El Gobierno presentó su Estrategia Nacional Anticorrupción sustentada en nueve ejes

EJECUTIVO. Guillermo Lasso, presidente de la República.

Las presuntas infracciones que se pudieran cometer en relación a sobornos, cohecho y concusión.

En al menos en 30 instituciones del Ejecutivo la secretaría de Política Pública Anticorrupción identificó un esquema de delitos que se pudieran cometer en relación a sobornos, cohecho y concusión. Esta es una de las conclusiones a las que llegó Luis Verdesoto, titular de esta instancia del Estado.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), el funcionario alertó que son patrones de infracciones ligadas a procesos “perfectamente diseñados”.

A esto se suma la discrecionalidad como una forma de evitar colaborar para que los procesos se ejecuten de la mejor forma. “A veces los excesos de discrecionalidad llevan a cometer esas infracciones; esto es algo que está bastante claro”, puntualizó.

¿Quiénes o qué instituciones están identificadas con este perfil? Verdesoto detalló que en este momento el presidente de la República, Guillermo Lasso,  tiene en sus manos un manual de 30 instituciones y los riesgos que se pueden generar en  cada una de ellas.

A partir de este momento será decisión del jefe de Estado  dar a conocer qué ocurre, por ejemplo, en el Banco Central del Ecuador (BCE), ministerio de Finanzas, etc.

¿Cuáles son los parámetros sobre los cuales la secretaría plantea una determinación de riesgos?   Por ejemplo, cuando un  funcionario  tiene  una  considerable exposición al público está expuesto a un alto grado de posibilidad de pedir sobornos o que, a su vez,  lo acepte. Otro peligro, en el sector público, puede circunscribirse a una demora en el pago de planillas o aplazar contratos.

Entre las áreas de riesgo identificadas figuran el sector petrolero (producción, contratos, comercialización, refinación, transporte), el sector de telecomunicaciones, minería, transporte y obras públicas, salud, financiamiento. Tras la presentación de este esquema, el régimen espera ver resultados en tres años.

La Estrategia Nacional Anticorrupción tiene el objetivo de generar políticas y acciones preventivas frente a una amplia gama de riesgos de corrupción que atentan contra el Estado de derecho y la democracia.

 Código de Ética

El Jefe de Estado agregó que a la ENA se ha incorporado el Código de Ética que instruye la necesidad de examinar eventuales conflictos de interés, así como el despilfarro de fondos públicos; el cumplimiento estricto de los procesos de compras públicas; definición con precisión de los ingresos y gastos de la caja fiscal; controlar el pago de impuestos y posible lavado de activos.

Para Guillermo Lasso, la corrupción roba al Ecuador y a otros países miles de millones de dólares que pueden ser usados en otras necesidades. Por ejemplo, inaugurar 100 escuelas cuesta $7,5 millones; mientras que los actos de corrupción representan en promedio el valor de mil escuelas rurales por año.

Por ello, dijo, desde el Gobierno Nacional se trabajan en distintas acciones como la venta directa del petróleo a las refinerías para evitar la cadena de intermediarios.

Iván Correa, secretario General de la Administración Pública y Gabinete, recomendó que esta política debería trascender hacia todas las funciones del Estado.

Las investigaciones

En este proceso iniciado oficialmente en mayo de 2022, a partir de la firma del Decreto Ejecutivo 413,  se ratifica que la Estrategia Anticorrupción estará sustentada en una política de prevención.   Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE),  a cargo de la investigación, y las sanciones y juzgamientos serán de responsabilidad de las cortes de justicia.

De ser necesario, la Secretaría Anticorrupción trabajará en los casos que el presidente de la República lo determine o en aquellos que tengan excesiva relevancia que obliguen a que de facto el Ejecutivo tenga que intervenir.   (SC)

 Líneas de trabajo

Concientización de las dimensiones de la corrupción.

Responsabilidad compartida entre diferentes actores para la prevención.

Lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos.

Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés.

Transparencia en el gasto público.

Desarrollo de capacidades institucionales.

Contratación pública responsable y transparente.

Prevención y lucha contra la corrupción transnacional.

Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.

 Ley de conflicto de intereses

La secretaria de Política Pública también enfocará sus esfuerzos en apoyar un proyecto de ley de conflicto de intereses.

