Las presuntas infracciones que se pudieran cometer en relación a sobornos, cohecho y concusión.
En al menos en 30 instituciones del Ejecutivo la secretaría de Política Pública Anticorrupción identificó un esquema de delitos que se pudieran cometer en relación a sobornos, cohecho y concusión. Esta es una de las conclusiones a las que llegó Luis Verdesoto, titular de esta instancia del Estado.
Durante la presentación de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), el funcionario alertó que son patrones de infracciones ligadas a procesos “perfectamente diseñados”.
A esto se suma la discrecionalidad como una forma de evitar colaborar para que los procesos se ejecuten de la mejor forma. “A veces los excesos de discrecionalidad llevan a cometer esas infracciones; esto es algo que está bastante claro”, puntualizó.
¿Quiénes o qué instituciones están identificadas con este perfil? Verdesoto detalló que en este momento el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene en sus manos un manual de 30 instituciones y los riesgos que se pueden generar en cada una de ellas.
A partir de este momento será decisión del jefe de Estado dar a conocer qué ocurre, por ejemplo, en el Banco Central del Ecuador (BCE), ministerio de Finanzas, etc.
¿Cuáles son los parámetros sobre los cuales la secretaría plantea una determinación de riesgos? Por ejemplo, cuando un funcionario tiene una considerable exposición al público está expuesto a un alto grado de posibilidad de pedir sobornos o que, a su vez, lo acepte. Otro peligro, en el sector público, puede circunscribirse a una demora en el pago de planillas o aplazar contratos.
Entre las áreas de riesgo identificadas figuran el sector petrolero (producción, contratos, comercialización, refinación, transporte), el sector de telecomunicaciones, minería, transporte y obras públicas, salud, financiamiento. Tras la presentación de este esquema, el régimen espera ver resultados en tres años.
La Estrategia Nacional Anticorrupción tiene el objetivo de generar políticas y acciones preventivas frente a una amplia gama de riesgos de corrupción que atentan contra el Estado de derecho y la democracia.
Código de Ética
El Jefe de Estado agregó que a la ENA se ha incorporado el Código de Ética que instruye la necesidad de examinar eventuales conflictos de interés, así como el despilfarro de fondos públicos; el cumplimiento estricto de los procesos de compras públicas; definición con precisión de los ingresos y gastos de la caja fiscal; controlar el pago de impuestos y posible lavado de activos.
Para Guillermo Lasso, la corrupción roba al Ecuador y a otros países miles de millones de dólares que pueden ser usados en otras necesidades. Por ejemplo, inaugurar 100 escuelas cuesta $7,5 millones; mientras que los actos de corrupción representan en promedio el valor de mil escuelas rurales por año.
Por ello, dijo, desde el Gobierno Nacional se trabajan en distintas acciones como la venta directa del petróleo a las refinerías para evitar la cadena de intermediarios.
Iván Correa, secretario General de la Administración Pública y Gabinete, recomendó que esta política debería trascender hacia todas las funciones del Estado.
Las investigaciones
En este proceso iniciado oficialmente en mayo de 2022, a partir de la firma del Decreto Ejecutivo 413, se ratifica que la Estrategia Anticorrupción estará sustentada en una política de prevención. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de la investigación, y las sanciones y juzgamientos serán de responsabilidad de las cortes de justicia.
De ser necesario, la Secretaría Anticorrupción trabajará en los casos que el presidente de la República lo determine o en aquellos que tengan excesiva relevancia que obliguen a que de facto el Ejecutivo tenga que intervenir. (SC)
Líneas de trabajo
Concientización de las dimensiones de la corrupción.
Responsabilidad compartida entre diferentes actores para la prevención.
Lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos.
Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés.
Transparencia en el gasto público.
Desarrollo de capacidades institucionales.
Contratación pública responsable y transparente.
Prevención y lucha contra la corrupción transnacional.
Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
Ley de conflicto de intereses
La secretaria de Política Pública también enfocará sus esfuerzos en apoyar un proyecto de ley de conflicto de intereses.
Será un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, añadió Luis Verdesoto, quien anticipó que desde este espacio se apoyará el proceso de negociación con las bancadas legislativas para viabilizar su aprobación. «Si la aprobación (en el Legislativo) falla se habrá dado un retroceso en términos de lucha contra la corrupción».
Ecuador, Canadá y Holanda presentarán en el primer trimestre de 2023 un memorando de política pública anticorrupción internacional..