En el actual periodo legislativo, dos casos fueron tratados en el Comité de Ética y dos en el CAL.
Los procesos en contra de los legisladores se iniciaron tras declaraciones públicas, trinos en Twitter o por denuncias de excolaboradores. Cuatro asambleístas que asumieron sus funciones en mayo último han enfrentado sumarios disciplinarios al interior del Parlamento.
La sanción más fuerte recayó sobre Bella Jiménez, quien había ganado una curul bajo el paraguas de la Izquierda Democrática (ID). El Pleno de la Asamblea la destituyó el 12 de octubre, luego de acoger un informe del Comité de Ética que recomendaba esa decisión.
Ella conversó ayer, 1 de diciembre de 2021, sobre su salida del legislativo. Hace una pausa en el trabajo que cumple en la empresa de su esposo en Guayaquil y cuenta, vía telefónica, que todo fue producto de una “persecución”. Insiste que retornará a la política cuando termine la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por supuesta concusión en su contra. Este delito se configura cuando un funcionario pide dinero o retribuciones “abusando de su cargo”, según el Art.281 del Código Penal vigente y se sanciona hasta con 5 años de prisión.
La Fiscalía realizó ocho allanamientos por este caso. Incluso, agentes policiales ingresaron a las oficinas de Jiménez. En las incursiones se encontraron dispositivos con supuestos audios en los que se hablaba de entrega de cargos a cambio de dinero. Todo está judicializado.
Ella niega los cargos. Sonríe cuando hace referencia a publicaciones de redes sociales sobre su presunta huida del país vía aérea. “Es mentira. Yo estoy aquí trabajando porque de esto vivo”. Dice que los únicos aviones a los que sube son los que van hacia Quito, ciudad en la que se ventila el caso.
En la Fiscalía también se lleva adelante la indagación previa en contra del asambleísta Eckenner Recalde, ex ID y actualmente independiente. El Comité de Ética recomendó su destitución, pero el Pleno tomó otra decisión. Él se mantiene como legislador.
El martes, con la abstención de la bancada del correísmo (Unión por la Esperanza), se evitó su salida, tras la acusación de cobrar diezmos a su equipo de trabajo.
El informe elaborado por el Comité de Ética recomendaba su salida, con base en la denuncia de dos de sus excolaboradores, a quienes les habrían cobrado dineros para abrir una central de campaña en el sur de Quito, pagar gastos relacionados con boletos de hornados solidarios y pagar a dirigentes que habían apoyado con actividades en territorio.
Al igual que su excompañera Jiménez, él calificó las denuncias como parte de una “persecución”. La Fiscalía también abrió un proceso en su contra por presunta concusión. El caso todavía está en indagación previa.
Otros dos procesos en contra de legisladores han pasado por las manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo suspendió por ocho días y sin remuneración a la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, luego de que tramitó una queja en su contra por sus declaraciones “si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”. Ayer, desde su despacho indicaron que “hablar del tema ya no es relevante” porque sucedió hace tres meses.
El último proceso disciplinario lo afronta Diego Ordóñez (Creo) por iniciativa de la legisladora correísta Mónica Palacios. La mujer invoca el artículo 170, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En el cuerpo normativo se cataloga de falta grave el agredir de palabra a otro legislador dentro o fuera del recinto parlamentario. La queja inició tras una publicación de Ordóñez en la que hacía referencia a Palacios. “Pasar del tubo a la curul y surgen argucias torpes”. Él, por su parte, ha presentado una queja en contra de la legisladora, por insultos.
Desde el Observatorio Legislativo, una organización sin fines de lucro, señalan que estos escándalos golpean la imagen de la Asamblea. Marcelo Espinel, vocero de la entidad y subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, resaltó que hayan procesos de autodepuración y sanción.
Dijo que tras las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que entraron en vigencia en 2020, se añadieron causales para la destitución y eso haría evidente más inconductas. Por ejemplo, antes de los cambios en la Ley. No se podía sancionar a quienes más falten. Hoy sí.
La Fiscalía abrió 29 investigaciones a exlegisladores
La Fiscalía emitió un informe en el que detalla que 29 de los 137 asambleístas del periodo legislativo anterior (2017-2021) terminaron con acusaciones por delitos contra la administración.
De ese número, 14 asambleístas que entonces ocupaban una curul tenían expedientes por tráfico de influencias; es decir, por hablar con otro servidor público “para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”. Mientras que otros 15 legisladores de la época enfrentan investigaciones por concusión. Dentro del informe oficial de Fiscalía también se señalan otros delitos supuestamente perpetrados por legisladores. Entre ellos destacan lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.
Dentro de los investigados están políticos que pertenecían a la tienda oficialista que representaba al correísmo .
Cinco años es la pena máxima para quienes sean encontrados culpables de concusión o tráfico de influencias.