Será un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, añadió Luis Verdesoto, quien anticipó que desde este espacio se apoyará el proceso de negociación con las bancadas legislativas para viabilizar su aprobación. «Si la aprobación (en el Legislativo) falla se habrá dado un retroceso en términos de lucha contra la corrupción».

Ecuador, Canadá y Holanda presentarán en el primer trimestre de 2023 un memorando de política pública anticorrupción internacional..

Comisión investigará los contratos hechos en el Municipio de Ibarra

Sesión. El Concejo Municipal sesionó este 5 de julio de 2022.

Redacción IBARRA

Tal como lo decidieron los concejales un día antes, este 5 de julio de 2022 se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Ibarra, para abordar una denuncia de presunta corrupción contra la alcaldesa Andrea Scacco y parte de su círculo familiar y laboral.

El Concejo escuchó un informe de Scacco acerca de la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Imbabura, respecto de un posible delito de concusión.

El procurador síndico del Municipio de Ibarra, Miguel Macay, detalló que la denuncia se encuentra en una etapa de investigación previa. Explicó que el proceso se maneja bajo reserva judicial y no se pueden mencionar más detalles al respecto.

La sesión demoró más de tres horas, en medio de tensiones y arremetidas verbales entre los concejales, comenzando pasado el mediodía, luego de que la alcaldesa Scacco acudió a rendir su versión en la Fiscalía Provincial.

Al final, se presentaron dos mociones para investigar el caso, por parte de los concejales, donde se resolvió conformar una comisión especial, integrada por tres ediles, que serán los encargados de analizar los procesos de contratación de personal del Municipio en toda la administración, con el apoyo del Ministerio de Trabajo.

Tras la votación, Miryan Salgado, Leonardo Yépez y Óscar Lomas fueron designados para llevar a cabo este proceso, dentro de la comisión ocasional. (FV)

La investigación nace por una denuncia sobre cobros de dinero para ofrecer cargos en el Municipio de Ibarra.

Alcaldesa de Ibarra se pronuncia sobre denuncia de corrupción

Concejo. La sesión extraordinaria de este 4 de julio abordó un tema distinto para la que fue convocada.

Un presunto delito de concusión, dentro del Municipio de Ibarra, está en etapa de investigación previa en la Fiscalía.

Redacción IBARRA

El Concejo de Ibarra fue convocado para tratar una reforma al presupuesto municipal, pero los ediles aprovecharon la sesión para cuestionar a la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, sobre la denuncia de un caso de corrupción que reposa en la Fiscalía.

Este lunes  4 de julio de 2022, Scacco brindó sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, que se ventila desde hace dos semanas y que derivó en una indagación previa por un presunto delito de concusión.

La denuncia

Los involucrados, a quienes la Fiscalía investiga, son la alcaldesa Andrea Scacco y dos personas cercanas a su círculo familiar y laboral, acusados de cobrar dinero a cambio de puestos de trabajo en el Municipio.

Aquí hay un tema político muy fuerte. Ustedes saben que atrás de esto esta Álvaro Castillo (exalcalde de Ibarra), que es un hombre que tiene dinero, que tiene poder, que quiere volver al poder, que es un enemigo muy poderoso que yo tengo, que yo lo he denunciado por venta de puestos”, fueron las primeras declaraciones de Scacco, al iniciar la sesión de ayer, tras los pedidos de los concejales de que se pronunciara sobre el tema.

“Si tuviera una sentencia en mi contra, sería otra cosa, pero estoy en un proceso en el cual tengo que defenderme y tenemos que salir de esto bien porque yo, en verdad, no conozco a las personas que denuncian”, agregó.

Puntos de vista

La concejala Mirian Ayala dijo que esta situación “es un problema de ciudad, que preocupa a todos”, al tiempo de extender un pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar exclusivamente la denuncia.

“Nosotros no queremos obstaculizar ningún proceso judicial. No vamos a pedir declaraciones o que de una manera juramentada nos diga las cosas, pero creo que hay procesos administrativos que son necesarios aclarar. Eso se merecen el Concejo Municipal y la ciudad”, expuso Ayala.

