Detenidos en tres provincias presuntos reclutadores de guerrilleros

Fiscalía y Policía decomisaron indicios del supuesto reclutamiento.

Ocho personas fueron detenidas. Ofrecían cursos para viajar a México o Argentina y las víctimas terminaban en campamentos de grupos armados.

Este 19 de mayo de 2022, la Fiscalía informó que tras operativos simultáneos realizados en Imbabura, Pichincha y El Oro, ocho personas fueron detenidas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros y al margen de la Ley.

Formación en frontera

Según las investigaciones, los integrantes de la organización hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en la Amazonía para captar personas (de forma irregular) y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana.

De acuerdo con las denuncias, existen ecuatorianos reclutados con el ofrecimiento de ir a seguir cursos en Argentina y México, que terminaron en el campamento de grupos armados. En el operativo se levantaron varios indicios. (AVV)

Decisión sobre habeas corpus de Jorge Glas se conocerá en 8 días

El Tribunal de Corte escuchó alegatos de partes procesales en caso de Jorge Glaas

La audiencia en la Corte de Santa Elena se instaló a las 09:00, y concluyó a las 12:27. Intervinieron la Procuraduría, la Fiscalía y otras personas a través del recurso ‘amicus curiae’.

Por casi cuatro horas se extendió la audiencia donde  los jueces de la Corte de Justicia de Santa Elena,  Silvana Caicedo, Cléver Franco Aguilar  y Juan Carlos Camacho Flores, escucharon este 18 de mayo de 2022, los alegatos de las partes procesales  y conocieron los recursos de apelación en contra del habeas corpus otorgado a Jorge Glas el 9 de abril de 2002, que interpuso la Procuraduría General de Estado (PGE),  y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

En la diligencia, los magistrados también receptaron, al menos, 30 “amicus curiae” a favor y en contra del habeas corpus que fue  otorgado por el juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, Diego Moscoso, al exsegundo mandatario.

Uno de los primeros en ser escuchados por el tribunal fue el Procurador General del Estado, Ínigo Salvador, quien asistió de manera presencial,  y pidió formalmente que se declare nulo el habeas corpus. Entre otros argumentos planteó que el fallo del juez Moscoso se dio fuera de horas laborables.

La Procuraduría pidió que el recurso de apelación que también fue incorporado por la SNAI sea aceptado y se revoque la sentencia de primera instancia que favoreció a Glas, y que se declare la responsabilidad del juez.

En la defensa de sus argumentos, la Fiscalía puntualizó que juez de primera instancia vulneró el debido proceso al no haber convocado a la audiencia de habeas corpus a la Procuraduría, porque el SNAI no cuenta con personería jurídica.

Andrés Páez (exasambleista), quien también planteó un “amicus curiae”, expuso que el habeas corpus es una garantía constitucional que se aplica a la libertad física de quienes estén privados ilegal y arbitrariamente, a la vida de quienes estén privados de la libertad, a la integridad personal de quienes estén privados de la libertad. “Este no es el caso de Jorge Glas. El habeas corpus no procede para liberar a un sentenciado como sucede con Glas, quien tiene que regresar a la cárcel como corresponde”, expresó.

Hizo un llamado al tribunal a observar, lo que calificó como “incorrecciones e incongruencias” que aparecen dentro del proceso como por ejemplo que no existe acta del sorteo de la causa, que no hay calificación, que las actuaciones se hacen en horas de la madrugada, que el secretario es quien firma la orden de libertad y no el juez, y que no se notificó a la Procuraduría. (SC)

Comunidad LGBTI exige celeridad en investigación de crímenes de lesa humanidad

Integrantes de la comunidad homosexual realizaron un plantón frente a la Fiscalía.

El colectivo Nueva Coccinelli presentó en 2019 ante la Fiscalía una denuncia por los asesinatos y desapariciones de personas Trans en los 80’s.

Este 17 de mayo de 2022, miembros de colectivos de la comunidad LGBTIQ+ realizaron un plantón en las afueras de la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Nebraska Montenegro, presidenta del movimiento Nueva Coccinelli, señaló que hace tres años presentaron una demanda ante la Fiscalía por crímenes de lesa humanidad contra personas Trans en la década de los 80’s y 90’s. “Por las persecuciones, desapariciones y encarcelamiento que sufrimos por parte de la Policía antes de que se despenalice la homosexualidad en el Ecuador”.

