El gasto corriente no solo son los sueldos. Sin reformas estructurales, el peso se vuelve cada vez más insostenible. Se está incubando una crisis social.
Dentro de los gastos corrientes, no son los sueldos los que más han crecido en los últimos años. En 2018, el último año de crecimiento antes de la pandemia, los sueldos representaron el 8,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Cinco años después, el peso de los sueldos es del 8,1% del PIB. Es el monto más alto del gasto corriente, pero no el que crece con mayor velocidad.
En cambio, el gasto en bonos y el en 40% de aporte estatal al IESS (subsidio a la seguridad social) se duplicó en los últimos cinco años, pasando del 1,9% al 4,2% del PIB.
Por su parte, el gasto en intereses de la deuda pública, durante ese mismo periodo de tiempo, ha pasado de un peso del 2,8% en 2018 al 2,5% en 2023.
Así, si se analiza la evolución, el tema del gasto social (IESS más bonos) representa un problema creciente, que es poco tomado en cuenta y peor discutido por la clase política que constantemente cae en y soluciones parches para el país.
Bomba de tiempo
Solo en el último año, las transferencias corrientes al IESS pasaron de $$1.889 millones a $2.839 millones. A pesar de este aumento en las transferencias, el subsidio estatal (pagado con los impuestos de todos los ecuatorianos) ni siquiera alcanza a cubrir completamente el hueco generado porque cada vez hay menos afiliados por cada jubilado que recibe pensión, entre otros desequilibrios.
En su momento, Augusto De la Torre, quien presidió la comisión técnica que elaboró una propuesta de reforma al fondo de pensiones durante el Gobierno de Guillermo Lasso, ya advirtió lo siguiente:
“En Ecuador, el subsidio fiscal a la seguridad social es el segundo mayor del Presupuesto General del Estado (PGE), después del subsidio a los combustibles, y excede al gasto en educación”
En poco más de 20 años, es decir cuando buena parte de los millennials empiecen a jubilarse, ese subsidio subirá alrededor de 6% y continuará creciendo de manera exponencial. Actualmente, el aporte estatal del 40% al sistema de pensiones ya es difícil de pagar y, sin cambios sustanciales, será imposible cubrirlo en el futuro.
Al cierre de 2023, el IESS fue uno de los principales perjudicados por la falta de dinero en el fisco y encabezó la lista de la millonaria lista de atrasos.
Por eso, si se quiere dar sostenibilidad a las finanzas públicas, evitar que el déficit fiscal siga en aumento, y que estalle una crisis social por la falta de pago en pensiones, actualmente se debería buscar una reforma estructural al IESS como parte de las medidas que necesita el país para salir de la crisis.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña parece estar consciente de la grave situación, pues ha asegurado que antes del final del actual Gobierno se presentará en la Asamblea una reforma integral al fondo de salud y de pensiones.
Asimismo, se asegura que existe compromiso de reducir la “grasa” en el personal del IESS con más de 34.000 funcionarios. Ya se ha desvinculado a más de 500.
Por otro lado, Peña ha anunciado que se impulsarán programas para atraer nuevos afiliados, como el dirigido a jóvenes de entre 15 y 24 años.
El presidente del Consejo Directivo del IESS también ha anunciado medidas duras como comenzar a cobrar por las atenciones médicas de los hijos de los afiliados e incluso aumentar los aportes totales de los afiliados.
El costo de contener la pobreza
Al cierre de 2023 se registró un gasto total de $1.295 millones en bonos y ayudas sociales. Ese gasto ha crecido de manera sustancial desde 2018, solo para contener la pobreza, es decir, para evitar que las cifras de ecuatorianos con menos de $90,08 de ingresos mensuales.
Antes de la pandemia, el porcentaje de pobres en el país llegaba al 25%. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte al 31 de diciembre de 2023, la pobreza se ubicó en el 26%; luego de llegar a un pico del 33% en 2020.
En el sector rural, la pobreza llegó a un pico de 49,2% en 2020 a 42,2% en 2023.
“Se ha hecho un importante esfuerzo de contención para evitar una peor situación; pero el tema es insostenible porque el Estado no puede mantener subsidios masivos de manera indefinida para evitar que aumente el número de pobres. Se necesitan reformas y medidas estructurales”, puntualizó Carla Pérez, economista e investigadora en desarrollo social.
Entre las reformas que se necesitan, que también ayudarían al mejorar la situación financiera del IESS y aliviar el peso en el fisco, está el cambio estructural de toda la legislación laboral y la desregulación de la economía para liberalizar la competencia, facilitar la creación de empresas y la generación de empleo formal.
En otras palabras, se debe operar un cambio radical para que el Estado deje de ser padre y se transforme en facilitador.
Por eso, como LA HORA ya explicó en la nota titulada ‘Los servicios públicos no son gratuitos, sino que se financian sacándole dinero a unos para darle a otros’, si no se hace nada y se mantiene un Estado que debe sobre regular a los privados para financiarse, el resultado, de acuerdo con Matthew Carpenter-Arévalo, emprendedor ecuatoriano-canadiense, es un mercado laboral y una economía mayoritariamente informal. Además, se mantiene un gran porcentaje de la población que no puede salir del círculo de la pobreza.
“Por eso, cuando vemos lo que sucede en Argentina, más allá de lo que piensas de Milei como persona, es difícil no estar de acuerdo que la sobre regulación asfixia la creación de empleo y, por ende, profundiza la pobreza”, dijo Carpenter-Arévalo
En una economía, la capacidad de un gobierno de extender beneficios sociales depende de la capacidad productiva del país. Cuando el gobierno sobre regula la actividad económica, lo empuja al sector informal.
Así, con corte a diciembre de 2023, según el último reporte del INEC, el empleo adecuado (al menos salario básico y 8 horas diarias) creció menos del 3% entre 2022 y 2023; pasando de 3’011.800 a 3’093.647 personas.
Mientras, por el otro lado, los ecuatorianos en el subempleo, la informalidad y el desempleo, con ingresos bajos, pasaron de 5’346.038 a 5’519.711 personas. (JS)
En 2023, el gasto corriente cerró con un monto de $20.864 millones. Las transferencias a la seguridad social y los bonos representaron más del 20%.
Si se suma todos los sistemas de seguridad social (IESS, Issfa e Isspol), el subsidio estatal llega a por lo menos $3.083 millones anuales.
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