El Colegio de Abogados de Pichincha prefiere no tomar partido, pero pide que se observe el artículo 286, inciso segundo de la Constitución.
La acción de protección que fue presentada por Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura (CJ), el 3 de abril de 2023, en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, se desenvuelve en medio del apoyo de varios sectores y críticas de otros.
En una facción de la Judicatura ha quedado en evidencia el respaldo a las gestiones emprendidas por Terán. Xavier Muñoz, uno de los cinco vocales de la Judicatura coincidió en que la Función Judicial requiere presupuesto. “Este es un hecho histórico. Hay que felicitar la gallardía, la valentía de nuestro presidente del Consejo de la Judicatura al haber interpuesto una acción de protección histórica para el país y para la Función Judicial”, declaró.
Muñoz es representante por la Función Ejecutiva (de la administración de Lenín Moreno) en la Judicatura. También pidió que no se vea a la Judicatura como si fuese otro ministerio. “Somos la columna vertebral del Estado de derecho y la vamos a defender a ultranza”, expresó.
Fuentes de la Corte Nacional de Justicia comentaron que las gestiones de Terán cuentan con el respaldo de los jueces nacionales. Recordaron que incluso hay cambios de personal que llevarían a eliminar posibles cuotas políticas en la administración de Justicia.
Sin tomar parte
Los gremios de abogados prefieren no tomar partido por ninguna de las partes procesales involucradas en la acción de protección (Guillermo Lasso y Wilman Terán), pero dejan entrever su preocupación por la falta de recursos para la Función Judicial, y resolvieron presentar un amicus curiae.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó que la presentación de este recurso apunta a solicitar que el sistema sea transparente, eficiente, eficaz e independiente. Para ello se necesitan los recursos para que el sistema funcione y de esta forma retorne la confianza de la ciudadanía en el sistema.
La falta de recursos, relató Ocaña, ha conllevado a que 19.000 juicios no puedan avanzar por falta de citaciones.
Al gremio también le llama la atención que en varias unidades judiciales provinciales los jueces se vean obligados a solicitar a las partes procesales hojas de papel bond para imprimir las providencias. ¡Es insólito que la Función se esté manejando de esa manera!, exclamó el abogado.
El segundo inciso del artículo 286 de la Constitución ordena que los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. “Es decir, que (el Ministerio de Finanzas) puede dejar a un lado las demás cosas, pero estos rubros deben ser prioridad para el Estado”, agregó. (SC)
La visión de los detractores de Wilman Terán
Diana Salazar, fiscal general de la Nación, señaló que mientras el presidente de la Judicatura encabeza una acción de protección para exigir al Ejecutivo la entrega de recursos económicos y declaran que no tienen presupuesto para realizar concursos, al mismo tiempo “pretenden” realizar concursos de fiscales provinciales.
Los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo, también hicieron observaciones. El primero pidió que se concluya la evaluación de fiscales para luego arrancar con el concurso para la designación de fiscales provinciales.
Morillo añadió que existen informes que no recomiendan el inicio del concurso hasta que no se produzca la evaluación de fiscales.
En las cuentas oficiales de la Judicatura se aclaró que la solicitud para que se conforme una veeduría que será remitida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no significa que se dé inicio al concurso. “Es una acción previa para fortalecer la transparencia en este tipo de procesos”, se informó.
Wilman Terán exige que el Ejecutivo desembolse $265’650.998 a la Judicatura.