Coccinelli es el nombre del colectivo que logró que el 25 de noviembre de 1997 la homosexualidad deje de ser un delito en el país.

Montenegro pide que el Estado Nacional determine cuántas víctimas hubo y que el Estado pida disculpas públicas que reparen los hechos contra la orientación sexual de las personas.

El Colectivo Nueva Coccinelli LGBTI, con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentó el 22 de septiembre de 2020, un escrito dirigido a la Fiscalía 1 de la Dirección de Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado,  ante la falta de celeridad y debida diligencia en la investigación dentro de la denuncia contra el Estado ecuatoriano por el delito de lesa humanidad y el de persecución a las víctimas de represiones policiales intensificadas desde la década de los 80, por el Estado dirigido no solo a opositores políticos sino también a aquellas personas que “no encajaban” en la sociedad, hasta el 2000, y aquellas que se sumaron en el transcurso de la investigación.

En el escrito se señala que, el 14 de agosto de 2019, la Fiscalía solicitó a Gino Grondona, perito en psicología social, una experticia basada en los siguientes parámetros “Un Análisis del Contexto Social y Político de las Vulneraciones a los Derechos Humanos de la Población LGBTI en Ecuador, entre los años 1980-2000”. Sin embargo, ha pasado más de un año desde la designación del perito en psicología social y aún no se ha presentado el informe pericial respectivo. La tercera prórroga concluye este 2 de noviembre del presente año.

Otra de las irregularidades citadas en el documento es la falta de celeridad en las pericias correspondientes al entorno social, psicológico y médico legal solicitadas por la Fundación Inredh. En la notificación, del 28 de agosto de 2020, se dispone la realización de dichos peritajes solo a un grupo, dejando por fuera al resto de integrantes de la Nueva Coccinelle, quienes son las denunciantes, así como también aquellas que se sumaron en el transcurso de la investigación.

Dato:
El 17 de mayo es el día contra la homofobia y transfobia.

Dato:
Antes de 1997, la homosexualidad se penaba en Ecuador con hasta ocho años de cárcel.

Empresa de agua de Quito enfrenta en Guayaquil ‘demanda’ de contratista

La empresa contratista enfrenta investigaciones por incumplimientos en la ejecución de la obra.

La empresa Technomacro S.A. tiene multas por incumplimiento de obligaciones con la EPMAPS, sanciones que pretende impugnar mediante una acción de protección presentada en un juzgado de Guayaquil.

16,4 millones de dólares es el monto del contrato que suscribieron, el 30 de septiembre de 2019, la compañía Technomacro y la empresa de agua potable de Quito (EPMAPS). El contrato, según la actual Alcaldía, se firmó sin concurso previo, argumentando una «supuesta emergencia».

La obra consistía en la rehabilitación emergente del sistema de bombeo de Papallacta. El plazo venció el 25 de marzo de 2022 con observaciones por parte de los órganos de control que -señala la empresa municipal- han evidenciado incumplimientos de parte de la contratista.

La Contraloría inició un examen especial contra Technomacro, el 9 de febrero de 2022, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra y pagos realizados.

Por su parte, la Fiscalía abrió una indagación previa por el presunto delito de tráfico de influencias en este caso.

Mientras tanto, la empresa de agua de Quito emitió notificaciones de multas por sus incumplimientos.

Y a pesar de que el contrato y la obra tienen relación con la capital, el 13 de mayo de 2022, el juez de la Unidad Judicial Sur Penal de Guayaquil conminó a la EPMAPS que se abstuviera de emitir nuevas notificaciones de multas hasta que se resuelva el tema de la acción de protección solicitada por Technomacro ante ese tribunal.

Technomacro aduce que las multas causarían un grave daño a sus derechos. La audiencia está prevista para el lunes 16 de mayo. (GVL)

La oposición tiene los ojos puestos en la Fiscalía

La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional

La situación en la Asamblea Nacional podría abrir el camino a un juicio político contra la Fiscal Diana Salazar, cuyas investigaciones incomodan al correísmo.

