Dos agentes civiles de tránsito del Municipio de Ambato fueron detenidos al ser acusados de solicitar dinero a cambio de no emitir una multa.
El hecho se conoció el miércoles 15 de marzo de 2023 específicamente en el cruce de las calles Atahualpa y Río Guayllabamba, perteneciente al Distrito Ambato Sur.
CIFRA 40 DÓLARES Habrían sido solicitados a manera de coima al infractor para no multarlo por la infracción de tránsito que había cometido.
Los hechos
Todo comenzó cuando un ciudadano se estacionó en un lugar prohibido, momento en el que fue abordado por los uniformados que recorrían a pie.
Una de las uniformadas le dijo al hombre que lo sancionaría por la infracción, cuando apareció otro de los agentes a insistir en que debía emitirse la sanción.
En medio del procedimiento, los agentes habrían solicitado al joven le pago de 40 dólares con el fin de no girarle la multa que era de 60 dólares.
El ciudadano habría accedido al pago, aunque en ese momento no contaba con el efectivo suficiente para evitarse la sanción.
Fue ahí que decidió llamar a su padre y solicitarle que hiciera una transferencia bancaria para cumplir con el pago de la coima que le solicitaban los funcionarios, pero su progenitor se molestó con el pedido.
Indignado, el padre del joven se comunicó con agentes de la Policía Judicial (PJ) contándoles lo que a su hijo le estaban solicitando, por lo que los gendarmes montaron un operativo y lograron aprehender a los agentes en flagrancia.
Ambos servidores municipales fueron privados de su libertad, entre las evidencias, además de algunas de sus prendas de dotación como los libretines para la emisión de multas, se incautaron dos celulares y 20 dólares en efectivo.
TOME NOTA El delito de concusión se tipifica y sanciona en el artículo 281 del COIP, con una condena de tres a cinco años de cárcel, pero si la coima es exigida bajo amenazas, la pena asciende entre cinco y siete años de reclusión.
Municipalidad responde
Fernando Torres, director de la Agencia de Orden y Control Ciudadano de la Municipalidad de Ambato, aseguró que, desde que conoció del hecho “no tuve inconveniente, nosotros como administración no vamos a permitir que esto pase”, dijo.
Hizo énfasis en que denuncias como estas “yo las felicito y agradezco, para depurar la agencia, como en todas partes hay buenos y malos elementos, pero los buenos somos más. No vamos a proteger a la gente que actúa fuera de la ley”.
Torres exhortó a la ciudadanía a que, en caso de ser víctimas de este tipo de cobros ilegales, denuncie formalmente el hecho, pues a decir del funcionario “a veces se escuchan rumores, pero necesitamos pruebas, nombres, para poder actuar”.
Futuro de servidores
Sobre la permanencia de los agentes dentro de la institución, Torres aseguró que en lo que dure el proceso penal estarán ubicados en sitios donde puedan estar controlados.
El director aseguró que esperarán la sentencia ejecutoriada sobre el caso que confirme el cometimiento del hecho, para la tramitación de un sumario administrativo en contra de los servidores que actualmente están penalmente procesados. (MAG)
Análisis
Christian Pérez, abogado, aseguró que “no hay un monto mínimo o máximo para que en este tipo de ilícitos se determine una atenuante o un agravante, la norma tipifica recibir o aceptar beneficio económico de manera indebida”, aseguró.
Pérez explicó que “hay que diferenciar la responsabilidad administrativa de la penal, si en la entidad encuentras las causales necesarias pueden generar la terminación del contrato, independientemente del tema penal, pues lo uno no condiciona lo otro, cada uno tiene su sanción de índole penal y la otra en la sede administrativa”, recalcó.