A su pedido se sumó la concejala Miryan Salgado, agregando que es una situación de conmoción social y política, que necesita respuestas.

“Que se haga una reunión extraordinaria para dejar encaminado un debido proceso (…). Yo pienso que no va a interferir, porque comprendemos la situación, la prudencia y el debido proceso, pero nosotros tenemos el derecho de fiscalizar”, señaló Salgado.

Además, puntualmente propuso que se suspenda la sesión convocada para tratar la reforma presupuestaria, mientras no se desarrolle, primero, la que abordará la denuncia contra la Alcaldesa.

Leonardo Yépez, por su parte, se sumó a la visión de que la situación tiene tintes políticos, como lo mencionó Andrea Scacco.

“Es una pena que hoy la ciudad esté inmiscuida en otro escándalo político y que también nos inmiscuyamos a donde quieren llevarnos ciertos políticos. Estamos ya en campaña electoral y, desgraciadamente, hoy todo mundo está buscando una candidatura o al menos muchos quieren aprovecharse de estos temas”, refirió Yépez. (FV)

La sesión extraordinaria sobre la reforma presupuestaria se aplazó para el 6 de julio de 2022.

Versión en la Fiscalía y sesión extraordinaria

Este 5 de julio de 2022, el Concejo Municipal de Ibarra tendrá la sesión extraordinaria donde, puntualmente, se tratará la denuncia de presunta corrupción contra la alcaldesa Andrea Scacco y parte de su círculo familiar y laboral.

Además, este día Scacco acudirá a rendir su versión en la Fiscalía Provincial de Imbabura, en horas de la mañana, para a las 12:00 comparecer ante el Concejo.

Por su parte, Miguel Macay, procurador síndico del Municipio de Ibarra, expuso que al momento se desarrolla la investigación previa sobre un presunto delito de concusión, que está bajo reserva, mientras se recogen las pruebas de cargo y descargo.

Explicó que la Fiscalía está pendiente de recibir este 5 de julio de 2022 la versión de la alcaldesa, Andrea Scacco, pero que también ha solicitado otro tipo de aportes a la investigación, como registros de llamadas telefónicas y de contratos laborales en la municipalidad.

“Fiscalía, dentro de las versiones que tome a las partes denunciadas y denunciantes, establecerá otros elementos, pero ya ha referido diligencias, como un informe detallado por parte de la Unidad de Talento Humano sobre la contratación de personal”, dijo Macay.

Añadió que “se ha descontextualizado y desmaterializado pruebas que circulan en redes sociales”, entre ellos videos en los que supuestamente se estaría ofreciendo dinero a cambio de un nombramiento laboral en la Alcaldía, a un familiar directo de Scacco.

 “Lo que a mí me interesa, más que nadie, es que esto se esclarezca lo antes posible (…), que la Fiscalía haga su trabajo”.

Andrea Scacco

Alcaldesa de Ibarra

“Estamos en una fase investigativa. La reunión extraordinaria debe darse cuando haya resultados de la Justicia. Ahí podrán activarse las mesas y comisiones de concejales que sean”.

Óscar Lomas

Concejal de Ibarra

“Es posible conversar sobre situaciones administrativas relacionadas a la denuncia que no obstaculizan el proceso judicial, sin inculpar a la Alcaldesa”.

Mirian Ayala

Concejala de Ibarra

“No podemos solicitar que prácticamente rinda una versión pública ante la ciudadanía y no primero ante el Fiscal”.

Miguel Macay

Procurador Síndico del Municipio de Ibarra

“Si hay pruebas, que la gente denuncie, que tenga ese valor, porque muchas veces las voces se callan por la necesidad de un trabajo”.

Betty Romero

Concejal de Ibarra

El 22 de febrero se retomará el caso de concusión de Nivea Vélez

JUSTICIA. Caso de Nívea Vélez volverá a debatirse en audiencia en este mes de febrero.

Para el próximo martes 22 de febrero de 2022, a las 09:00, está previsto que se desarrolle en el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia la audiencia de juzgamiento en el caso de concusión que se tramita en contra de la ex viceprefecta y ex asambleísta de la provincia de Loja, Nívea Vélez. Por ahora, la ciudadana continúa con medidas cautelares.