Las alertas de asambleístas como Salvador Quishpe de Pachakutik y Guido Chiriboga de CREO sobre que el correísmo quiere tomarse las instituciones del Estado, a través de la Asamblea Nacional, se hicieron más evidentes con un ataque directo a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Se ha hablado públicamente del interés de la oposición de captar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, por medio de este organismo, la Contraloría. Pero lo ocurrido en la Comisión de Participación de la Asamblea deja ver que el correísmo también tiene a la Fiscalía en la mira.

El primer indicio se dio el  6 de mayo, cuando la asambleísta Mónica Palacios de UNES, escribió en sus redes sociales que insistirá en el juicio político a la Fiscal General, acusándola de intromisión en la función Legislativa. “Le va a costar el puesto”, escribió en Twitter.

Tres días después, Salazar fue llamada a comparecer en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional por la indagación previa en contra de 93 asambleístas que resolvieron conformar la comisión que evaluará la gestión de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. El convocante fue el asambleísta correísta Ronny Aleaga.

La oposición conformada por PSC, UNES, Pachakutik, algunos independientes y disidentes de la ID y de PK quieren, por sobre todas las cosas, su destitución.

En entrevista con LA HORA, Llori dijo que, si ella se va, regresa el correísmo. Para el abogado Pablo Salazar esta idea puede tener algo de cierto.

En su comparecencia, Salazar explicó que es su deber recibir todas las denuncias de todos los ciudadanos y que “al tener constancia de un delito, la consecuencia inevitable es el inicio de una indagación previa”. Esto al señalar por qué se les notificó a 93 legisladores de estar dentro de un proceso de investigación al ser denunciados por Llori por no respetar una medida cautelar que prohibía conformar la comisión multipartidista.

A pesar de esos argumentos, Palacios acusó a la Fiscal de una “injerencia en la Asamblea Nacional”.

‘Buscan impunidad’

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, el objetivo del correísmo es conseguir que se olviden o se borren todos los delitos que pesan contra los exfuncionarios que trabajaron durante los 14 años del correísmo.

Moscoso considera que la Fiscal cumplió con su obligación de iniciar una indagación por una denuncia y que llamarla con tanta prontitud a dar explicaciones es una muestra de que “la oposición se va a agarrar de cualquier cosa para tratar de llegar destituir a Salazar”.

La Fiscal fue protagonista de la investigación de los casos Sobornos 2012-2018, Odebrecht y Singue, que desembocó en la acusación de delitos de corrupción a varios exfuncionarios, incluidos el  expresidente, Rafael Correa, y su vicepresidente, Jorge Glas.

Fue la Fiscal quien pidió prisión para los involucrados. También, en sus redes sociales, expresó su decepción, por la salida de Glas de la cárcel por un habeas corpus emitido por un juez de Manglaralto.

Moscoso advierte que con la destitución de Llori, el correísmo, que lidera la nueva mayoría, lograría controlar la Presidencia del Legislativo y el juicio político que propone la bancada de UNES contra Salazar se lograría fácilmente.

El Cpccs y la Contraloría también son objetivos prioritarios para la oposición, según la abogada y analista política, Gabriela Alvear. “La gente dice que por qué seguimos hablando de correísmo y la situación es simple: el correísmo no se ha ido, solo se ha juntado con otros grupos para seguir en la línea del caudillismo y la corrupción”, insiste la directora de la organización civil Diálogo Diverso. Además, advierte que el correísmo hace uso de “prácticas mafiosas”, para tomarse instituciones como la Fiscalía.

Para Alvear la única solución es que la ciudadanía trabaje unida, desde las organizaciones sociales, para hacerle frente a lo que ella llama un retroceso en la democracia y la libertad de expresión. Considera que este nuevo año de Gobierno, el presidente Guillermo Lasso debe sintonizar con quienes le dieron el voto con la esperanza de desterrar el populismo. (GVL)

Nathalie Arias, asambleísta de Creo

‘Que se cuente con los votos no le da legalidad a ninguna acción política’

Mónica Palacios, asambleísta correista incita a poner un juicio político a la Fiscal General de la Nación.

¿Y el oficialismo?

En diálogo con LA HORA, la asambleísta Nathalie Arias, dijo que cree que el llamado de UNES a comparecer a la Fiscal no es un hecho aislado y aseguró que el trasfondo es el objetivo de “asaltar las instituciones”.

P:  ¿Cuál es la posición del oficialismo en este avance de la nueva mayoría correísta?

