La función judicial busca abrirse paso en medio de limitaciones económicas, de talento humano e infraestructura

Pie de foto Acumulación. En el Complejo Judicial Norte hay causas represadas hasta antes de marzo de 2023.
Pie de foto Acumulación. En el Complejo Judicial Norte hay causas represadas hasta antes de marzo de 2023.

En la provincia de Pichincha hay 26 citadores, pero hacen falta al menos 15 más, dicen en la Unidad Judicial Norte.

A pesar de la crisis provocada a raíz de los últimos años, en la Función Judicial intentan dar un buen servicio en medio de limitaciones económicas y falta de talento humano y problemas de infraestructura.

Solo en la Unidad de Citaciones y Notificaciones (a litigantes y comparecientes), que tiene su sede en el Complejo Judicial Norte de Quito,  había aproximadamente 25.000 causas represadas. De estas, entre octubre, noviembre y diciembre de 2022 se despacharon cerca de 10.000 pero solo en materia civil del sistema financiero nacional.

“Desde el 1 de marzo, cuando asumió la nueva administración del Consejo de la Judicatura (a cargo de Wilman Terán) en la Unidad de la Familia ya no existen causas represadas. Son madres que piden alimentos prenatales, juicio de alimentos, laborales y despidos intempestivos. En el despacho de todas estas causas estamos al día”, aseguró Santiago Arauz, director administrativo del Consejo de la Judicatura en Pichincha.

A la unidad de citaciones, cada semana ingresan 4.200 causas. “Aunque la Función Judicial todavía enfrenta restricciones presupuestarias, nosotros tenemos que seguir despachando”, afirmó un funcionario judicial.

Entre marzo y el 10 de abril de 2023 se despacharon 10.230 citaciones correspondientes a: Familia, Niñez y Adolescencia (3.319), Trabajo (959), ámbito Penal (90) ámbito Civil (3.739) constitucional (761) contencioso administrativo (974), entre otros.

“En muchos casos, para poder entregar las notificaciones a los sujetos procesales, hemos tenido que utilizar nuestros propios vehículos, y comprar, con nuestros recursos, resmas de papel bond para imprimir las notificaciones”, agregó el funcionario.

Los gremios de abogados también critican que en varias unidades judiciales provinciales los jueces se vean obligados a solicitar a las partes procesales hojas para imprimir las providencias.

 ‘Los cambios han empezado’

“Los cambios han empezado, son difíciles de percibir, pero poco a poco vamos avanzando”, agregó Santiago Arauz.

Por lo pronto, se efectuaron contrataciones administrativas para adquirir 22.000 resmas de papel y tóner. También se anunció un proyecto para volver a utilizar papel membretado. Esto, sin embargo, es insuficiente. En la Unidad Judicial dicen que esto solo abastece para 4 o 5 meses.

“En este tiempo se terminará el presupuesto; la ley exige que, con certificación presupuestaria se pueden reiniciar procesos de contratación, pero si no hay recursos económicos no se pueden arrancar nuevas contrataciones y así empieza el desabastecimiento”, alertó un abogado que labora en la Unidad Judicial.

Esto es lo que ha enfrentado la Función Judicial los últimos tres años. El pedido es que el Estado asigne los recursos necesarios para cubrir, también, este tipo de rubros.

Lo mismo ocurre con las partidas que se necesitan para el mantenimiento de ascensores,  de la planta de luz, vehículos, controles de acceso a las oficinas, etc. (SC)

Cambios de personal

A fines de mes, la dirección administrativa de la Judicatura en Pichincha emprenderá en un nuevo cambio de personal entre aproximadamente 60 trabajadores, entre gestores de archivo, técnicos de ventanilla, técnicos operativos, asistentes, ayudantes judiciales y secretarios.  Algunos serán destinados a otras funciones acorde a su perfil. Se trata de una racionalización del personal.

Según Arauz, es personal que no cuenta con la “debida experticia y perfiles para cumplir su función”. Por ello se contratará a personal con perfiles de abogados litigantes y con maestrías para que los usuarios del sistema de justicia puedan sentirse y  recibir mejor atención.

Hay unidades judiciales como la ubicada en Quitumbe (sur de Quito), que está a “reventar” por falta de espacio” y otras que son “estrechas” como la que está en Carcelén,  pero hay otras que están localizadas en Tumbaco, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, Puerto Quito, Tabacundo o en Cayambe, que están en capacidad de acoger y ubicar a más personal como ayudantes judiciales, técnicos de ventanillas, secretarios.

En Pichincha existen cerca de 2.500 funcionarios judiciales, mientras que 370 jueces están a cargo del despacho de causas.