Audiencia

Richard González Dávila, abogado del caso, manifestó que en 15 días se cumplirá la audiencia donde se determinará si existe o no responsabilidad de la ex legisladora Vélez. La audiencia se instalará en Quito, será presencial y virtual (Zoom) para algunos sujetos procesales que no puedan ir de manera presencial. Hay más de 80 cuerpos legales que serán estudiados.

El caso data desde el 2012, han pasado algunos procesos, se llamó a juicio, se dictó la Instrucción Fiscal de 90 días y ahora lo que hace el Tribunal Penal es llamar a una nueva etapa del proceso. Pero aparte, cualquiera que sea la decisión del Tribunal, habrá fases de apelación, casación y más procedimientos.

No se utilizó el grillete electrónico

La acusada actualmente continúa con medidas cautelares como: prohibición de salida del país, la presentación periódica, es decir una vez a la semana en la Corte Provincial de Justicia, prohibición de enajenar sus bienes y la retención de fondos de hasta 32 mil dólares. Estas medidas seguirán hasta que algún Tribunal lo revoque por inocencia. La Fiscalía pidió la colocación del grillete electrónico, pero el juzgado no acogió este pedido.

Antecedentes

Según el Abogado, el proceso todavía está largo. El juicio se inició en el 2019 por una denuncia que hizo el ex asesor de Vélez, Vicente Ogoño Granda, acusándole por el presunto delito de concusión, por cobros que habría realizado cuando fue asambleísta de la provincia de Loja en el período 2009-2013.

En ese entonces, Ogoño fue asesor de la ex legisladora y según la denuncia se le habría obligado a depositar la mitad de su sueldo durante el tiempo que laboró para la acusada. Ese dinero, más de 28 mil dólares, habría ido a cuentas del partido político de Vélez para temas de logística.

 

EL DATO

Piden que el dinero sea reintegrado en calidad de reparación de daños. La pena para Vélez podría alcanzar los 5 años de prisión.

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Funcionarios son investigados por supuesta extorsión a consultorios médicos

Dinero hallado por agentes de la Policía y Fiscalía en una casa de Guayaquil. Foto: Fiscalía.

En el domicilio se encontraron documentos, dinero y otras evidencias que serán parte del proceso judicial; la Fiscalía investiga un supuesto delito de concusión.

Agentes de la Policía y Fiscalía allanaron la mañana de este miércoles 2 de febrero el domicilio de un funcionario de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), en Guayaquil. El empleado público es investigado por supuestas extorsiones para evitar el cierre de consultorios médicos.

La investigación responde a una denuncia presentada por la Dirección del Acess sobre presuntos actos de corrupción. En el allanamiento, los investigadores incautaron documentación relacionada con la presunta infracción, gran cantidad de dinero en efectivo, botellas de licor, entre otros elementos que servirán para el proceso.

Esta intervención se dio como parte de una indagación abierta por el presunto delito de concusión, tipificado en el Art. 281 del Código Penal vigente. Este delito sanciona con hasta con siete años de prisión a los servidores públicos que, abusando de su cargo, ordenen la entrega de contribuciones económicas o de otro tipo.

En noviembre de 2021, la Fiscalía realizó otro allanamiento a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. El objetivo fue recoger elementos que aporten en una investigación por la emisión de registros sanitarios de marzo del 2020 a enero del 2021. (DPV)

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Ocho meses de la nueva Asamblea y ya van cuatro escándalos

POLÉMICA En la Asamblea no se obtuvieron los votos para destituir al legislador Eckenner Recalde.

En el actual periodo legislativo, dos casos fueron tratados en el Comité de Ética y dos en el CAL.

Los procesos en contra de los legisladores se iniciaron tras declaraciones públicas, trinos en Twitter o por denuncias de excolaboradores. Cuatro asambleístas que asumieron sus funciones en mayo último han enfrentado sumarios disciplinarios al interior del Parlamento.

La sanción más fuerte recayó sobre Bella Jiménez, quien había ganado una curul bajo el paraguas de la Izquierda Democrática (ID). El Pleno de la Asamblea la destituyó el 12 de octubre, luego de acoger un informe  del Comité de Ética que recomendaba esa decisión.