R: Nuestro enfoque en este momento es la reactivación económica y la recuperación de la institucionalidad, y no permitir que lo hecho hasta este momento se deshaga.

P: ¿Con qué herramientas?

R: El diálogo. Incluso que presenciando ese tipo de comportamientos que dejan mucho que desear, ha habido ya un primer diálogo convocado por el Ministerio de Gobierno. Pero el consenso no va a pasar por la destitución de la Presidenta Guadalupe Llori.

P: Si no se lograran acuerdos, ¿el oficialismo tiene otra estrategia?

R: Hay estrategias al interior, que prefiero reservarlas. Hay que ir cómo van avanzando las cosas

Presidente peruano gana batalla en caso de plagio

El presidente de Perú, Pedro Castillo

La Universidad César Vallejo señaló en un informe que la tesis de graduación del Mandatario no constituye un plagio, como denunció un canal de televisión.

Redacción LIMA

La comisión investigadora de la Universidad César Vallejo ‘alma mater’ del presidente de Perú, Pedro Castillo, concluyó que la tesis del mandatario y su esposa, Lilia Paredes, es original.

La institución presentó un informe que determina que, tras someter la tesis a un software de análisis, esta es original, rechazando así las acusaciones vertidas en las últimas semanas sobre que el trabajo podría haber sido plagiado.

«Considerando el software que se ha utilizado y se ha aplicado en distintas partes del trabajo y no ha encontrado similitud, la comisión ha concluido que esta tesis mantiene su aporte de originalidad», ha dicho el vicerrector académico de la Universidad, Heraclio Campana Añasco.

La Fiscalía de Perú inició hace una semana una investigación al presidente Castillo por los posibles delitos de plagio, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado por el presunto plagio de su tesis de maestría en educación.

La sospecha se cierne sobre Castillo luego que Panorama, un programa de la cadena Panamericana Televisión, afirmara, basándose en un software especializado, que había copiado el 54% de su tesis en educación. (EFE)

Fiscalía informó que se detuvo a sospechoso en el caso de la muerte de ‘Don Naza’

Miguel Ángel  Nazareno fue visto por última vez en el Ministerio de Defensa.

Hasta el ministerio de Defensa Nacional  llegaron autoridades judiciales para recabar información.

La Fiscalía General del Estado (FGE), anunció este 11 de mayo de 2022  en sus redes sociales, que la Policía detuvo a uno de los sospechosos por la muerte de Miguel Ángel  Nazareno, alias ‘Don Naza’, quien fue hallado muerto el 14 de abril en un  sector de la parroquia Amaguaña (sur oriente de Quito), con el torso desnudo, maniatado y con herida de bala. El hecho sucedió a pocos días de su polémico ingreso a las dependencias del Ministerio de  Defensa.

La Fiscalía estima que en las próximas horas se resolverá la situación jurídica del hoy aprehendido, cuyo nombre se mantiene en reserva.  ‘Don Naza’ era el promotor de la plataforma de captación ilegal de dinero conocida como ‘Big Money’, y  tenía investigaciones abiertas por varios delitos, entre estos, estafa y captación ilegal de dinero.

Casi simultáneamente,  hasta el Ministerio de Defensa Nacional llegaron autoridades judiciales para recabar información. Esto ocurrió después de que el 9 de mayo de 2002, el secretario de esta cartera de Estado,  Luis Lara, informó que fue enviada a las autoridades judiciales de Quevedo la lista con los nombres de 139 militares en servicio activo que fueron clientes de ‘Big Money’.

En esa ocasión, Lara indicó que el envío de información permitiría acelerar las eventuales sanciones administrativas disciplinarias. De los 139 involucrados, 136 son de tropa y tres son oficiales. (SC)

 

 

Fiscal pide que no se utilice a la Justicia en pugnas políticas

La Fiscal General del Estado fue llamada a comparecer por la investigación iniciada a 93 asambleístas.

La máxima autoridad de la Fiscalía compareció la mañana de este 11 de mayo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Se retiró sin responder a los asambleístas por la tensión generada en la sesión

A las 10:00 de este 11 de mayo de 2022 fue convocada la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, a una comparecencia en la Asamblea Nacional. El llamado lo hizo el asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, también presidida por otro correísta, Ferdinand Álvarez.

