillermo Lasso busca establecer una estrategia en dos frentes de ayuda: nuevos pobres y ciudadanos en inseguridad alimentaria

Según estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), actualmente existe alrededor de 2,3 millones de personas con problemas para alimentarse adecuadamente, o que de plano están pasando hambre.

A través de la iniciativa ‘Ecuador sin hambre’, se busca no solo llegar a los beneficiarios de bonos, sino a la mayor parte de los que padecen inseguridad alimentaria. Sin embargo, Montaño reconoció que no hay recursos.

«No tenemos presupuesto del Estado para financiar esto. Hemos convocado a la empresa privada para cumplir la meta. El primer paso fue la donación de 1 millón de vasos de leche por parte de la Asociación de ganaderos de la Sierra y el Oriente», acotó

Asimismo, otra arista de esa iniciativa, que se espera financiar con recursos de organismos multilaterales, es incluir a 400.000 familias más en la red de protección social. La meta inicial es establecer un mecanismo para transferencia de dinero directamente para la compra de alimentos.

Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las metas en llegar, en el mediano plazo, a una cobertura del 80% de pobres en la red de protección social. (JS)

 

 

Más de 119 mil núcleos familiares acceden a bonos y pensiones

BONOS. Más de 119 mil núcleos familiares reciben bonos y pensiones del MIES en la Zona 7.

ZONA 7. Un total de 119.593 núcleos familiares de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe acceden a los bonos y pensiones que entrega el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a personas en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

Mónica Sinchire, coordinadora zonal 7 del MIES, a la que pertenecen las provincias antes señaladas, manifestó que la entrega de estas transferencias económicas forma parte de la política de inclusión económica de los grupos prioritarios, el objetivo, dijo, “es evitar la persistencia de la pobreza, mediante la entrega de compensaciones monetarias directas que permitan brindar un piso de protección social para quienes más lo necesitan”.

La autoridad zonal indicó que quienes acceden a los bonos y pensiones tienen corresponsabilidades específicas, orientadas a la educación y salud. “Una madre de familia que recibe el Bono de Desarrollo Humano debe garantizar que sus hijos estudien y acudan, de manera periódica, a los controles médicos a cargo del Ministerio de Salud Pública”, dijo y agregó que, de esta manera, se contribuye con la disminución de los niveles de desnutrición crónica infantil y se promueve su reinserción escolar.

Asimismo, reiteró que el pago de bonos y pensiones se hace de acuerdo al último dígito de la cédula de la persona beneficiaria y en los puntos de pago autorizados. “Es importante que quienes cobren su transferencia lo hagan, de manera personal, respetando las medidas de bioseguridad establecidas”. También informó que si alguna persona es afectada por un cobro indebido debe presentar la denuncia respectiva en los balcones de servicio del MIES.