Ella conversó ayer, 1 de diciembre de 2021, sobre su salida del legislativo. Hace una pausa en el trabajo que cumple en la empresa de su esposo en Guayaquil y cuenta, vía telefónica, que todo fue producto de una persecución”. Insiste que retornará a la política cuando termine la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por supuesta concusión en su contra. Este delito se configura  cuando un funcionario pide dinero o retribuciones “abusando de su cargo”, según el Art.281 del Código Penal vigente y se sanciona hasta con 5 años de prisión.

La Fiscalía realizó ocho allanamientos por este caso. Incluso, agentes policiales ingresaron a las oficinas de Jiménez. En las incursiones se encontraron dispositivos con supuestos audios en los que se hablaba de entrega de cargos a cambio de dinero. Todo está judicializado.

Ella niega los cargos. Sonríe cuando hace referencia a publicaciones de redes sociales sobre su presunta huida del país vía aérea. “Es mentira. Yo estoy aquí trabajando porque de esto vivo”. Dice que los únicos aviones a los que sube son los que van hacia Quito, ciudad en la que se ventila el caso.

En la Fiscalía también se lleva adelante la indagación previa en contra del asambleísta Eckenner Recalde, ex ID y actualmente independiente. El Comité de Ética recomendó su destitución, pero el Pleno tomó otra decisión. Él se mantiene como legislador.

El martes, con la abstención de la bancada del correísmo (Unión por la Esperanza), se evitó su salida, tras la acusación de cobrar diezmos a su equipo de trabajo.

El informe elaborado por el Comité de Ética recomendaba su salida, con base en la denuncia de dos de sus excolaboradores, a quienes les habrían cobrado dineros para abrir una central de campaña en el sur de Quito, pagar gastos relacionados con boletos de hornados solidarios y pagar a dirigentes que habían apoyado con actividades en territorio.

Al igual que su excompañera Jiménez, él calificó las denuncias como parte de una “persecución”. La Fiscalía también abrió un proceso en su contra por presunta concusión. El caso todavía está en indagación previa.

Otros dos procesos en contra de legisladores han pasado por las manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo suspendió por ocho días y sin remuneración a la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, luego de que tramitó una queja en su contra por sus declaraciones “si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”. Ayer, desde su despacho indicaron que “hablar del tema ya no es relevante” porque sucedió hace tres meses.

El último proceso disciplinario lo afronta Diego Ordóñez (Creo) por iniciativa de la legisladora correísta Mónica Palacios. La mujer invoca el artículo 170, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el cuerpo normativo se cataloga de falta grave el agredir de palabra a otro legislador dentro o fuera del recinto parlamentario. La queja inició tras una publicación de Ordóñez en la que hacía referencia a Palacios. “Pasar del tubo a la curul y surgen argucias torpes”. Él, por su parte, ha presentado una queja en contra de la legisladora, por insultos.

Desde el Observatorio Legislativo, una organización sin fines de lucro, señalan que estos escándalos golpean la imagen de la Asamblea. Marcelo Espinel, vocero de la entidad y subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, resaltó que hayan procesos de autodepuración y sanción.

Dijo que tras las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que entraron en vigencia en 2020, se añadieron causales para la destitución y eso haría evidente más inconductas. Por ejemplo, antes de los cambios en la Ley. No se podía sancionar a quienes más falten. Hoy sí.

La Fiscalía abrió 29 investigaciones a exlegisladores

La Fiscalía emitió un informe en el que detalla que 29 de los 137 asambleístas del periodo legislativo anterior (2017-2021) terminaron con acusaciones por delitos contra la administración.

De ese número, 14 asambleístas que entonces ocupaban una curul tenían expedientes por tráfico de influencias; es decir, por hablar con otro servidor público “para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”. Mientras que otros 15 legisladores de la época enfrentan investigaciones por concusión. Dentro del informe oficial de Fiscalía también se señalan otros delitos supuestamente perpetrados por legisladores. Entre ellos destacan lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.

Dentro de los investigados están políticos que pertenecían a la tienda oficialista que representaba al correísmo .
Cinco años es la pena máxima para quienes sean encontrados culpables de concusión o tráfico de influencias.