En dos horas y 13 minutos, Diana Salazar explicó por qué se enviaron notificaciones a 93 asambleístas el viernes 6 de mayo dentro de la fase de investigación previa por haber apoyado el cambio del orden del día de la sesión del Pleno 772, que desembocó en la creación de la comisión evaluadora de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea.

La Fiscal aseguró que es parte de sus competencias atender las denuncias de todos los ciudadanos.

Salazar recalcó que en principio eran 93 involucrados en el proceso, pero luego Guadalupe Llori (la denunciante), envió un alcance en el que solo se hizo la denuncia a 81 asambleístas.

Llamó a trabajar en conjunto todos los poderes del Estado para luchar contra problemas más graves como la delincuencia y la inseguridad dejando a un lado los intereses partidistas.

Luego se caldearon los ánimos entre el oficialismo y la oposición. El presidente de la comisión, al ver esta situación, llamó a la escolta legislativa y le dio permiso a la Fiscal para que se retirara sin responder a los asambleístas. Algunos de ellos se quedaron gritando en la sala. (GVL)

 

Nívea Vélez dice ser inocente y que Fiscalía la acusó ilegalmente

PROCESO. Nívea Vélez, exlegisladora de Loja se refiere a su inocencia.

El proceso actualmente avanza, esperan la resolución por escrito para impugnar. La acusada se defiende.

La exasambleísta por la provincia de Loja, Nívea Vélez, quien recibió la sentencia a un año de cárcel y la reparación integral al Estado ecuatoriano, por el delito de concusión, el pasado jueves 5 de mayo de 2022, ahora se defiende y arremete contra la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual la acusa de algo que no habría cometido, según su testimonio. En estos días esperará la decisión por escrita del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para proceder con la apelación, ya que su inocencia estaría demostrada con testigos y documentación.

Caso

Vélez expresó que todo empezó a finales de 2018, cuando presentó la candidatura a la Alcaldía de Loja. Allí un candidato a concejal la acusó de haber recibido $40.000 por concepto de diezmos. En enero de 2019, Vélez puso la denuncia de calumnias, fue entonces cuando el acusador también lo hizo ante la Fiscalía.

Nívea Vélez denunció que el tema fue político, ya que era enemiga directa de los dos exalcaldes: Jorge Bailón Abad y José Bolívar Castillo. De acuerdo a la pericia de medios, el acusador Vicente Ogoño apareció en la campaña a acusarle, emitiendo 17 entrevistas por Facebook Live, seis entrevistas en medios tradicionales y 2 entrevistas en pleno silencio electoral, pero pasó la campaña y nunca se dignó a hablar del tema, dijo.

Investigación

Vélez indicó que el proceso avanzó desde el 2019. En marzo de 2020 se pidió fecha y hora para formularle cargos, sin que antes le hayan escuchado y sin la existencia de una pericia contable. En octubre de ese mismo año le dieron medidas cautelares como prohibición de salida del país, prohibición de enajenar sus bienes y presentación periódica en la Corte. Ahora que se le dictó la sentencia oral, manifestó que Vicente Ogoño (denunciante), fue adherente, fundador, promotor del movimiento y asesor de la asambleísta y fue él quien abrió una cuenta conjunta para recibir fondos de los adherentes, simpatizantes y afiliados al movimiento Convocatoria, pero también recibió fondos personales transferidos a través de su cuenta personal.

Para Vélez, nunca hubo concusión. Ogoño laboró 16 meses como asesor, pero nunca le pidió un solo centavo de su sueldo, dice la exasambleísta. Ahora, luego de un pedido constante para que se investigue al acusador, ya existe el visto bueno de las autoridades mediante sentencia para que sea investigado. Con esta resolución ahora aparece Mercedes T., quien laboró de 2009 al 2012 y habría señalado que también depositó dinero, pero esto es desmentido por Vélez, ya que cuenta con la Metapericia contable y nunca aparecen tales depósitos. Su inocencia la llevará hasta las últimas instancias, contó a diario LA HORA.

 

EL DATO

Nívea Vélez dice que esperará la resolución por escrita para proceder a impugnar, “porque nunca hubo concusión”.

TOME NOTA

La Fiscalía acusa a Vélez y el Tribunal de la Corte Nacional la condenó a un año de prisión.